En el Pais Semanal de hoypublican un artículo sobre la situación de la justicia.
En un momento dado dice el periodista: " Sin embargo, la puesta en escena es sencilla: la juez, en su mesa; la fiscal, en una silla, en un lateral, y la funcionaria que toma nota, junto a ella. Al otro lado de la mesa, el imputado y su abogado"
Opción a) (bastante probable) no está el secretario/a en la declaración.
Opción b) Sí lo está, pero la FUNCION que desempeña es tan crucial e importante, que pasa totalmente desapercibida para un periodista que está interesado en saber cómo funciona un juzgado y cuales son los problemas que tiene.
¿De verdad créeis que aferrarse a la presencia en sala es lo que va a dar contenido a nuestro Cuerpo?
¿Dónde está la fe pública?
Moderadores: Terminatrix, Top Secre
enlace con el articulo del País
Como parece que que el enlace no fucniona, si alguien tiene interés en leer el artículo lo puede hacer tecleando a mano dicha URL:
http://www.elpais.com/articulo/portada/ ... spor_6/Tes
http://www.elpais.com/articulo/portada/ ... spor_6/Tes
Re: enlace con el articulo del País
Gracias por el enlace, invitado.Anonymous escribió:Como parece que que el enlace no fucniona, si alguien tiene interés en leer el artículo lo puede hacer tecleando a mano dicha URL:
http://www.elpais.com/articulo/portada/ ... spor_6/Tes
El artículo contiene muchas más “perlas”, además de la que has expuesto… Aquí las reproduzco:
Está claro, somos los únicos que pensamos que hacemos algo en el juzgado y la única forma en que esto puede cambiar es olvidarnos de intentar darle importancia a funciones como la fe pública, la dación de cuenta, la documentación de las actuaciones para pasar a ser verdaderos directores técnico procesales, dejando atrás el nombre de “secretario judicial”.María Mariscal de Gante es la secretaria judicial del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional. Parece encantada de que El País Semanal haga una aproximación al trabajo de los jueces y de los juzgados, y busca con presteza los datos que le pide el magistrado Fernando Grande-Marlaska. Ella es la autoridad más importante de este juzgado después de Grande-Marlaska.
Celosos de su poder, los jueces rechazan la propuesta ministerial de que el secretario judicial fije las vistas, como si el cirujano, argumentan en el ministerio, fuera menos importante por dejar en manos de un gestor la fijación de una operación en la que deben coincidir varios profesionales. Con el sistema actual se suspenden cada año decenas de miles de actos judiciales.
Dos días antes de la huelga de los jueces, el Ministerio de Justicia presentó el registro de medidas cautelares, sentencias no firmes y requisitorias que terminará definitivamente con esta tremenda laguna en la jurisdicción penal. Pero dos semanas después, Grande-Marlaska aún no dispone del nuevo registro, y en los juzgados de primera instancia, de momento, ha multiplicado el trabajo: los funcionarios están metiendo los datos.
Supongo que muchos compañeros redactarán alguna “carta al director”, estaría genial que la redacción del periódico recibiera una contestación masiva por nuestra parte.
Saludos de domingo.
Artículo de El País
Yo he leído esta mañana el artículo y estoy indignada totalmente. Nos nombran 2 veces a lo largo de 7 páginas a todo color y solo para decir que el secretario acompaña a una juez a la cárcel , y al hilo del conflicto por los señalamientos . Se habla del tema de los registros, pero no de quienes son responsables.
Ya no nos vuelven a mencionar, nos ignoran nuestros "compañeros" no asi a los funcionarios , abogados y fiscales. Hasta una juez dice que ella se encarga de revisar los asuntos de una funcionaria que está de baja para no cargar al resto de funcionarios , ¡increible!.
Se supone que el articulo es para criticar a los jueces, pero lo que se deduce es que son el alma del juzgado , que sin ellos el juzgado no es nada, que son muy trabajadores.
¿Alguien sigue pensando que no nos tenemos que movilizar? somos invisibles y prescindibles , para todos.
En cuanto a cartas al Director, yo he escrito ya van por 4 reivindicando nuestra figura, me han publicado una, me gustaría que mis compañeros se uniesen y organizásemos alguna estrategia para que nos hagan una entrevista en la que ni una sola vez nombremos a nuestros amiguitos .
Ya no nos vuelven a mencionar, nos ignoran nuestros "compañeros" no asi a los funcionarios , abogados y fiscales. Hasta una juez dice que ella se encarga de revisar los asuntos de una funcionaria que está de baja para no cargar al resto de funcionarios , ¡increible!.
Se supone que el articulo es para criticar a los jueces, pero lo que se deduce es que son el alma del juzgado , que sin ellos el juzgado no es nada, que son muy trabajadores.
¿Alguien sigue pensando que no nos tenemos que movilizar? somos invisibles y prescindibles , para todos.
