Unidad de Acción de los Secretarios Judiciales

El registro se hará a presencia del interesado, o de la persona que legítimamente le represente.

Si aquél no fuere habido o no quisiere concurrir ni nombrar representante, se practicará a presencia de un individuo de su familia, mayor de edad.

Si no le hubiere, se hará a presencia de dos testigos, vecinos del mismo pueblo.

El registro se practicará siempre en presencia del Secretario del Juzgado o Tribunal que lo hubiera autorizado, o del Secretario del servicio de guardia que le sustituya, quien levantará acta del resultado, de la diligencia y de sus incidencias y que será firmada por todos los asistentes. No obstante, en caso de necesidad, el Secretario Judicial podrá ser sustituido en la forma prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La resistencia del interesado, de su representante, de los individuos de la familia y de los testigos a presenciar el registro, producirá la responsabilidad declarada en el Código PenalVéase la Ley Orgánca 10/1995, de 23 de noviembre. a los reos del delito de desobediencia grave a la Autoridad, sin perjuicio de que la diligencia se practique.

Si no se encontrasen las personas u objetos que se busquen ni apareciesen indicios sospechosos, se expedirá una certificación del acta a la parte interesada si la reclamare.

Sobre entrada y registro, dos sentencias plantean consideraciones dignas de mención. Una, sobre las consecuencias de la inobservancia del art.569 LECr, que se refiere a quienes deben presenciar el registro, y la otra, sobre las exigencias de la motivación de los autos habilitantes de dicha diligencia.

En cuanto a la primera, "La omisión de la presencia de los testigos que sustituyen la presencia del interesado convierte a la diligencia en un acto procesal irregular, por su realización sin observancia de la disciplina de garantía que previene la Ley Procesal. No es una actuación con vulneración de derechos fundamentales, pues la inviolabilidad del domicilio aparece correctamente enervada mediante la autorización judicial, pero en su realización se ha omitido las prevenciones legales previstas para afirmar la corrección de la diligencia, lo que la convierte en irregular y, por lo tanto, ineficaz para la acreditación del hecho que pudiera resultar de la injerencia.

En el presente supuesto, la inobservancia del art. 569 de la Ley Procesal Penal en la realización supone que la entrada y registro no pueda ser valorada en los términos que resultan de la documentación de la diligencia, sin que tampoco su contenido pueda ser acreditado por el testimonio de los policías que realizaron la diligencia delegados por la Juez que autorizó la entrada y registro, pues, como se dijo, la razón de su presencia no se fundamenta en la protección de la intimidad afectada por la injerencia judicialmente acordada.»

El motivo no puede estimarse porque si bien es cierta la infracción procesal que se denuncia de ella no se deriva en este caso concreto las consecuencias que el recurrente aduce:

1. En efecto el artículo 569 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal exige que el registro se haga a presencia del interesado o de la persona que legítimamente le represente. Y para el caso de que aquél no fuera habido o no quisiere concurrir ni nombrar representante, se practicará a presencia de un individuo de su familia mayor de edad y si no lo hubiere a presencia de dos testigos vecinos del mismo pueblo.

En este caso el acto de la diligencia del registro levantada por la Secretaria Judicial especifica que no se encuentra nadie en la vivienda a la que se accede con una llave facilitada por una vecina, y relaciona a los funcionarios policiales que intervienen. No hay en cambio presencia de las personas a que se refiere el artículo 569 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Cierto es que la figuración de un nombre supuesto en el alquiler de la vivienda registrada, y el desconocimiento de la verdadera identidad del morador justifica la ausencia de éste como interesado y la de un posible representante o de un familiar. Pero no justifica que se prescindiera, en defecto de tales personas, de la presencia de los dos testigos vecinos del mismo pueblo.

De contrario no puede argüirse, como hace el Ministerio Fiscal, en su escrito de oposición al motivo, la innecesariedad adicional de testigos según el artículo 281.2º de la Ley Orgánica del Poder Judicial cuando interviene el Secretario Judicial dando fe pública de la diligencia, porque esa doctrina, recogida entre otras en las Sentencias de 19 de octubre de 1990 y 22 de marzo de 1995, no es de aplicación a este supuesto. La suficiencia de la presencia del Secretario Judicial debe entenderse con relación a los dos testigos adicionales a los que se refería la redacción originaria del párrafo cuarto del artículo 569 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Estos testigos que habían de estar con el Secretario, son distintos de aquellos otros dos a que se refiere el párrafo tercero.

