OFICINA JUDICIAL

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J.M. · #1 Mensaje por **J.M.** » Lun 13 Sep 2004 11:10 pm

PROPUESTA SOBRE NUEVO DISEÑO DE LA OFICINA JUDICIAL
ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.

PARTE PRIMERA: PLANTEAMIENTO GENERAL.

I.- ESTRUCTURA DE LA OFICINA JUDICIAL.

II.- TIPOS DE UNIDADES QUE COMPONEN LA OFICINA JUDICIAL. UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

1.- Unidades Procesales de Apoyo Directo.
2.- Servicios Comunes Procesales.
3.- Unidades Administrativas.

III.- FUNCIONES DE LOS DISTINTOS INTEGRANTES DE LA OFICINA JUDICIAL.

1.- De los Secretarios Judiciales.
2.- Del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa.
3.- Del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.
4.- Del Cuerpo de Auxilio Judicial.
5.- Funciones a realizar por los Cuerpos de Gestión y de Tramitación Procesal y Administrativa en las Unidades de Apoyo Directo.

PARTE SEGUNDA: ELEMENTOS ORGANIZATIVOS BÁSICOS DE LA OFICINA JUDICIAL. DOTACIÓN MÍNIMA DE LAS UNIDADES DE APOYO.

I.- EN EL ORDEN JURISDICCIONAL CIVIL.

1.- Dotación básica en los Juzgados de Primera Instancia, Secciones Civiles de la Audiencia Provincial y Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

a) Órganos unipersonales.
b) Órganos colegiados.
c) Justificación de la dotación propuesta.

2.- Dotación básica en los Juzgados de Familia.
3.- Dotación básica en los Juzgados de lo Mercantil.

II.- EN EL ORDEN JURISDICCIONAL PENAL.

a.- Órganos unipersonales.

1.- Dotación básica en los Juzgados de Instrucción.
2.- Dotación básica en los Juzgados Centrales de Instrucción.
3.- Dotación básica en los Juzgados de lo Penal.
4.- Dotación básica del Juzgado Central de lo Penal.
5.- Dotación básica de los Juzgados de Menores.
6.- Dotación básica de los Juzgados Centrales de Menores.
7.- Dotación básica de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria.
8.- Dotación básica del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria.

b.- Órganos colegiados.

1.- Dotación básica de las Secciones de las Audiencias Provinciales.
2.- Dotación básica de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
3.- Dotación básica de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

III.- EN LOS ÓRGANOS MIXTOS.

1.- Órganos unipersonales.

A) Dotación básica en los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
B) Justificación de la dotación propuesta.

2.- Órganos colegiados

A) Dotación básica de las Secciones Civiles y Penales de las Audiencias Provinciales.
B) Dotación básica de la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia.

IV.- EN EL ORDEN JURISDICCIONAL SOCIAL.

a.- Órganos unipersonales: dotación básica de los Juzgados de lo Social

b.- Órganos colegiados:

 Dotación básica de la Sala de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia.
 Dotación básica de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.
 Dotación básica de la Sala Cuarta de lo Social del Tribunal Supremo.

V.- EN EL ORDEN JURISDICCIONAL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO.

A.- Dotación básica.

a.- Órganos unipersonales.

 Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
 Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo.

b.- Órganos colegiados.

 Sala de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.
 Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
 Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
B.- Distribución de los trámites procesales.
C.- Justificación de la dotación básica propuesta.

IV.- EN LA SALA QUINTA DE LO MILITAR Y SALAS ESPECIALES DEL TRIBUNAL SUPREMO.

a.- Sala Quinta de lo Militar del Tribunal Supremo.
b.- Sala especial del artículo 61 de la LOPJ.
c.- Sala de Conflictos de Jurisdicción entre los Juzgados o Tribunales y la Administración
d.- Sala de Conflictos de Jurisdicción entre los Juzgados o Tribunales Ordinarios y Militares
e.- Sala de Conflictos de Competencia entre Juzgados y Tribunales de Distintos Ordenes Jurisdiccionales

PARTE TERCERA: SERVICIOS COMUNES PROCESALES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

PARTE CUARTA: MECANISMOS DE COORDINACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN AL SERVICIO DE JUECES Y TRIBUNALES Y DEL CIUDADANO.

PARTE QUINTA: ADECUACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES.
INTRODUCCIÓN.

Corresponde al Ministerio de Justicia, previo informe del Consejo General del Poder Judicial y de las Comunidades Autónomas con competencias asumidas, la determinación de las dotaciones básicas de las unidades procesales de apoyo directo a Jueces y Tribunales, que han de garantizar, en todo caso, el correcto funcionamiento del órgano jurisdiccional. Tales unidades procesales de apoyo directo conforman, junto con los servicios comunes procesales, los dos tipos de unidades que configuran el elemento organizativo básico de la estructura de la Oficina judicial, según el diseño planteado en el Libro V de la Ley Orgánica del Poder Judicial tras la modificación operada en dicha Ley por la Ley Orgánica 19/2003.

A su vez, son servicios comunes procesales todas aquellas unidades de la Oficina judicial que, sin estar integradas en un órgano judicial concreto, asumen labores centralizadas de gestión y apoyo en actuaciones derivadas de la aplicación de leyes procesales. La competencia para el diseño, creación y organización de los servicios comunes procesales corresponde a las Comunidades Autónomas en sus respectivos territorios y al Ministerio de Justicia en aquéllos otros en los que todavía no se haya producido la asunción de competencias en materia de Justicia por la respectiva Comunidad.

Establece expresamente la Ley Orgánica del Poder Judicial que la Oficina judicial funcionará con criterios de agilidad, eficacia, eficiencia, racionalización del trabajo, responsabilidad por la gestión, coordinación y cooperación entre Administraciones, con la finalidad explícita, y desde luego primordial, de que los ciudadanos obtengan un servicio próximo y de calidad, con respeto a los principios recogidos en la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia.

Se evidencia, así, la necesidad inmediata de que el nivel de cooperación y coordinación entre las Administraciones Públicas que tienen competencias en la materia se aproxime al ideal, único modo de conseguir una Justicia que actúe con rapidez, eficacia y calidad, con métodos más modernos, procedimientos menos complicados y cumpliendo satisfactoriamente su función constitucional de garantizar en tiempo razonable los derechos de los ciudadanos y de proporcionar seguridad jurídica, al actuar con pautas de comportamiento y decisión previsibles, aspiraciones todas ellas que se recogían ya en el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia suscrito por las principales fuerzas políticas el 28 de mayo de 2.001.

Desde tal perspectiva, el Ministerio de Justicia ha preparado el trabajo que ahora se presenta sobre el diseño de la nueva Oficina judicial, con la pretensión, entre otras, de consensuar tal diseño, si es posible, en la próxima Conferencia Sectorial de la Administración de Justicia, habida cuenta que se trata de una materia en la que, con independencia de las competencias reguladoras de cada Administración Pública interviniente, parece imprescindible una actuación coordinada y regida por los principios de lealtad institucional, cooperación y respeto recíprocos.