En cuanto a cartas al Director, yo he escrito ya van por 4 reivindicando nuestra figura, me han publicado una, me gustaría que mis compañeros se uniesen y organizásemos alguna estrategia para que nos hagan una entrevista en la que ni una sola vez nombremos a nuestros amiguitos .
respuesta
Esto se merece una respuesta contundente de una vez....pero no a título individual, sino una nota de prensa conjunta de las asociaciones explicando de una vez quienes somos, cual es nuestra función, lo que pensamos del abandono en que se nos tiene sumidos y cuales son nuestras reivindicaciones YA ESTA BIENNNNN
Articulo en EL MUNDO
Én EL MUNDO de hoy aparece un art
iculo de Javier Parra Secretario de Gobierno del TSJ de la Región de Murcia titulado "Oficina judicial año cero"
iculo de Javier Parra Secretario de Gobierno del TSJ de la Región de Murcia titulado "Oficina judicial año cero"
Recientemente un colectivo de catedráticos, profesores universitarios y asociados de distintos de departamentos de Derecho Procesal de España han hecho un pronunciamiento «por la unidad y la independencia en la administración de la justicia y por las garantías procesales de los ciudadanos». Con el manifiesto pretenden trasladar a la sociedad su incuestionable magisterio en un tema de gran sensibilidad política y social como es el «Proyecto de Ley de Reforma de la Legislación procesal para la implantación de la Nueva Oficina Judicial», actualmente en tramitación parlamentaria y que representa el mayor proyecto de reforma procesal y de organización judicial acometido hasta la fecha en España.
En la medida que este pronunciamiento pone en tela de juicio tanto la constitucionalidad como la viabilidad de la reforma, muchos secretarios judiciales de España, como es mi caso, conscientes del liderazgo leal y responsable que nos corresponde, creemos del todo conveniente trasladar a la sociedad jurídica y opinión pública en general determinados razonamientos con los que espero enriquecer el debate.
Interesa destacar que el proyecto de Ley que se cuestiona tiene su origen en el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia que se firmó en 2001 entre los principales partidos políticos y que dio lugar una profunda modificación de Ley Orgánica del Poder Judicial en 2003. Esta reforma sentó los raíles procesales y organizativos por donde deberá transitar el tren del cambio que ahora, después de cinco años, deberá ver luz. Llama, pues, poderosamente la atención la aparición de este inopinado pronunciamiento universitario, tras este dilatado proceso de gestación de la reforma, aún más cuando ya en 2003 la separación entre lo jurisdiccional y procesal que ahora se discute fue precisamente establecida por una ley de rango orgánico. Nada se había dicho desde entonces.
A nuestro entender, el debate no es sino revelador de la enorme dificultad que para una parte de la sociedad universitaria española comporta la asunción de una reclamada transición funcional que el proyecto materializa: la del secretario judicial primordialmente fedatario hacia un nuevo secretario judicial calificador en Derecho (calificador jurídico procesal, más acorde con su preparación).En efecto, el secretario judicial, integrante de un Cuerpo Jurídico Superior del Estado, además de ejercer en el marco de la actual sociedad de la información su tradicional competencia en materia de fe pública, pasará ahora también a desempeñar a través de la calificación, impulso y decisión una decisiva labor con la que se espera acompañar y facilitar el alto ejercicio jurisdiccional que -de modo exclusivo- corresponde a jueces y magistrados.
Los cambios no son fáciles y requieren de un adecuado proceso de gestión de las reformas. Sabemos que será preciso constatar reiteradamente que, con la nueva fórmula, el secretario judicial no invade en modo algo la esfera central en la que despliega el ejercicio jurisdiccional, como tampoco lo hace el Ministerio Fiscal, (cuerpo igualmente jerarquizado), cuando realiza escritos de calificación que limitan o impiden determinadas actuaciones por parte del Juez.
Se alude en el pronunciamiento universitario la ausencia de sistemas similares al proyectado en el Derecho Comparado, olvidando quizás que el mismo Derecho Comunitario Europeo permite que -en determinados procedimientos- el examen y admisión de la demanda pueda hacerse dentro del órgano jurisdiccional por otra autoridad o servicio judicial, distinto del Juez, (Reglamento (CE) 1986/2006 de 12 de diciembre de 2006).
Superados los pasados intentos de modernización de nuestro sistema, anhelamos que el año 2009 sea el año cero del proyecto de Oficina Judicial, año en el que deberán culminarse las bases operativas y reglamentarias que deben acompañar a la reforma que se iniciara legalmente en 2003. Es por ello que nos congratulamos por la marcha parlamentaria del paquete de reformas procesales que deberá ver el alumbramiento a mediados de este año, y reiteramos la plena actualidad y vigencia de la solución que la Ley Orgánica 19/2003 aportó al proceso de racionalización del servicio público de Justicia a través de la potenciación de la figura del secretario judicial en la dirección del proceso y de las oficinas Judiciales.Entendemos que la solución española cuenta con pleno amparo constitucional y, además, viene avalada por las recomendaciones del Consejo de Europa que promueven la eficiencia del sistema judicial.