La modificación de 30 de abril de 1982 prescindió de aquéllos, es decir de los testigos adicionales ya innecesarios a la vista de lo dispuesto en el artículo 281.2 de la Ley orgánica del Poder Judicial, y artículo 6.1 d) del Reglamento Orgánico de Secretarios Judiciales. No se ha prescindido de los otros dos, esto es de los que suplen al interesado o a su representante o familiar. Estos siguen siendo necesarios en el ámbito de los derechos e intereses del interesado, distinto del de la adveración del resultado en que se encontraban los adicionales suprimidos por la reforma de 1992.

Por consiguiente debe admitirse la irregularidad del registro practicado que el recurrente invoca.

2. Pero no la asiste la razón al recurrente en cuanto a las consecuencias que de tal irregularidad resultan. Se trata de una infracción de legislación ordinaria (vid. SS. 12 de marzo de 1996 y las que en ella se citan) que agota sus efectos a la propia diligencia como tal haciéndola invalida y carente de efecto probatorio alguno. Ello no es resultado de ninguna vulneración de alcance constitucional, y por ello no se extiende su ineficacia, con los efectos reflejos del artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a otras pruebas derivadas pero distintas. Como dijera ya la Sentencia de 1 de junio de 1993 esa infracción determina que la diligencia practicada en el trámite de instrucción lo fuera sin los requisitos legales exigidos al respecto, y ello hace que no pueda surtir los efectos que, en otro caso, le habrían correspondido como prueba preconstituida apta para destruir la presunción de inocencia. Sin embargo es constitucionalmente lícita si existió la autorización judicial prevista en el artículo 18.2 de la Constitución Española expedida de modo válido en respuesta a la correspondiente solicitud de la Policía, cuya validez no queda afectada por las incorrecciones procesales que en un momento posterior se produzcan al llevarse a efecto lo que el Juzgado haya legítimamente ordenado. Se trata pues de una diligencia procesal nula, pero su nulidad queda constreñida a ella misma sin que, al ser constitucionalmente lícita, pueda afectar la validez de otros actos procesales practicados en otro momento con observancia de las propias normas aplicables.

3. En el caso actual prescindiendo del valor probatorio de esta diligencia la Sala contó: con la propia declaración del acusado respecto a la pertenencia de los documentos falsificados; el examen directo por la Sala de éstos en los que pudo apreciar la fotografía del acusado adherida en cartas de identidad y permisos de conducir franceses con nombres distintos; y el dictamen pericial sobre la falsedad de tales documentos. Con relación a la droga debe significarse que en la diligencia de entrada y registro realizada válidamente en otro domicilio del recurrente -el de Marbella- se encontraron 122 pastillas de éxtasis, pertenecientes al acusado. Por lo que prescindiendo de los 500 gramos de haschís encontrados en el irregular registro de Fuengirola, no puede decirse que la condena por delito contra la salud pública se sustente en prueba sin validez jurídica, al tenerla plenamente la del registro de Marbella en que se aprehendió el éxtasis.

Por lo expuesto el motivo primero se desestima.

la asistencia del Juez o del Secretario Judicial le garantizan suficientemente su derecho de defensa.

pues su función en la diligencia no es la acreditación del registro, sino preservar la intimidad y que se ampara de esta forma frente a una investigación judicialmente acordada que no debe vulnerar el derecho a la intimidad del morador de la vivienda.

La asistencia letrada es, en ocasiones un derecho del imputado y en otra un requisito procesal por cuyo cumplimiento debe velar el órgano judicial. En el caso de la diligencia de entrada y registro las formalidades se conforman con la presencia del interesado o de la persona que le represente, ya que la asistencia del Juez o del Secretario Judicial le garantizan suficientemente su derecho de defensa.