De todos es conocido que la estructura organizativa de los actuales Juzgados y Tribunales no responde hoy a las necesidades del proceso moderno ni a las de una sociedad evolucionada ni tampoco guarda relación alguna con el importante incremento de la litigiosidad en nuestro país en los últimos años, situación que en gran medida ha venido haciendo estéril, o al menos desaprovechando en toda su potencialidad, la aplicación de otras medidas coyunturales o parciales de mejora de la Administración de Justicia.

La reciente promulgación de la Ley Orgánica 19/2003 y la opción que permite, y que tanto el Ministerio de Justicia como las Comunidades Autónomas y el Consejo General del Poder Judicial están dispuestos a ejercer, de crear en la Oficina judicial servicios comunes procesales que asuman la ordenación del procedimiento, constituye una coyuntura favorable, y quizá irrepetible, para abordar la transformación necesaria en el diseño de la Oficina judicial, optando por modelos organizativos ya experimentados en otros países de nuestro entorno, de parecido nivel cultural y de desarrollo, cuyos resultados se han acreditado como satisfactorios.

La Administración de Justicia ha estado hasta hoy estructurada con un diseño absolutamente anticuado, atomizada en numerosas micro-oficinas judiciales -tantas como órganos jurisdiccionales-, que se presentan al mismo tiempo como poco proclives, y desde luego inadecuadas en su organización, a la introducción de nuevas técnicas de gestión, a lo que se añade las fuertes resistencias al cambio de muchas de las personas que a todos los niveles trabajan en los actuales Juzgados y Tribunales.

Así las cosas, y precisamente por la asignación de recursos propios a cada una de las actuales oficinas o secretarías judiciales para desarrollar su actividad, sin técnica alguna de gestión homogénea, se ha desembocado en una total autonomía administrativa de tales centros de trabajo. La nueva filosofía, que ya se acoge e impulsa en la reciente reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ha de ser exactamente la contraria: combatir la atomización de la estructura de la Oficina judicial y tender a concentrar recursos en servicios comunes. Desde un punto de vista organizativo será aconsejable, además, la catalogación y separación de las diferentes actividades en secciones, equipos o unidades especializadas que se dediquen a una labor concreta, aislando del conjunto de funciones que se llevan a cabo en la oficina judicial aquéllas que se presenten como susceptibles de ser catalogadas, homogeneizadas y centralizadas. Parece razonable pensar que de este modo se rentabilizará mejor el tiempo y se obtendrán resultados más eficaces en la gestión del servicio, y además se evitará, lo que resulta ya inaplazable a los ojos de los ciudadanos, la diversificación de metodologías de trabajo y criterios de gestión que hoy existen por la posibilidad de que se apliquen, discrecionalmente, los que pueda tener cada Juez o cada Secretario Judicial en su propia Oficina.

A su vez, es lógico pensar también que la racionalización de las actividades conlleve un determinado ahorro de los recursos humanos necesarios para su ejercicio, gracias a evidentes economías de escala; y que la especialización redunde no sólo en un mejor aprovechamiento del tiempo, como antes se ha dicho, sino también en una más eficiente realización de los trabajos encomendados. A lo que se añade que con tales modernas técnicas de gestión y organización del trabajo se presenta como más fácil la evaluación de los objetivos establecidos para cada uno de los servicios y el redimensionamiento dinámico y flexible de todos ellos en función del volumen de trabajo a realizar y de los resultados que vayan presentándose. Cada uno de los servicios comunes de la Oficina judicial, que en este documento únicamente se enumeran y describen someramente, necesitará un estudio en profundidad para su correcta puesta en marcha y óptimo rendimiento. Es evidente, además, que la dimensión de cada sede judicial y la concentración o no en ella de todos los órganos, unipersonales o colegiados, de un mismo partido judicial, o incluso el número y lejanía de las sedes judiciales de una misma ciudad, son factores que determinarán, obviamente, la configuración inmediata y concreta del modelo de gestión de los servicios que en ellas se aplique en tanto en cuanto tales circunstancias permanezcan en la situación actual.

A todo lo dicho hasta ahora cabe añadir que la idea de Administración de Justicia como servicio público ha de entenderse como un concepto de servicio al ciudadano libre de cualquier connotación administrativista, pero susceptible de ser organizado aplicando criterios de racionalidad administrativa. Y a este fin conviene señalar que un órgano judicial, cualquiera que sea su naturaleza, tiene tres partes funcionales bien diferenciadas: la jurisdiccional, la procedimental y la administrativa.

Comenzando por la primera de ellas, el Juez o Magistrado, representante del poder judicial, es el depositario de la potestad jurisdiccional. Ha de encargarse única y exclusivamente de la tarea que le es constitucionalmente propia: juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Sin embargo, por unas y otras razones cuya exposición excedería de los fines de esta introducción, los jueces asumen en muchas ocasiones un ámbito de actuación que interfiere en su labor puramente decisoria, decantando la carga de trabajo hacia la tramitación del proceso y hacia la vertiente administrativa de su Oficina judicial. De todos son conocidas las continuas interrupciones a que son sometidos por el personal de la Secretaría en muchos órganos judiciales, al despachar directamente con ellos, lo que ocasiona que el Juez distraiga una parte importante de sus esfuerzos en tareas de infraestructura, de impulso del proceso, administrativas y hasta de intendencia, en detrimento del tiempo, escaso y valioso, necesario para el estudio y la búsqueda de la mayor calidad en sus decisiones y resoluciones. El nuevo diseño de oficina judicial impedirá que se perpetúe este estado de cosas.

Tal diseño posibilitará, también, que los Secretarios Judiciales centren su actividad en su doble faceta de técnicos procesales y gerentes de sus respectivas unidades. A fin de que el oficio de Juez se reserve para el ejercicio de la potestad jurisdiccional, es imprescindible, en cuanto a la tramitación de los procedimientos, que su intervención en ella se limite a momentos esenciales del proceso según regulen las distintas leyes procesales, y a revisar en vía de recurso las decisiones de trámite adoptadas por los Secretarios. Para ello se opta por la creación de servicios comunes procesales de ordenación del procedimiento, cuyos responsables serán precisamente los Secretarios Judiciales, que deberán dictar cuantas resoluciones procedan para la tramitación del pleito que venga predeterminada por las Leyes procesales, cuya reforma cuidará de que los momentos esenciales del proceso que se reserven para la intervención judicial tengan que ver únicamente, en líneas generales, con la admisión o inadmisión del escrito iniciador del proceso, la resolución sobre la admisión de la prueba y su celebración en el acto del juicio, el dictado de cualquier resolución limitativa de derechos, la sentencia y la orden general para su ejecución, así como la resolución de los recursos que se interpongan en la fase de tramitación del pleito o de ejecución de su resolución final.

