por Invitado » Mié 22 Jun 2016 10:08 am
Es que es lo que hay.
Sólo hay que ver las noticias jurídicas más actuales para ver como en media Europa se condena a gente por delitos de terrorismo a elevadas penas, en rebeldía, a los que no se les notificó "personalmente" la fecha de la celebración del juicio.
Sin embargo, en este ridículo país la estupidez del legislador y más aún la de los miembros del Constitucional, decide que una ridícula condena en un juicio de faltas tenga que ser notificada personalmente, obligando al Estado a gastar cientos de euros en relación a asuntos que carecen de trascendencia real y en los que si al final se acaba ejecutando la pena ésta será tan exigua que ni servirá desde el punto de vista de los fines de prevención general y especial de la pena, ni servirá para que el país recupere los miles de euros invertidos.
En este caso, el compañero, profesional y loablemente, ha intentado por dos veces hacer bien las cosas. Pero llegados a este punto, es más que probable que los limitadísimos recursos de los que disponemos deban ser mejor invertidos en asuntos graves de verdad. Bien seguro que los contribuyentes se lo agradecerán, a la espera de que algún legislador decida copiar algo de nuestros vecinos europeos y solamente actuar de oficio respecto a aquellas conductas que de verdad lo merezcan. Y que decidan que deba ser sobre el acusado/penado, donde recaiga la responsabilidad de conocer el resultado de un juicio, y no del Estado de tener que andar buscándole.
Y es que cada vez que veía en un juicio de faltas el dinero que el Estado tiraba a la basura para que quedara resarcido el honor de una persona a la que el vecino le había llamado hijo de puta -saliéndole gratis a éste la persecución de tan magna afrenta- me ponía enfermo. Por poner un sólo ejemplo.
Es que es lo que hay.
Sólo hay que ver las noticias jurídicas más actuales para ver como en media Europa se condena a gente por delitos de terrorismo a elevadas penas, en rebeldía, a los que no se les notificó "personalmente" la fecha de la celebración del juicio.
Sin embargo, en este ridículo país la estupidez del legislador y más aún la de los miembros del Constitucional, decide que una ridícula condena en un juicio de faltas tenga que ser notificada personalmente, obligando al Estado a gastar cientos de euros en relación a asuntos que carecen de trascendencia real y en los que si al final se acaba ejecutando la pena ésta será tan exigua que ni servirá desde el punto de vista de los fines de prevención general y especial de la pena, ni servirá para que el país recupere los miles de euros invertidos.
En este caso, el compañero, profesional y loablemente, ha intentado por dos veces hacer bien las cosas. Pero llegados a este punto, es más que probable que los limitadísimos recursos de los que disponemos deban ser mejor invertidos en asuntos graves de verdad. Bien seguro que los contribuyentes se lo agradecerán, a la espera de que algún legislador decida copiar algo de nuestros vecinos europeos y solamente actuar de oficio respecto a aquellas conductas que de verdad lo merezcan. Y que decidan que deba ser sobre el acusado/penado, donde recaiga la responsabilidad de conocer el resultado de un juicio, y no del Estado de tener que andar buscándole.
Y es que cada vez que veía en un juicio de faltas el dinero que el Estado tiraba a la basura para que quedara resarcido el honor de una persona a la que el vecino le había llamado hijo de puta -saliéndole gratis a éste la persecución de tan magna afrenta- me ponía enfermo. Por poner un sólo ejemplo.