Por tanto, no hay que olvidar que el artículo 569 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal tan sólo exige la asistencia a ese acto tanto del fedatario judicial, a saber, el secretario judicial, como del interesado, o bien persona que éste designe o, en su defecto, la presencia de un individuo de su familia mayor de edad, y si no lo hubiere, la presencia de dos testigos, vecinos del mismo pueblo, sin que resulte exigencia legal la presencia del letrado defensor, sin perjuicio de que, como indica la STS 18 de julio de 2005, su asistencia reforzaría plenamente las garantías de su práctica y, en consecuencia, el valor de los hallazgos allí producidos, respecto de efectos que suponen un material probatorio de evidente sentido incriminatorio para su cliente.

TERCERO.- El motivo tercero se ampara en el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, a un proceso público con todas las garantías y el de proscripción de la indefensión.

1.- En este punto, la parte recurrente centra su ataque a la sentencia en el hecho procesal de que en los registros practicados en una nave y en un hotel, el acusado no estuvo asistido por un letrado, en clara infracción de lo preceptuado en el artículo 333.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El mencionado artículo dispone que cuando el delito haya dejado vestigios o pruebas materiales de su perpetración, la persona a la que se impute su comisión tiene la posibilidad de presenciar las diligencias que a tal fin se practiquen, ya sola, ya asistida de defensor que eligiere o que le fuere nombrado de oficio si así lo solicitare. Tanto el acusado presente como su letrado podrán hacer en el acto todas las observaciones que estimen pertinentes. A este punto limita la alegación de vulneración de la tutela judicial efectiva y de proscripción de la indefensión.

2.- La diligencia de entrada y registro tiene su específica regulación en los artículos 545 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de manera más precisa en el artículo 569 del mismo texto legal en el que solamente se exige la presencia del interesado o de la persona que legítimamente le represente. En principio no existe obstáculo alguno para que el letrado designado por el propio acusado o que se le haya asignado de oficio pueda representar al interesado en el caso de que éste no quiera o no pueda asistir a la diligencia de entrada y registro y delegue expresamente en el mismo para presencias la diligencia. Sin embargo no es necesaria la presencia conjunta de ambos ya que es suficiente con la comparecencia en el domicilio de la persona afectada por el registro.

En el caso presente el acusado no delegó en su letrado la representación expresa para comparecer en la diligencia de entrada y registro, sino que acudió personalmente y presenció cómo se llevaba a efecto, garantizando de este modo, que no se iban a producir alteraciones o manifestaciones que la provocasen indefensión. La presencia del Secretario Judicial, del Fiscal antidroga, e incluso del titular del juzgado, en uno de los dos registros practicados, cubre con suficiencia las garantías y las formalidades legales.

La asistencia letrada es, en ocasiones un derecho del imputado y en otra un requisito procesal por cuyo cumplimiento debe velar el órgano judicial. En el caso de la diligencia de entrada y registro las formalidades se conforman con la presencia del interesado o de la persona que le represente, ya que la asistencia del Juez o del Secretario Judicial le garantizan suficientemente su derecho de defensa.

Por lo expuesto el motivo debe ser desestimado.

Carlos Valiña escribió:- Si la fuerza actuante se produjera con violencia sobre personas que no estuvieran mostrando resistencia (es muy raro) con suavidad y sin que se note cortar el tema, hablando con el responsable policial.

- El que decide alli que se hace y que no, por ley es el Policia en cuanto organo delegado del juez, pero si el Secretario tiene ascendiente, conoce a la fuerza y demas, la policia no tiene inconveniente en descansar un poco esa responsabilidad en el Secretario.

- Consentir que el registro se haga simultaneamente en varias habitaciones mientras tu vas de una a otra, para agilizar tiene sus riesgos, yo lo hacia asi, pero no te lo recomiendo si eres nueva y sustituta, mejor que vayan habitacion por habitacion.

- Andar con veinte ojos, partiendo de que la ley te pone alli para dar fe de lo que pasa, no para controlar a la policia. La policia son funcionarios como tu y de un merito tremendo metiendo las manos en los cubos de basura y en los lugares mas impensables.