El cúmulo restante de actuaciones de tramitación del procedimiento, salvo alguna que las leyes procesales reserven para los Jueces por razones justificadas, han de quedar en manos de los Secretarios Judiciales, a cuyo fin el Ministerio plantea la creación, con el informe favorable del Consejo General del Poder Judicial, de dichos servicios comunes procesales que asuman la ordenación del procedimiento, al amparo de la facultad contenida en el segundo párrafo del artículo 438.3 LOPJ.

En todo caso, y en tal ámbito procedimental, los Secretarios Judiciales responsables, en cada nivel, no estarán obligados a compaginar la gestión del procedimiento con labores de carácter administrativo, económico o estadístico, labores todas éstas últimas que tendrán a su frente a distintos responsables, al existir una neta diferenciación entre la actividad procedimental y la estrictamente administrativa o gerencial. De todo lo que se deduce también la virtualidad y ventaja que el nuevo diseño de Oficina judicial ofrece para el Cuerpo de Secretarios Judiciales.

En cuanto a los funcionarios integrados en los distintos Cuerpos al Servicio de la Administración de Justicia a los que se refiere ahora el Libro VI de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el nuevo modelo de Oficina judicial que se plantea ahora de modo concreto por el Ministerio también supone para ellos una expectativa clara de lógica carrera administrativa hasta ahora inexistente como tal, a la par que permite una gestión racional y adecuada de los recursos humanos de la Administración de Justicia.

En relación con ello, hay que comenzar por señalar, en cuanto a la preparación de las relaciones de puestos de trabajo de los servicios comunes, de un lado, y de las unidades de apoyo directo, de otro, que debe efectuarse desde la premisa de la movilidad interna impuesta, cuando sea necesario, para una más racional distribución de tales puestos, de tal modo que los funcionarios no tengan ya un órgano judicial concreto como destino fijo, sino que estén adscritos a los centros de destino que se describen en el artículo 521 de la LOPJ, y entre ellos a cada uno de los servicios comunes procesales, en su caso, lo que permitirá que a tenor de las necesidades de personal y del modo de realización de los trabajos y según la coyuntura del momento se aplique una ágil y dinámica asignación de recursos y adecuación de los métodos de trabajo. A su vez, tal modo de funcionar permitirá al responsable de los servicios asignar destinos temporales para la cobertura de puntas de trabajo, vacantes, vacaciones, licencias, permisos, etc. Y, por fin, los funcionarios de los distintos Cuerpos comprobarán que existe para ellos un verdadero catálogo de puestos de trabajo en distintos Centros de destino e incluso de Jefaturas, menores, intermedias y en algunos casos únicas, de determinados servicios comunes, lo que les abrirá una importante posibilidad de cambio y promoción profesionales más acordes con la realidad de una Administración Pública moderna, saliendo así de una inveterada situación en la que, con independencia de la denominación del Cuerpo de pertenencia, la inmensa mayoría de los funcionarios de la Administración de Justicia no han tenido hasta ahora distinción alguna entre ellos como expertos en tramitación procesal.

La nueva estructura de la Oficina judicial posibilitará también llegar a tener un reflejo claro en dos elementos clave para la realización del trabajo, que no son otros que la motivación y la productividad de quienes lo desempeñan, que habrá de cuidarse especialmente, estableciendo las medidas adecuadas para su evaluación, control e impulso. Hay que añadir además la ventaja que reportará para los funcionarios el hecho de que el acceso de los profesionales y de los ciudadanos interesados en el expediente deje de ser directo al órgano correspondiente y, dentro de éste, al funcionario en concreto que entiende de la tramitación del asunto en particular, lo que provoca hasta ahora continuas interrupciones en su trabajo cotidiano, que se eliminarán desde el momento en que se creen servicios centralizados en los que se proporcione dicha información, a cargo de un único equipo de funcionarios.

Todo ello redundará, al propio tiempo, en la mejora del trabajo diario del Procurador y del Abogado, a quienes el nuevo sistema ahorrará su actual labor multiplicativa de gestión y seguimiento de los procesos que tienen encomendados, y desde luego producirá, en definitiva, una mejor atención a los ciudadanos. También ellos, y los profesionales que les representan y defienden, se verán beneficiados de un sistema de señalamientos inteligente y organizado, que será coordinado desde la Sección de Señalamientos del Servicio Común de Ordenación del Procedimiento, que posibilitará el máximo rendimiento de las Salas de Vistas y su utilización desde primera hora de la mañana y que tratará de impedir las grandes esperas a que actualmente se ven sometidos, en muchas más ocasiones de las inevitables, los usuarios de la Justicia y sus profesionales.

Es evidente que de todo lo expuesto hasta ahora se desprende la separación clara, incluso física, de la función jurisdiccional o decisoria del soporte administrativo judicial. Deben establecerse unas áreas convenientemente diferenciadas para cada una de las partes componentes de la organización judicial, y además habrá de evitarse en el futuro la dispersión de los órganos judiciales, sobre todo si se trata de oficinas pertenecientes a un mismo orden jurisdiccional. Es obvio que la nueva estructura y organización interna de las Oficinas judiciales exigirá un nuevo diseño físico de sus dependencias, con espacios diferenciados, aunque interrelacionados, para jueces, oficinas de tramitación, servicios comunes, secciones burocráticas e instalaciones, con entradas, circulaciones y áreas de distinta accesibilidad para el público y los funcionarios. Edificios inteligentes, en suma, muestra de los cuales son los construidos en los últimos años en determinadas Comunidades Autónomas pioneras en la materia, particularmente el País Vasco y más recientemente la Comunidad Valenciana.

Son también sobradamente conocidas las descompensaciones que se producen en el cumplimiento del horario laboral, motivadas sobre todo por la carencia de unificación de actitudes de control cuando se trata de cuestiones relativas a la disciplina del personal. El rigor presente en algunos órganos judiciales se contrapone a la excesiva tolerancia que se da en buena parte de ellos, creándose por lógica agravios comparativos entre los funcionarios, y sin que haga falta insistir demasiado en la necesidad del cumplimiento del horario establecido en la Administración de Justicia por todos quienes trabajan en ella, no sólo a nivel de presencia física, sino de realización activa de los trabajos. Todo ello podrá quedar convenientemente organizado y controlado por las Unidades Administrativas de Gestión y Administración de Personal.

A todo lo anterior se añade, como ventaja no desdeñable del nuevo diseño de Oficina judicial, que el correcto funcionamiento de los servicios comunes, pieza capital en el proceso de cambio organizativo, hará posible que los órganos de nueva creación se doten con mucho menos personal que el actual, lo que a su vez permitirá la adecuación de la planta judicial a las necesidades de la población con mayor facilidad y menor coste, dada la economía de escala que produce la organización racional del trabajo en los servicios comunes.

Por fin, es evidente que deberá existir una conexión total entre las diferentes unidades de la Oficina judicial y de ésta con las Unidades Administrativas, partes componentes todas ellas del que podríamos llamar circuito de la Administración de Justicia, lo que sólo se logrará de modo racional, congruente e integral a través de un soporte informático y de comunicaciones moderno y adecuado y teniendo en cuenta, además, el enorme grado de dependencia que existe entre el diseño de los edificios sede de órganos judiciales y el modelo organizativo de Oficina judicial que ahora se propone.

