NUMO
Publicado: Mar 13 Ene 2026 11:58 pm
Lo que está ocurriendo en los juzgados de toda España con la aplicación de la llamada ley de eficiencia no es un simple problema de ajuste, ni una dificultad técnica pasajera, ni mucho menos una resistencia corporativa al cambio.
Es un colapso provocado, una chapuza de dimensiones históricas que tiene un responsable político claro: el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
Estamos ante una reforma impuesta con soberbia, diseñada desde despachos alejados de la realidad judicial y ejecutada con una imprudencia institucional que roza la negligencia.
Una ley que se vendió como modernizadora y eficiente ha degenerado, en cuestión de días, en desorganización, paralización de procedimientos, extravío de expedientes, inseguridad jurídica y desesperación generalizada entre quienes sostienen el sistema judicial día a día.
El relato oficial del Ministerio resulta insultante.
Atribuir el caos al supuesto “inmovilismo” de jueces, letrados, funcionarios y profesionales del derecho no solo es falso, sino profundamente ofensivo.
Nunca antes había existido un consenso tan amplio en el diagnóstico del desastre, y nunca antes se había señalado de forma tan unánime una causa: la ausencia total de planificación, medios y tiempo.
Se ha activado un nuevo modelo judicial sin expediente electrónico plenamente operativo, con sistemas informáticos que fallan o directamente no existen, con funcionarios que no saben a qué órgano están adscritos ni qué funciones deben desempeñar, con sedes judiciales sin adaptar, con expedientes en papel “viajando” de un sitio a otro como si estuviéramos en el siglo pasado.
¿Esto es eficiencia?
No: esto es desmantelamiento funcional del servicio público de justicia.
La tercera fase de la reconversión de juzgados en tribunales de instancia se ha puesto en marcha a la carrera, sin red y sin paracaídas, en plena cuesta de enero y tras un periodo vacacional, como si la justicia pudiera apagarse y encenderse a voluntad del BOE.
El resultado es previsible: señalamientos en riesgo de suspensión, procedimientos bloqueados, trámites que duplican su duración y ciudadanos que ven cómo sus derechos quedan atrapados en una maraña administrativa creada artificialmente.
Lo más grave es que en muchos territorios la justicia funcionaba razonablemente bien antes de esta reforma.
No había colapso, no había atasco estructural, no había caos.
Ahora sí.
Y no por falta de vocación ni de profesionalidad de quienes trabajan en los juzgados, sino por una decisión política desconectada de la realidad, basada más en la propaganda que en la gestión.
Cambiar la denominación de los órganos, redistribuir competencias sobre el papel y gastar recursos en cartelería mientras faltan jueces, funcionarios, formación y herramientas tecnológicas no es reformar: es maquillar un fracaso.
Una reforma sin recursos no es una reforma; es una imposición vacía que acaba pagando el ciudadano.
Mientras tanto, jueces, Letrados de la Administración de Justicia y funcionarios están realizando un esfuerzo sobrehumano para evitar el colapso total, trabajando en condiciones de incertidumbre permanente, asumiendo tareas para las que no han sido formados y soportando la presión de un sistema que se ha lanzado al vacío sin comprobar si había suelo.
Y ante este panorama, el Ministerio no rectifica, no escucha y no asume responsabilidades.
Niega la evidencia, desprecia las advertencias previas de colegios profesionales y sindicatos, y se limita a repetir un discurso vacío sobre modernización mientras la justicia real se descompone por dentro.
La ley de eficiencia, tal y como se ha aplicado, no solo ha fracasado en su objetivo, sino que ha generado un daño inmediato y tangible al funcionamiento de los juzgados y a la tutela judicial efectiva, uno de los pilares básicos del Estado de Derecho.
Eso no es una cuestión ideológica: es un hecho constatable.
La justicia no es un laboratorio para experimentos políticos ni un escenario para titulares triunfalistas.
No se reforma de la noche a la mañana, sin consenso, sin medios y sin respeto por quienes la hacen funcionar.
Hacerlo así es irresponsable, y persistir en ello es temerario.
Este caos no es accidental.
Tiene una causa directa y un responsable político evidente.
