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Artículo 155.
El procedimiento para hacer efectiva la acción hipotecaria nacida de los títulos, tanto nominativos como al portador, será el establecido en los artículos 129 y siguientes de esta Ley, cualquiera que fuere el importe de la cantidad reclamada. Con los títulos u obligaciones deberá acompañarse un certificado de inscripción de la hipoteca en el Registro de la Propiedad, y el requerimiento de pago al deudor o al tercer poseedor de la finca, si lo hubiere, habrá de hacerse en el domicilio de los mismos, aunque no residan en el lugar del juicio, o subsidiariamente a las personas que expresa el artículo 131 de esta Ley.
En el caso de existir otros títulos con igual derecho que los que sean base de la ejecución, habrá de verificarse la subasta y la venta de las fincas objeto del procedimiento, dejando subsistentes las hipotecas correspondientes al valor total de dichos títulos, y entendiéndose que el rematante las acepta y se subroga en ellas, sin destinarse a su pago o extinción el precio del remate, en armonía con lo dispuesto en los artículos 131 y 135 de esta Ley, y quedando derogado lo que sobre este particular se establece en el artículo 1517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Lo dispuesto en el presente artículo no es aplicable a las obligaciones emitidas por las Compañías de Ferrocarriles y demás Obras Públicas y por las de crédito territorial, las cuales continuarán rigiéndose por las disposiciones del Código de Comercio y demás referentes a las mismas.
Saludos.Otra cuestión no menos problemática es la que se relaciona con la unidad o pluralidad de los créditos, es decir, si la hipoteca garantiza a la totalidad de los efectos emitidos entendiéndose todos ellos sindicados en la ejecución hipotecaria o si la hipoteca única garantiza cada título emitido por lo que un único tenedor puede provocar la ejecución cuando para su titular proceda.
De nuevo la solución española es plural, de una parte la ley de sociedades anónimas (artículo. 305) y por extensión la de responsabilidad limitada imponen la sindicación de los obligacionistas y los efectos de la ejecución se extienden, obviamente, a la minoría e incluso a los titulares o tenedores de obligaciones que no hayan concurrido; de otra, para todos los demás supuestos, se entiende que cada tenedor es titular de una situación singular e individualizada. si bien, por extensión de las reglas propias de la comunidad, puede gestionar la defensa de los intereses comunes (en este sentido se pronuncia la Resolución de 5 noviembre 1990).
En este punto parece conveniente mantener la posibilidad del doble criterio, ya que el segundo tiene que entenderse como criterio mínimo en su ausencia de norma específica para un tipo de emisión y clase de título-valor o en defecto de pacto específico en la escritura de constitución de la hipoteca o del negocio mixto de emisión-constitución.
La indeterminación posible de los distintos titulares o tenedores de títulos-valores parece invita a la solución de la sindicación preconizada por las tesis comercialistas, que se han convertido en norma particular; pero lo que es cierto para la financiación en masa resulta desproporcionada para financiaciones más modestas en las que los intereses protegidos de los singulares acreedores parciarios no tienen porque traducirse en el interés propio del inversionista de capital que es el que se contempla en la financiación de las grandes corporaciones.
Interrelacionada con las cuestiones anteriores y con el dogma de la unidad e indivisibilidad de la hipoteca se planea el de si la ejecución hipotecaria ejercitada por uno de los acreedores presupone la extinción de la misma y el vencimiento de todos los créditos garantizados.
Esta es la solución que imponía el artículo 1517 de la ley de Enjuiciamiento civil, siguiendo la posición de una buena parte de la doctrina formada en el pensamiento de la Escuela de la Exégesis, previendo que el importe de la venta de la finca se tenía que prorratear entre los títulos emitidos.
Ahora bien, no era este el criterio del artículo 155 de la ley hipotecaria que con mejor criterio lógico, no así procesal, dependiza a cada tenedor de títulos-valores, de forma y manera que el adquirente de la finca deviene en deudor hipotecario por los títulos no ejecutados; lo que desde la perspectiva procesal equivale, como afirma Canals (Hipoteca en garantía de títulos al portador; Madrid 1993, Jornadas sobre tipos especiales de garantía hipotecaria, Colegio de Registradores de la Propiedad), a que el tenedor de cada título puede, en teoría, provocar una ejecución hipotecaria individual, sin que se haya previsto ni tan siquiera la acumulación de ejecuciones. Parece claro que este requisito mínimo se debía haber subsanado ya.
Ambas posiciones en el terreno legal han quedado reducidas a la última, puesto que la reforma procesal de 30 abril 1992 ha dejado sin contenido al artículo 1517 de la ley de Enjuiciamiento, pero ninguna de las dos era operativa y consecuente con el fenómeno que nos ocupa. De una parte, la posición sustentada por el ya histórico artículo 1517, además de resolver correctamente el problema procesal, era enteramente coherente pare el supuesto de una única emisión de títulos de igual clase y vencimiento simultáneo y único; de otra, el artículo 155 de la ley hipotecaria resuelve el de una emisión de títulos de vencimiento sucesivo o de distinta clase.
La viabilidad de la solución normativa pasa por la superposición de ambos criterios; es decir, el de ejecución única con efectos para todos los títulos que sean homogéneos en el tipo, clase y vencimiento y el de independencia de ejecución y subsistencia de la garantía hipotecaria con subrogación en la posición de deudor del adquirente de la finca hipotecada en los supuesto de vencimiento sucesivo, de emisiones de distintos tipos y clases de títulos en las situaciones mixtas de unos y otros.
Gracias por los aportes.