Se ha dicho hasta la saciedad que en el marco de un Estado social y democrático de Derecho como el nuestro todos los factores que representen menoscabo de la imagen de la Justicia como consecuencia de su defectuoso funcionamiento tienen serias repercusiones en la legitimidad de uno de los principales pilares del Estado constitucional. Y aunque es cierto el casi total abandono que los temas organizativos han tenido normalmente en los diferentes estudios llevados a cabo sobre los problemas que aquejan a la Administración de Justicia española, no es menos cierto que en los últimos años tal cuestión está pasando a un primer plano no sólo en la elaboración doctrinal, sino también en la preocupación de los poderes públicos, pudiendo afirmarse que al día de hoy se percibe con claridad que la Justicia está afectada por defectos estructurales y organizativos de gran envergadura, a cuyo remedio intenta contribuir la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial recientemente promulgada.

Es evidente, pues, que el modelo organizativo decimonónico por el que apostó tradicionalmente la Administración de Justicia española y que ha pervivido prácticamente hasta nuestros días es hoy una fórmula agotada, que adolece de un diseño totalmente inadaptado a las exigencias de una sociedad moderna y plural, sin que haga falta insistir ya mucho más en la situación insostenible de las Oficinas judiciales españolas. El nuevo diseño que se propone en este documento, sin embargo, pretende la creación de nuevas estructuras organizativas que rompan el modelo viejo, los hábitos tradicionales, las resistencias corporativas y la comodidad de seguir todos apegados a lo que ha funcionado siempre del modo claramente deficitario que es conocido comúnmente.

Pero a nadie se le oculta tampoco que esa creación de un nuevo modelo de Oficina judicial tiene que venir acompañada de otras muchas cosas. En primer lugar, de un cambio de actitud -es decir, de mayor predisposición a la necesaria reforma- por parte de Jueces, Fiscales, Secretarios Judiciales y demás funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.

En segundo lugar, por la creación de capacidades gerenciales o directivas en el seno de la propia Administración de Justicia, materia en la que el Ministerio deberá hacer un esfuerzo inmediato y especial a través del Centro de Estudios Jurídicos; y también, en determinados casos, por la búsqueda de tales personas para algunas de las Unidades Administrativas en los Cuerpos de funcionarios de la Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas que reúnan los requisitos y condiciones establecidos en la respectiva relación de puestos de trabajo.

En tercer lugar, ha de adaptarse el marco jurídico reglamentario que regula el régimen del personal al servicio de la Administración Judicial a las nuevas previsiones contenidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuestión en la que el Ministerio trabaja en paralelo al nuevo diseño de la Oficina judicial y pretende contar con la colaboración y consenso de las Comunidades Autónomas con competencias asumidas, así como de los sindicatos y asociaciones profesionales correspondientes. El Ministerio y las Comunidades Autónomas deberán proceder también, en sus respectivos ámbitos, a la elaboración y aprobación de las relaciones de puestos de trabajo conforme a las normas y procedimientos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial y al posterior proceso de acoplamiento de los funcionarios con destino definitivo en el ámbito territorial respectivo. Y el Gobierno debe remitir a las Cortes Generales los proyectos de ley necesarios para adecuar las leyes de procedimiento no sólo a las disposiciones modificadas por la Ley Orgánica 19/2003, sino también, en lo necesario, al nuevo diseño de la Oficina judicial, que incluye la deseable creación de servicios comunes procesales que asumirán la ordenación del procedimiento y, por tanto, la redistribución entre el Juez y el Secretario Judicial de competencias relacionadas con la tramitación de los pleitos.

Por fin, debe incorporarse a la Administración de Justicia una cultura de gestión, que someta a todos quienes trabajan en ella al control y evaluación de resultados, como planteó ya la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, en cuanto a la evaluación del desempeño de los Jueces, cuestión ésta en la que también el Consejo General del Poder Judicial trata de avanzar en el perfeccionamiento del sistema. Y deben, desde luego, fomentarse las fórmulas de colaboración entre órganos de gobierno del Poder Judicial y las distintas Administraciones Públicas con competencias en materia de Justicia, que palíen, en la medida de lo posible, cuantos problemas puedan surgir en el complejo marco de reparto de responsabilidades en esta materia.

Todo lo dicho hasta ahora pone de relieve la extrema conveniencia de alcanzar un consenso entre el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias asumidas en orden a la estructura básica de la Oficina judicial, que ha de ser homogénea en todo el territorio nacional como consecuencia del carácter único del Poder al que sirve, y cuyas unidades procesales de apoyo directo tienen que ser determinadas, en su dotación básica, por el Ministerio de Justicia, previo informe del Consejo General del Poder Judicial y de las Comunidades Autónomas.

Parece ocioso insistir en que la propia previsión de la Disposición Transitoria Decimoquinta de la Ley Orgánica 19/2003 -que establece que la determinación por cada Administración competente del diseño y organización de las oficinas judiciales radicadas en sus respectivos territorios, conforme a la estructura básica y en los términos establecidos en la propia Ley, se llevará a cabo de forma gradual y en función de las posibilidades organizativas, técnicas y presupuestarias de dichas Administraciones-, pone encima de la mesa una cuestión crucial, que atañe incluso a la propia determinación inicial por el Ministerio de Justicia de la dotación básica de las unidades de apoyo directo, y que no es otra que la necesidad absoluta de diseñar tal dotación básica en este momento sin perder de vista la situación real de la mayor parte de las sedes judiciales españolas.

Sin existir en ellas, todavía, la distribución arquitectónica necesaria para el buen funcionamiento del diseño de Oficina judicial que se propone, ni los equipamientos de medios ofimáticos, telemáticos y de programas avanzados de gestión procesal, registro y reparto, información de expedientes y comunicación entre las distintas unidades de las Oficinas judiciales, ni tampoco, en muchos casos, los Servicios Comunes que para cualquier Administración Pública con competencias en la materia se evidencian como necesarios para el buen funcionamiento del sistema, no parece posible, hoy por hoy, dotar las unidades procesales de apoyo directo de manera menor a la que se propone en este documento. Todo ello sin perjuicio de que tal dotación básica pueda llegar a determinarse por el Ministerio de manera distinta, razonablemente menor, en el momento en que la favorable evolución de las circunstancias que acaban de exponerse lo permita.

Parece, pues, que en este momento debe imponerse el pragmatismo, buscando el equilibrio entre lo deseable y lo posible, so pena de arriesgar en el conjunto de la Administración de Justicia española una situación organizativa, al menos largamente transitoria, de resultados aún peores que los actuales. Es prudente, también, pensar en un período de transición entre la vieja Oficina judicial decimonónica y la Oficina judicial del siglo XXI que permita la acomodación al nuevo sistema tanto de quienes trabajan al servicio de la Administración de Justicia como de los usuarios de la misma y los profesionales que les representan y defienden, habida cuenta que ya el diseño de Oficina judicial que ahora se propone representa un cambio esencial en la situación organizativa anterior.

