"A día de hoy, en la zona de Valdebebas, entre el aeropuerto de Barajas y el recinto ferial del IFEMA, existe un enorme solar de 400.000 metros cuadrados en el que se alza un único edificio ovalado que costó en su día 22 millones de euros, que necesitaría 5 más para ser operativo y que está tasado en 17 millones y medio debido a su deterioro. Esto es todo lo que hay del macroproyecto de la Ciudad de la Justicia, el monumental proyecto que Esperanza Aguirre vendió y defendió para unir su nombre a los de los grandes faraones de otros siglos.
El proyecto, que nació a raíz del Plan de Modernización de la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid del 2.003, pretendía crear una sede judicial unificada de carácter definitivo, con suficiente amplitud y buenas comunicaciones. Es decir, buscaba eliminar las distintas sedes judiciales de la Capital para construirlas y ubicarlas todas en un solo espacio. La dispersión de sedes judiciales se señalaba como una causa de posibles deficiencias en el funcionamiento y en la propia atención a la ciudadanía, defecto al que se unían otras dificultades, como el agotamiento de los espacios existentes y la antigüedad de muchos de aquellos edificios, con sus consiguientes disfunciones.
Así pues en julio de 2.004 se presentaba públicamente el proyecto de un Campus de la Justicia, cuya realización posibilitara la sustitución de los 21 edificios que se ocupaban en la ciudad de Madrid de atender las distintas sedes judiciales, a excepción de los correspondientes al Estado.
A lo largo de 2005, promovido por la empresa pública Campus de la Justicia de Madrid S.A., se llevó a cabo el concurso, ganado por la firma Frechilla y López-Peláez Arquitectos, todo ello aderezado por exposiciones de maquetas y eventos varios. El plan presenta un conjunto de edificios independientes entre sí, que incluirían incluso una central de producción de energía, con formas iguales pero de diferentes tamaños y se realizaría en dos fases en las que cada edificio contaría con un desarrollo individual de sus proyectos, contratación y ejecución de obras. En definitiva, un pomposo proyecto que iba a contar con 15 edificios con el sello de los arquitectos más vanguardistas y que costaría unos 500 millones de euros.
Pero llegó la crisis, la gran culpable de tantos males, que obligó a la Comunidad de Madrid a renunciar al proyecto en 2.008. lo que dejó a la empresa Campus de la Justicia de Madrid en el limbo. Con una plantilla de 20 personas, donde 17 eran jefes electos en su mayoría digitalmente (es decir, a dedo) y con unas nóminas de 62.000 euros de media, a pesar de que ya no tenían nada que hacer, se mantuvieron en sus puestos hasta cinco años más, siendo en 2.012 cuando se despidió a los tres últimos.
Aún se intentó revitalizar el proyecto en este año con una versión de la Ciudad de la Justicia low cost. Todo marcado por la austeridad y sin la firma de los arquitectos más prestigiosos del momento. Esto es, adiós a los edificios singulares de reconocimiento internacional. Algo más modesto. Este nuevo impulso comenzaría por liquidar la empresa pública ya que el todavía Ejecutivo de Aguirre decidió sacar a concurso tanto la construcción como la gestión del futuro campus por unos 33 millones. Cifra que coincidía con la cantidad que el Gobierno regional abonaba cada año por la mitad de las sedes judiciales bajo su círculo de influencia en la capital. Aguirre precisó que varios fondos de inversión habían propuesto construir los edificios y alquilarlos después a la Comunidad. Sin embargo, en noviembre de 2012, nueve meses después de animarse a acabar la Ciudad de la Justicia, el Ejecutivo regional concluyó que no contaba con los fondos suficientes para seguir adelante con el macroproyecto, con lo que se puso punto y final al proyecto, aunque, según fuentes del gobierno regional “hay que seguir con la reagrupación de las sedes judiciales, pero no hay dinero para inversiones en nueva construcción”.
En definitiva, nueve años de proyecto, de gastos disparatados y de fotos, muchas fotos con las que intentar sacar rédito político a los 105 millones de euros gastados hasta ahora para obtener un solo edificio, el de Medicina legal, que ni siquiera es funcional. Y por supuesto, nueve años de mangarrufas, de informes inútiles y carísimos, como el que, el antes ínclito y ahora púnico, Granados encargó a la firma Deloitte (esta gente está en todas partes) para realizar una radiografía de la justicia. Informe que la empresa realizó con estadísticas que pueden consultarse en Internet de forma gratuita pero que costó a las arcas de la Comunidad de Madrid 60.000 euros mas IVA.
El culpable, como siempre, el ciudadano, que dedicó los años de bonanza económica a “vivir por encima de sus posibilidades”.
