20/03/2007 - Siete de las nueve comunidades con competencias en Justicia decidieron el pasado viernes en Santiago de Compostela demandar la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Demarcación y Planta Judicial.
Estas comunidades consideran "imprescindible" que las competencias en estas materias, y como consecuencia la creación de nuevas unidades judiciales, sea de las propias Comunidades Autónomas.
Así se recoge en un documento firmado por País Vasco, Cataluña, Andalucía, Asturias, Canarias, Navarra y Galicia, que no fue ratificado finalmente por las comunidades de Madrid y Valencia, informó el viernes pasado en un comunicado la Xunta.
En este sentido, el conselleiro de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de la Xunta, José Luis Méndez Romeu, explicó en rueda de prensa, tras la reunión de la comisión de coordinación, que las demandas presentadas por los gobiernos autonómicos al Ministerio "siempre son superiores a la posibilidad de creación de órganos judiciales".
En el caso de Galicia, el conselleiro indicó que se ha insistido en numerosas ocasiones en las necesidades existentes en muy distintas áreas, como los juzgados de violencia de género.
La reunión celebrada los pasados 15 y 16 de marzo es la primera en la que participan la totalidad de Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia.
El documento será trasladado al Ministerio de Justicia, al Consejo General del Poder Judicial y a los diferentes grupos parlamentarios.
Las comunidades de Madrid y Valencia declinaron firmar este documento, según dijo Méndez Romeu, por razones "de orden estrictamente política" y ajenas al contenido de los acuerdos, en cuya elaboración participaron.
Además de solicitar las competencias en materia de planta y demarcación judicial, otra de las conclusiones a las que se llegó en la reunión es la necesidad de llevar a cabo la implantación de la Nueva Oficina Judicial, y, por tanto, la necesidad de reanudar la tramitación parlamentaria de la correspondiente reforma procesal.
También se abordó la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que sea posible la plena utilización de las lenguas oficiales y reconocidas en cada comunidad para que los ciudadanos puedan tomar parte en cada proceso en el idioma de su elección.
Asimismo, en el documento que recoge las conclusiones de la reunión se plantea la necesidad de transferir a las comunidades los cuerpos de secretarios judiciales, médicos forenses y el resto del personal al servicio de la Administración de Justicia, lo que permitirá una racionalización de los cuadros de personal.
En materia de medicina legal, se trató de la necesidad de elaborar un protocolo de actuación en grandes catástrofes donde se produzca un número elevado de víctimas, de mejorar el sistema de ingreso y especialización de los cuerpos de medicina forense y de promover unidades de valoración integral de la violencia de género en los distintos institutos de medicina legal.
Por último, en el documento se tomó el acuerdo de solicitar una conferencia sectorial para debatir con el Ministerio de Justicia las propuestas contenidas en él.
Junto con Méndez Romeu, en la reunión estuvieron Joseba Azkárraga, consejero de Justicia del Gobierno vasco; Monserrat Tura, consellera de Justicia de la Generalitat de Cataluña; José Miguel Ruano, consejero de Justicia del Gobierno de Canarias; María José López González, consejera de la Junta de Andalucía, y Francisco Javier García Valledor, consejero de Justicia del Principado de Asturias. Fuente: EFE
Andalucía también.
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Invitado
Es una noticia antigua, de hace meses, ya conocida, pero no por ello menos buena, y que marca el camino a seguir.
Es evidente que las comunidades autónomas son la única salida digna para liberarse del yugo de Madrid, esa humillante tiranía bajo la que tenemos que desempeñar nuestras "funciones" aún sin desarrollar y que, si no hay transferencia, creedme, nunca se van a completar. Los grandes partidos están un poco arrepentidos del intento de reforma de 2003, y ni CGPJ ni cierta asociación de secretarios tienen otra intención que la de provocar su naufragio. Ahí tenemos la ley de jurisdicción voluntaria.
La única salida es la conversión en directores del procedimiento, la asunción de competencias propias, la emancipación de la tutela del CGPJ, y la reforma de la fe pública, siguiendo el camino marcado desde la República Federal Alemana, donde hasta los jueces están transferidos y no pasa absolutamente nada.
Es evidente que las comunidades autónomas son la única salida digna para liberarse del yugo de Madrid, esa humillante tiranía bajo la que tenemos que desempeñar nuestras "funciones" aún sin desarrollar y que, si no hay transferencia, creedme, nunca se van a completar. Los grandes partidos están un poco arrepentidos del intento de reforma de 2003, y ni CGPJ ni cierta asociación de secretarios tienen otra intención que la de provocar su naufragio. Ahí tenemos la ley de jurisdicción voluntaria.
La única salida es la conversión en directores del procedimiento, la asunción de competencias propias, la emancipación de la tutela del CGPJ, y la reforma de la fe pública, siguiendo el camino marcado desde la República Federal Alemana, donde hasta los jueces están transferidos y no pasa absolutamente nada.
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Invitado
Lo de las transferencias es algo recurrente, y que a la larga acabará produciéndose.
Es una decisión política, y acabará "cayendo".
Lo que habrá que intentar, es que se haga con las mejores condicones posibles (único reglamemento, posibilidad de traslado por todo el territorio nacional, y la MUGEJU). Lo demás... ya veremos.
¿Alguien del territorio de Comunidades con transferencias puede decir como les ha ido a los forenses (por ejemplo)?.
Es una decisión política, y acabará "cayendo".
Lo que habrá que intentar, es que se haga con las mejores condicones posibles (único reglamemento, posibilidad de traslado por todo el territorio nacional, y la MUGEJU). Lo demás... ya veremos.
¿Alguien del territorio de Comunidades con transferencias puede decir como les ha ido a los forenses (por ejemplo)?.