Se propone, por tanto, el Ministerio de Justicia en la próxima Conferencia Sectorial buscar el consenso necesario con las Comunidades Autónomas en torno al diseño de Oficina judicial que se presenta en este documento, sin perjuicio de que, en el mismo momento en que la evolución de la situación lo permita, el Ministerio acomode la dotación básica de las unidades de apoyo directo a la composición absolutamente mínima que, con carácter general y a salvo de las especiales necesidades de algunos órganos judiciales, se vislumbra desde ahora como correcta y deseable.
PARTE PRIMERA: PLANTEAMIENTO GENERAL.

I.- ESTRUCTURA DE LA OFICINA JUDICIAL.-

La estructura de cualquier organización viene determinada por el conjunto de tareas distintas en que se divide el trabajo y la forma en que se consigue la coordinación entre todas ellas.

El artículo 435 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante, LOPJ) establece que la Oficina judicial es la organización de carácter instrumental que sirve de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional de jueces y tribunales; su estructura básica será homogénea en todo el territorio nacional, basada en los principios de jerarquía, división de funciones y coordinación. Deberá funcionar con criterios de agilidad, eficacia, eficiencia, racionalización del trabajo y responsabilidad por la gestión.

En este sentido lLa Oficina judicial ese configura de este modo como el medio que debe proporcionar a la actividad jurisdiccional la infraestructura técnica y humana que requiere. Debe ser una organización capaz de realizar sus cometidos con independencia de cuáles sean las normas procesales que sirvan de sustrato a su labor ordinaria.

El elemento organizativo básico es la Unidad, que podrá ser de dos tipos: Unidades Procesales de Apoyo Directo (a las que también denominaremos UAD) y Servicios Comunes Procesales (en ocasiones en este documento, SCP).

Primordial resulta también la idea de flexibilidad recogida en el artículo 436 de la LOPJ cuando establece que el diseño de la Oficina judicial será flexible y que su dimensión y organización se determinarán, por la Administración pública competente, en función de la actividad que en la misma se desarrolle.

II.- COMPOSICIÓNTIPOS DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA OFICINA JUDICIAL Y, ADEMÁS DE ELLAS, UNIDADES ADMINISTRATIVAS.-

Como ya ha quedado reflejado anteriormenteantes, las unidades de que se compone la oOficina judicial son por un lado las Unidades Procesales de Apoyo Directo y por otro los Servicios Comunes Procesales, organización que se establece en aras de racionalizar los medios personales y materiales a fin de optimizar el servicio prestado por la Administración de Justicia a los ciudadanos.

Las líneas básicas de cada una de las unidades en que se divide la Oficina judicial son las siguientes:

1. Unidades Procesales de Apoyo Directo.

 Asisten a jJueces y mMagistrados en el ejercicio de las funciones que les son propias (art. 437.1 LOPJ).

 Existirán tantas unidades como Juzgados o, en su caso, Salas o Secciones (art. 437.2).

 Contarán con un sSecretario jJudicial,. que pPor motivos de racionalización del servicio, un mismo sSecretario jJudicial podrá actuar en más de una de estas Uunidadesnidades (art. 437.3).

 Estarán dotadas con los puestos de trabajo necesarios para la atención del órgano de que se trate de acuerdo con el orden jurisdiccional al que pertenezcan, que se determinarán en las respectivas relaciones de puestos de trabajo (art. 437.4).

 La dotación básica de las Unidades de Apoyo Directo se determinará por el Ministerio de Justicia, previo informe del Consejo General del Poder Judicial y de las Comunidades Autónomas con competencias asumidas (art. 437.5).

 La plantilla funcionarial de estas unidades se limitará a la imprescindible para auxiliar y apoyar al jJuez o mMagistrado, dado que muchos de los trámites procedimentales que hasta ahora eran competencia de éstos serán asumidos en adelante por los Secretarios Judiciales, quienes los llevarán a cabo desde los Juzgados Servicios Comunes Procesales, a cuyo frente estarán.

2. Servicios Comunes Procesales.

 Son aquellas unidades de la Oficina Judicial que, sin estar integradas en un órgano judicial concreto, asumen labores centralizadas de gestión y apoyo en actuaciones derivadas de la aplicación de las leyes procesales (art. 438.1).

- Prestan su apoyo a todos o alguno de los órganos judiciales de su ámbito territorial, con independencia del orden jurisdiccional al que pertenezcan y la extensión de su jurisdicciónjurisdicción (art. 438.2).

- Sus funciones son: registro, reparto, actos de comunicación, auxilio judicial, ejecución de resoluciones judiciales y jurisdicción voluntaria (art. 438.3).

 El artículo 438.3, párrafo 2 LOPJ prevé la posibilidad de crear servicios comunes procesales que asuman la ordenación del procedimientotrámite u otras funciones distintas a las mencionadas anteriormente, en cuyo caso será preciso el con informe en todo casofavorable del CGPJ. El Ministerio de Justicia, en el modelo de Oficina judicial que propone, ha decidido hacer uso de la previsión legal, atribuyendo la ordenación del procedimiento a los Servicios Comunes Procesales y, en concreto, al que se viene a denominar en este documento Servicio Común de Ordenación del Procedimiento, por entender que ello contribuirá a la consecución de una Oficina judicial más ágil, eficaz y eficiente y a un mejor aprovechamiento de los recursos humanos, a fin de poder ofrecer el mejor servicio a los ciudadanos. Tal propósito coincide con el que idénticamente mantiene el Consejo General del Poder Judicial.

 Se podrán estructurar en secciones, dotadas de sus correspondientes puestos de trabajo, secciones que, a su vez, podrán dividirse en equipos (art. 438.4).

 Al frente de cada Servicio Común Procesal estará un sSecretario jJudicial, de quien dependerán funcionalmente el resto de los sSecretarios jJudiciales y el personal destinado en los puestos de trabajo en que se ordene el Servicio de que se trate (art. 438.5).

 La competencia para el diseño, creación y organización de los Servicios Comunes Procesales con funciones de registro y reparto, actos de comunicación, auxilio judicial, ejecución de resoluciones judiciales y jurisdicción voluntaria corresponde al Ministerio de Justicia y a las Comunidades Autónomas con competencias asumidas, en sus respectivos territorios. Las Salas de Gobierno y las Juntas de Jueces podrán solicitar al Ministerio y a las Comunidades Autónomas la creación de Servicios Comunes, conforme a las específicas necesidades (art. 438.3).

 Dada la amplitud de funciones que la LOPJ atribuye con carácter general a los Servicios Comunes Procesales y la posibilidad de crear Servicios Comunes de Ordenación del Procedimiento, que el Ministerio de Justicia propugna, se evidencia la necesidad de dotar de una amplia plantilla a los mismos.