Y mientras no se reconozca el error, no se rectifique y no se dote al sistema de los medios necesarios, la llamada ley de eficiencia seguirá siendo recordada no como una modernización, sino como una de las mayores chapuzas en la historia reciente de la justicia española.
Es un colapso provocado, una chapuza de dimensiones históricas que tiene un responsable político claro: el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
Estamos ante una reforma impuesta con soberbia, diseñada desde despachos alejados de la realidad judicial y ejecutada con una imprudencia institucional que roza la negligencia.
Una ley que se vendió como modernizadora y eficiente ha degenerado, en cuestión de días, en desorganización, paralización de procedimientos, extravío de expedientes, inseguridad jurídica y desesperación generalizada entre quienes sostienen el sistema judicial día a día.
El relato oficial del Ministerio resulta insultante.
Atribuir el caos al supuesto “inmovilismo” de jueces, letrados, funcionarios y profesionales del derecho no solo es falso, sino profundamente ofensivo.
Nunca antes había existido un consenso tan amplio en el diagnóstico del desastre, y nunca antes se había señalado de forma tan unánime una causa: la ausencia total de planificación, medios y tiempo.
Se ha activado un nuevo modelo judicial sin expediente electrónico plenamente operativo, con sistemas informáticos que fallan o directamente no existen, con funcionarios que no saben a qué órgano están adscritos ni qué funciones deben desempeñar, con sedes judiciales sin adaptar, con expedientes en papel “viajando” de un sitio a otro como si estuviéramos en el siglo pasado.
¿Esto es eficiencia?
No: esto es desmantelamiento funcional del servicio público de justicia.
La tercera fase de la reconversión de juzgados en tribunales de instancia se ha puesto en marcha a la carrera, sin red y sin paracaídas, en plena cuesta de enero y tras un periodo vacacional, como si la justicia pudiera apagarse y encenderse a voluntad del BOE.
El resultado es previsible: señalamientos en riesgo de suspensión, procedimientos bloqueados, trámites que duplican su duración y ciudadanos que ven cómo sus derechos quedan atrapados en una maraña administrativa creada artificialmente.
Lo más grave es que en muchos territorios la justicia funcionaba razonablemente bien antes de esta reforma.
No había colapso, no había atasco estructural, no había caos.
Ahora sí.
Y no por falta de vocación ni de profesionalidad de quienes trabajan en los juzgados, sino por una decisión política desconectada de la realidad, basada más en la propaganda que en la gestión.
Cambiar la denominación de los órganos, redistribuir competencias sobre el papel y gastar recursos en cartelería mientras faltan jueces, funcionarios, formación y herramientas tecnológicas no es reformar: es maquillar un fracaso.
Una reforma sin recursos no es una reforma; es una imposición vacía que acaba pagando el ciudadano.
Mientras tanto, jueces, Letrados de la Administración de Justicia y funcionarios están realizando un esfuerzo sobrehumano para evitar el colapso total, trabajando en condiciones de incertidumbre permanente, asumiendo tareas para las que no han sido formados y soportando la presión de un sistema que se ha lanzado al vacío sin comprobar si había suelo.
Y ante este panorama, el Ministerio no rectifica, no escucha y no asume responsabilidades.
Niega la evidencia, desprecia las advertencias previas de colegios profesionales y sindicatos, y se limita a repetir un discurso vacío sobre modernización mientras la justicia real se descompone por dentro.
La ley de eficiencia, tal y como se ha aplicado, no solo ha fracasado en su objetivo, sino que ha generado un daño inmediato y tangible al funcionamiento de los juzgados y a la tutela judicial efectiva, uno de los pilares básicos del Estado de Derecho.
Eso no es una cuestión ideológica: es un hecho constatable.
La justicia no es un laboratorio para experimentos políticos ni un escenario para titulares triunfalistas.
No se reforma de la noche a la mañana, sin consenso, sin medios y sin respeto por quienes la hacen funcionar.
Hacerlo así es irresponsable, y persistir en ello es temerario.
Este caos no es accidental.
Tiene una causa directa y un responsable político evidente.
Y mientras no se reconozca el error, no se rectifique y no se dote al sistema de los medios necesarios, la llamada ley de eficiencia seguirá siendo recordada no como una modernización, sino como una de las mayores chapuzas en la historia reciente de la justicia española.