Puede que nos equivoquemos y quizás adolezcamos de un ingenuo optimismo quienes apostamos por modificar un modelo trasnochado.O puede que se equivoquen quienes vaticinan con este proyecto males y caos en un modelo difícilmente superable en ineficiencia e irracionalidad. La Justicia es cosa de todos, y todos los operadores jurídicos y judiciales debemos dar respuesta a las reiteradas llamadas de reforma. La sociedad nos pide cambio y debemos hacerlo con creatividad, innovación y alturas de miras.
Javier Parra García es secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.
Me gusta tanto que lo copio aquí. Esta es la actitud que necesitamos.
En la medida que este pronunciamiento pone en tela de juicio tanto la constitucionalidad como la viabilidad de la reforma, muchos secretarios judiciales de España, como es mi caso, conscientes del liderazgo leal y responsable que nos corresponde, creemos del todo conveniente trasladar a la sociedad jurídica y opinión pública en general determinados razonamientos con los que espero enriquecer el debate.
Interesa destacar que el proyecto de Ley que se cuestiona tiene su origen en el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia que se firmó en 2001 entre los principales partidos políticos y que dio lugar una profunda modificación de Ley Orgánica del Poder Judicial en 2003. Esta reforma sentó los raíles procesales y organizativos por donde deberá transitar el tren del cambio que ahora, después de cinco años, deberá ver luz. Llama, pues, poderosamente la atención la aparición de este inopinado pronunciamiento universitario, tras este dilatado proceso de gestación de la reforma, aún más cuando ya en 2003 la separación entre lo jurisdiccional y procesal que ahora se discute fue precisamente establecida por una ley de rango orgánico. Nada se había dicho desde entonces.
A nuestro entender, el debate no es sino revelador de la enorme dificultad que para una parte de la sociedad universitaria española comporta la asunción de una reclamada transición funcional que el proyecto materializa: la del secretario judicial primordialmente fedatario hacia un nuevo secretario judicial calificador en Derecho (calificador jurídico procesal, más acorde con su preparación).En efecto, el secretario judicial, integrante de un Cuerpo Jurídico Superior del Estado, además de ejercer en el marco de la actual sociedad de la información su tradicional competencia en materia de fe pública, pasará ahora también a desempeñar a través de la calificación, impulso y decisión una decisiva labor con la que se espera acompañar y facilitar el alto ejercicio jurisdiccional que -de modo exclusivo- corresponde a jueces y magistrados.
Los cambios no son fáciles y requieren de un adecuado proceso de gestión de las reformas. Sabemos que será preciso constatar reiteradamente que, con la nueva fórmula, el secretario judicial no invade en modo algo la esfera central en la que despliega el ejercicio jurisdiccional, como tampoco lo hace el Ministerio Fiscal, (cuerpo igualmente jerarquizado), cuando realiza escritos de calificación que limitan o impiden determinadas actuaciones por parte del Juez.
Se alude en el pronunciamiento universitario la ausencia de sistemas similares al proyectado en el Derecho Comparado, olvidando quizás que el mismo Derecho Comunitario Europeo permite que -en determinados procedimientos- el examen y admisión de la demanda pueda hacerse dentro del órgano jurisdiccional por otra autoridad o servicio judicial, distinto del Juez, (Reglamento (CE) 1986/2006 de 12 de diciembre de 2006).
Superados los pasados intentos de modernización de nuestro sistema, anhelamos que el año 2009 sea el año cero del proyecto de Oficina Judicial, año en el que deberán culminarse las bases operativas y reglamentarias que deben acompañar a la reforma que se iniciara legalmente en 2003. Es por ello que nos congratulamos por la marcha parlamentaria del paquete de reformas procesales que deberá ver el alumbramiento a mediados de este año, y reiteramos la plena actualidad y vigencia de la solución que la Ley Orgánica 19/2003 aportó al proceso de racionalización del servicio público de Justicia a través de la potenciación de la figura del secretario judicial en la dirección del proceso y de las oficinas Judiciales.Entendemos que la solución española cuenta con pleno amparo constitucional y, además, viene avalada por las recomendaciones del Consejo de Europa que promueven la eficiencia del sistema judicial.
Puede que nos equivoquemos y quizás adolezcamos de un ingenuo optimismo quienes apostamos por modificar un modelo trasnochado.O puede que se equivoquen quienes vaticinan con este proyecto males y caos en un modelo difícilmente superable en ineficiencia e irracionalidad. La Justicia es cosa de todos, y todos los operadores jurídicos y judiciales debemos dar respuesta a las reiteradas llamadas de reforma. La sociedad nos pide cambio y debemos hacerlo con creatividad, innovación y alturas de miras.
Javier Parra García es secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.
Me gusta tanto que lo copio aquí. Esta es la actitud que necesitamos.