 La asunción por los Servicios Comunes Procesales de la ordenación del procedimiento conllevará, lógicamente, la necesidad de acometer las correspondientes reformas legales, incluídas las normas procesales.Al contrario de lo que se decía más arriba, es decir, que en las Unidades Procesales de Apoyo Directo la plantilla se reducirá al mínimo, en estos Servicios Comunes Procesales en cambio, las plantillas serán más amplias. Máxime, cuando aparte de asumir funciones que actualmente se realizan en los Juzgados, puedan asumir todas aquellas que no estando previstas legalmente a día de hoy, pueda hacerse con la consiguiente reforma procesal, bien por que vengan previstas en la LOPJ, como es la ejecución y la jurisdicción voluntaria, bien porque se decida que determinados aspectos de la tramitación puedan residenciarse en los Secretarios Judiciales y afectando a tod

3. Unidades Administrativas (breve referencia).

Sin perjuicio de un desarrollo más extenso en epígrafe específico posterior, conviene en este momento destacar las siguientes notas:

 Son definidas por la LOPJ (art. 439) como aquéllas que sin estar integradas en la Oficina judicial, se constituyen en el ámbito de la Administración de Justicia para la jefatura, ordenación y gestión de los recursos humanos de la Oficina judicial sobre los que se tienen competencias, así como sobre los medios informáticos, nuevas tecnologías y demás medios materiales.

 Se prevé la posibilidad de crear dentro de dichas Unidades oficinas comunes de apoyo a una o varias Oficinas judiciales, para la prestación de servicios cuya naturaleza no exija la realización de funciones encomendadas como propias por la LOPJ a los funcionarios de los Cuerpos de la Administración de Justicia y que se consideren necesarios o convenientes para el buen funcionamiento de las Oficinas judiciales.

 La competencia para la creación de estas unidades y, en su caso, de las oficinas comunes, la atribuye el legislador al Ministerio de Justicia y a las Comunidades Autónomas con competencias asumidas, en sus respectivos ámbitos territoriales. Competencia que se extenderá a su diseño y organización.

 Los puestos de trabajo de estas Unidades podrán ser cubiertos con personal tanto de la Administración de Justicia como de la Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas.

III.-

III. FUNCIONES PROCESALES DE LOS DISTINTOS INTEGRANTES DE LA OFICINA JUDICIAL.-

1.- De los Secretarios Judiciales: (art.456)

i. Ejercicio de la fe pública judicial y documentación y expedición de testimonios (arts. 453.1 y 454.1y 3 LOPJ).

ii. Autorización y documentación del otorgamiento de poderes para pleitos (art. 453.3 LOPJ).

iii. Formación de autos y expedientes (art. 454.1 LOPJ).

iv. Responder del buen funcionamiento del registro de recepción de documentos (art. 454.3 LOPJ).
v. Organización, gestión, inspección y dirección del personal en aspectos técnicos procesales (art. 454.2 LOPJ).

vi. Promoción del empleo de medios técnicos, audiovisuales e informáticos de documentación, garantizando la autenticidad e integridad de lo grabado o reproducido (arts. 454.5 y 453.1, párrafo segundo LOPJ).

vii. Garantizar el reparto de asuntos conforme a las normas aprobadas por las Salas de Gobierno (art. 454.3 LOPJ).

viii. Información a las partes e interesados legítimos sobre el estado de las actuaciones judiciales no declaradas secretas ni reservadas (art. 454.4 LOPJ).

ix. Velar por el cumplimiento de las resoluciones judiciales (art. 452.2 LOPJ).

x. Dación de cuenta (art. 455 LOPJ).

xi. Impulsar el proceso en los términos que establezcan las leyes procesales, Ddictandorá al efecto las resoluciones necesarias para la tramitación del proceso, salvo las reservadas a jJueces y mMagistrados (resolución que pone término al procedimiento del que tenga atribuida exclusiva competencia, o cuando sea preciso o conveniente razonar su decisión (art.456 LOPJ).

iii. xii. Además tendrán competencias, cuando lo prevean las leyes procesales, en las siguientes materias:
a. La ejecución salvo las exceptuadas por las leyes procesales,
b. Jurisdicción Voluntaria, asumiendo su tramitación y resolución
c. Conciliaciones, llevando a cabo la labor mediadora que les sea propia,
d. Cualesquiera otras que expresamente se prevean.

Además de las anteriores funciones, competerán al Secretario Judicial las siguientes:

 Llevanza de los libros de registro, estadística judicial y gestión del archivo judicial (arts. 458.1 y 3, y 461 LOPJ).

 Responder del depósito de bienes y objetos afectos a procesos judiciales y de las piezas de convicción, así como de las consignaciones y fianzas que se produzcan (art. 459 LOPJ).

 Colaborar con las CCAA con competencias asumidas para la efectividad de las funciones que éstas ostenten en materia de medios personales y materiales, pudiendo articularse dicha colaboración a través de Comisiones Mixtas (art. 452.3 LOPJ).

 Colaborar con la Administración Tributaria en la gestión de los tributos que les sea encomendada (art. 460 LOPJ) .

2.- De los funcionarios integrantes del

2. cCuerpo de gGestión pProcesal y Administrativa:

Les corresponde la colaboración en la actividad procesal de nivel superior, así como la ejecución de tareas procesales propias. Con carácter general y sin perjuicio de las funciones concretas del puesto de trabajo que desempeñen, corresponderán a los funcionarios de este Cuerpo las siguientes funciones:

i. Gestionar la tramitación de los procedimientos, dando cuenta ala sSecretario jJudicial, en particular cuando se exija una interpretación de ley o normas procesales.

ii. Practicar y firmar comparecencias que efectúen las partes en relación con los procedimientos que se sigan en el órgano judicial, con capacidad de certificacióncertificación.

iii. Documentar embargos, lanzamientos y demás actos cuya naturaleza lo requiera.

iv. Extender, notas que tengan por objeto unir al procedimiento datos o elementos que no constituyan prueba en el mismo, ...así como elaborar notas, que podrán ser de referencia, de resumen de autos y de examen del trámite a que se refieran,, función que tendrá carácter decisivo para los funcionarios de las Unidades de Apoyo Directo.

v. Registro, recepción y distribución de escritos y documentos., relativos a asuntos que se estuvieran tramitando en Juzgados y Tribunales,

vi. Expedir copias simples de escritos y documentos no declarados secretos ni reservados.,

vii. Ocupar las jefaturas en que se estructuran las Unidades de Apoyo Directo y los Servicios Comunes Procesales, en lo que corresponda a estos funcionarios.

viii. Colaborar con los órganos competentes en materia de gestión administrativa, desempeñando funciones relativas a la gestión del personal y medios materiales de la unidad de la Oficina judicial en la que presten sus servicios, según las relaciones de puestos de trabajo.

ix. Desempeñar, en su caso, la Secretaría de la Oficina Judicial de los Juzgados de Paz o de las Agrupaciones de Secretarios de Juzgados de Paz.

x. Actuar como Secretarios sustitutos en la forma y con los requisitos que reglamentariamente se establezcan.

xi. Desempeñar puestos en las Unidades Administrativas cuando así estuviera contemplado en las relaciones de puestos de trabajo.

