Habiendo tenido conocimiento del procedimiento, los ejecutados se personaron en autos y plantearon incidente de nulidad de actuaciones.
La doctrina de este Tribunal, en ocasiones precedentes, en los supuestos en que la ejecución conlleva el embargo y adjudicación a un tercero de buena fe de ciertos bienes inmuebles o el desalojo de viviendas o locales de negocio y, en general, la transmisión del dominio sobre aquéllos, con la consiguiente consolidación de una posición jurídicamente inatacable o de muy difícil y costoso restablecimiento, ha admitido la viabilidad de “suspender la ejecución de aquellas resoluciones judiciales que impliquen la continuación de la vía de apremio con la consiguiente subasta judicial en ciertos supuestos excepcionales, cuando conlleven la desposesión de bienes embargados y su adquisición por un tercero puede producir situaciones irreversibles o de muy difícil vuelta a la situación anterior” (así, por todos, en AATC 220/2008, de 14 de julio, FJ 2; 64/2009, de 23 de febrero, FJ 2, entre otros).
3. Los demandantes de amparo refieren la indefensión que han sufrido a no haberles sido comunicada la existencia del proceso de ejecución hipotecaria, el cual está pendiente de señalamiento de subasta sobre la vivienda de su propiedad y en la demanda de amparo se solicita la anulación del Auto de fecha 9 de octubre de 2012 que desestimó el incidente de nulidad de actuaciones que plantearon los demandantes, así como la de todos los actos procesales desde el momento anterior al emplazamiento y requerimiento de pago.
La suspensión interesada trasciende de la resolución formalmente impugnada, que es un Auto desestimatorio del incidente de nulidad de actuaciones y la parte recurrente en amparo, pretende la retroacción de actuaciones y una nueva tramitación del proceso de ejecución hipotecaria desde su inicio, por lo que, si no se adoptase una medida cautelar se podría materializar la transmisión del dominio del inmueble en cuestión si fuera subastado, creando una situación difícilmente reversible que menoscabaría los fines del presente recurso, debiendo ponderarse asimismo que el demandante señor Calvo justifica que la finca hipotecada constituye su residencia habitual y la de su familia, con dos hijos menores de edad, lo cual permite identificar unos perjuicios de mayor intensidad derivados de la ejecución de la resolución impugnada.
Además, no se percibe en este momento procesal, atendidas las circunstancias del presente caso, que la suspensión de la ejecución de la resolución judicial entrañe un perjuicio notorio al interés público, habida cuenta de los elementos concurrentes, pues la desposesión del bien embargado y su adquisición por terceros puede originar una situación de marcada irreversibilidad, en coherencia con la doctrina de este Tribunal.