xii. Controlar la realización de las notificaciones de suspensiones de señalamientos, a fin de evitar traslados innecesarios a los intervinientes en el proceso.

xiii. Actualizar el registro informático, de forma que el mismo refleje siempre fielmente el estado del procedimiento.

xiv. Controlar los plazos procesales, a fin de evitar paralizaciones innecesarias en la tramitación de los procedimientos.

xv. Colaborar con los Servicios Comunes y Unidades Administrativas, manteniendo una estrecha cooperación y coordinación con los mismos, al objeto de prestar el mejor servicio posible a los ciudadanos desde la Administración de Justicia.

xvi. Supervisar la necesidad de intérprete para una determinada actuación procesal y gestionar la designación del mismo a fin de evitar suspensiones y dilaciones.

xvii. Gestionar los partes de incoación de los procedimientos penales, en la forma legalmente prevista, para su remisión a Fiscalía.

xviii. Controlar el tránsito de los expedientes entre las Unidades de Apoyo Directo y los Servicios Comunes Procesales, y en su caso, Fiscalías.

xix. Realizar aquellas funciones que legal o reglamentariamente se establezcan y cualesquiera otras de naturaleza análoga a las anteriores que les sean encomendadas por sus superiores jerárquicos, orgánicos o funcionales, en el ejercicio de sus competencias.

Se considera deseable, y así se propone por este Departamento, que los funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa que hayan de quedar adscritos a las Unidades de Apoyo Directo de las distintas Salas y/o Secciones del Tribunal Supremo sean Licenciados en Derecho, cualificación ésta que se hará constar en las correspondientes Relaciones de Puestos de Trabajo, convirtiendo tales puestos en singularizados.

3.- De los funcionarios integrantes del cCuerpo de tTramitación Pprocesal y aAdministrativa:

Les corresponde con carácter general la realización de cuantas actividades tengan carácter de apoyo a la gestión procesal, según el nivel de especialización del puesto desempeñado, bajo el principio de jerarquía y de conformidad con lo establecido en las relaciones de puestos de trabajo. Sin perjuicio de las funciones concretas de cada puesto de trabajo, corresponden a los funcionarios de este Cuerpo las siguientes:

i. Tramitación de los procedimientos mediante el empleo de medios mecánicos u ofimáticos, para lo cual confeccionarán cuantos documentos, actas, diligencias, notificaciones y otros les sean encomendados, así como copias de documentos y unión de los mismos a los expedientes.

ii. Registro y clasificación de la correspondencia,.

iii. Formación de autos y expedientes, bajo la supervisión del superior jerárquico.,

iv. Confección de cédulas para la práctica de los actos de comunicacióncomunicación.,

v. Desempeño de aquellas jefaturas que se les asignen en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo.

vi. Adecuar el sistema informático a la realidad del estado del procedimiento.,

vii. Controlar la realización de las citaciones necesarias para la celebración de los actos señalados.

viii. Mantenimiento de la agenda de señalamientos.

ix. Transcripción de informes, resoluciones y otros textos.

x. Realización de aquellas funciones que legal o reglamentariamente se establezcan y de cualesquiera otras funciones de naturaleza análoga a las anteriores.... que les sean encomendadas por sus superiores jerárquicos, orgánicos o funcionales, en el ejercicio de sus competencias.

xi. Posibilidad de ocupar puestos en las Unidades Administrativas.

4.- De los funcionarios integrantes del Cuerpo de Auxilio Judicial:

Corresponde a los funcionarios de este Cuerpo, con carácter general, la realización de cuantas tareas tengan carácter de auxilio a la actividad de los órganos judiciales, de acuerdo con lo establecido en las relaciones de puestos de trabajo. Así, pueden ser citadas las siguientes:

i. La práctica de los actos de comunicación que consistan en notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos, en la forma prevista en las leyes procesales (con capacidad de certificación).

ii. Como agentes de la autoridad, proceder a la ejecución de embargos, lanzamientos y demás actos cuya naturaleza lo requiera.
,
iii. Actuar como Policía JudicialJudicial con el carácter de agente de la autoridad, sin perjuicio de las funciones que competen a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.,

iv. Realizar funciones de archivo de autos y expedientes judiciales, bajo la supervisión del sSecretario judicialjudicial.,

v. Velar por las condiciones de utilización de las Salas de Vistas, mantener el orden en las mismas y Ccomprobar que los medios técnicos necesarios para el proceso judicial se encuentren en condiciones de utilización, requiriendo, en su caso, la presencia de los servicios técnicos que correspondan.,

vi. Desempeño de aquellas jefaturas que les estén asignadas en las relaciones de puestos de trabajo.

vii. Posibilidad de ocupar puestos en las unidades administrativas.

viii. Facilitar información general en los puntos de atención al público, entregando folletos, impresos, etc., así como en los puntos de atención a profesionales.

ix. Elaborar listados de notificaciones remitidas a los Salones de Procuradores.

x. Control de las notificaciones devueltas.

xi. Elaboración y control del listado de actos de comunicación remitidos al Servicio Común correspondiente.

vii.xii. Realización de aquellas funciones que legal o reglamentariamente se establezcan y de cualesquiera otras funciones de naturaleza análoga a las anteriores.... que les sean encomendadas por sus superiores jerárquicos, orgánicos o funcionales, en el ejercicio de sus competencias.

5.- Funciones a realizar por los Gestores y Tramitadores de las Unidades de Apoyo Directo:

De entre todas aquellas funciones atribuídas por el artículo 476 de la LOPJ a los Gestores Procesales, en el nuevo diseño de oficina judicial que ahora se propone los adscritos a las Unidades de Apoyo Directo realizarían todas las siguientes:

 Gestionar la tramitación no atribuida al Servicio Común de Ordenación del Procedimiento. Debe tenerse en cuenta que aún cuando gran número de los trámites procesales van a ser residenciados en el Servicio Común de Ordenación del Procedimiento, sin embargo quedan trámites que por su carácter decisorio parece lógico que se lleven a cabo en la Unidad de Apoyo Directo. Piénsese, por ejemplo, en los relativos a admisión o inadmisión de demandas o a la resolución de cuestiones planteadas en las audiencias previas del juicio ordinario en aquellos supuestos en que el Juez o Magistrado no venga a resolver oralmente en dicho acto, sino que posponga su resolución en la forma y casos legalmente previstos. No puede olvidarse tampoco el gran número de resoluciones interlocutorias (intervención provocada, sucesión procesal, declinatorias, examen de oficio de la competencia, acumulaciones de autos, etc.) que también quedarán residenciadas en las Unidades de Apoyo; igual ocurrirá con la resolución de los recursos de reposición o reforma o con la adopción de medidas cautelares, especialmente si se dictan inaudita parte. En todos estos casos la labor de ayuda que el Gestor procesal puede y debe prestar al Juzgador resulta evidente, ya que con el ejercicio de las funciones reseñadas ilustrará al Juez o a la Sala, permitiéndoles tener de una forma rápida y cómoda un conocimiento exacto del estado del procedimiento, de sus antecedentes y de sus vicisitudes procedimentales.

 Elaborar notas de referencia, de resumen de autos y de examen del trámite, como principales colaboradores del Juez o Magistrado en la preparación de la sentencia.

 Practicar y firmar, con capacidad de certificación, comparecencias que efectúen las partes ante la Unidad de Apoyo Directo en aquellos momentos del procedimiento en que los autos se hallaren físicamente en dichas Unidades. Un ejemplo: el desistimiento o la declaración de satisfacción extraprocesal inmediatamente previos a la celebración de la audiencia previa o de la vista.

 Expedir copias simples de escritos y documentos solicitadas por las partes, intervinientes e interesados legítimos cuando las actuaciones se encontraren en la Unidad de Apoyo.

En lo que respecta al Tramitador Procesal adscrito a la Unidad de Apoyo Directo, serían funciones a realizar por el mismo:

 Recepción, registro, y clasificación de la correspondencia que se recibiera en la Unidad de Apoyo, procedente o no del Servicio Común de Registro.

 Los hitos de traFormación de autos y expedientesmitación general de los procesos no atribuídos al Servicio Común de Ordenación del Procedimiento. Ya ha sido resaltada, al examinar la figura del Gestor de la Unidad de Apoyo, la importancia y necesidad de la gestión de los trámites residenciados en dicha Unidad. Esta gestión procesal se materializará en los autos a través de la confección de documentos elaborados por el Tramitador mediante el empleo de medios ofimáticos o mecánicos, siguiendo las instrucciones del Gestor Procesal y ocupándose también de la unión a los autos de dichos documentos o de los aportados por las partes ante la Unidad de Apoyo, como sucederá, por ejemplo, con los que sean aportados en la Audiencia Previa del procedimiento civil ordinario, en los juicios verbales, juicios de faltas, juicio oral ante el Juzgado de lo Penal, etc.

 Confección, en determinados supuestos, de las cédulas para la práctica de los actos de comunicación. Como se reflejará en el presente documento al analizar distintos procedimientos, tanto en aras a evitar disfunciones como para lograr mayor operatividad, se entiende necesaria la existencia de un Tramitador Procesal en la Unidad de Apoyo para realizar materialmente la confección de las correspondientes cédulas, oficios y mandamientos acordados en dicha Unidad, aún cuando estos actos de comunicación sean practicados por el correspondiente Servicio Común Procesal.

PARTE SEGUNDA: ELEMENTOS ORGANIZATIVOS BÁSICOS DE LA OFICINA JUDICIAL.

A la luz de los principios inspiradores de la vigente LOPJ, en cuanto al diseño de la Oficina judicial se refiere, es necesario separar la estricta función jurisdiccional de aquella otra actividad procesal, incluida la ordenación del procedimiento, que sirve de apoyo material al ejercicio de la citada función.

Así, en el nuevo modelo de Oficina judicial los Servicios Comunes dan soporte a funciones procesales en las que no es necesaria la intervención del Juez o Magistrado. Con ello se permite, como ya se mencionaba en la Introducción de este documento, que el Juez o Tribunal puedan ejercer la potestad jurisdiccional sin tener que ocuparse de la supervisión del órgano judicial; que el Secretario Judicial lleve la dirección de la Oficina judicial de forma exclusiva en todas aquellas funciones que la ley le atribuya y dirija igualmente el impulso y tramitación del procedimiento; y que el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias asumidas se ocupen de la gerencia y organización de los medios personales y materiales al servicio de la Administración de Justicia.

Con este planteamiento se consigue que el Juez preste toda su dedicación y esfuerzo a la resolución de los litigios, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 117 de la Constitución Española y en distintas Directivas de la Unión Europea, descargándole de tareas no estrictamente judiciales.

Se exponen a continuación los elementos organizativos básicos de la Oficina judicial cuyo diseño se propone en los distintos órdenes jurisdiccionales y para cada una de las clases de órganos, unipersonales o colegiados, de dichos órdenes.

I.- EN EL ORDEN JURISDICCIONAL CIVIL.

1.- Dotación Básica en los Juzgados de Primera Instancia, Secciones Civiles de las Audiencias Provinciales y Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo.

En atención a todo lo expuesto hasta ahora, y teniendo presente que se ha optado por la creación de Servicios Comunes Procesales de Ordenación del Procedimiento, el Ministerio de Justicia propone para el orden jurisdiccional civil, en partidos judiciales con jurisdicciones separadas, la dotación básica de las Unidades de Apoyo Directo que a continuación se expone, y asimismo los correspondientes Servicios Comunes Procesales en el ámbito territorial que al Ministerio compete.

a.- Órganos Unipersonales:

 Unidad de Apoyo Directo, contará con:

 Un Secretario Judicial que estará adscrito al Centro de Destino de que se trate, formado por el conjunto de Unidades Procesales de Apoyo Directo a órganos judiciales unipersonales pertenecientes al orden jurisdiccional civil que radiquen en el mismo municipio (art. 521.3 A) LOPJ). Un mismo Secretario Judicial actuará al frente de dos Unidades de Apoyo, conforme a la previsión contenida en el artículo 437 de la LOPJ.

No obstante lo anterior, y de forma excepcional, para los supuestos en que por razón del servicio no fuere posible la sustitución entre los Secretarios adscritos a las Unidades de Apoyo del mismo Centro de Destino, se procederá al llamamiento de un Secretario Judicial integrado en los Servicios Comunes Procesales, siempre que dichas funciones estuviesen previstas en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo.

 Un funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa.

 Un funcionario del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.

 Servicios Comunes Procesales, entre los que se pueden citar:

 Servicio de Registro y Reparto.
 Servicio de Actos de Comunicación.
 Servicio de Auxilio Judicial.
 Servicio de Ejecución.
 Servicio de Jurisdicción Voluntaria.
 Servicio Común de Ordenación del Procedimiento.

El resto de los Secretarios Judiciales (no adscritos al conjunto de las Unidades Procesales de Apoyo Directo), estarán adscritos al Servicio Común Procesal, a cuyo frente habrá un Secretario Judicial del que dependerán funcionalmente el resto de Secretarios y el personal destinado en los puestos de trabajo en que se ordene el Servicio, personal que estará configurado por los funcionarios integrantes de los Cuerpos de Gestión y Tramitación Procesal no destinados en las Unidades Procesales de Apoyo Directo que se consideren necesarios, así como por todos los funcionarios integrantes del Cuerpo de Auxilio Judicial, excepto los que puedan estar destinados en las Unidades Administrativas.

b.- Órganos colegiados:

o Secciones Civiles de las Audiencias Provinciales:

 Unidad Procesal de Apoyo Directo:

Con igual dotación que la de los órganos unipersonales, esto es, un Secretario para cada dos Secciones y un Gestor y un Tramitador por cada Sección.

 Servicio Común Procesal, que realizará, entre otras, las siguientes funciones:

 Registro y reparto.
 Ordenación del procedimiento.
 Actos de comunicación.

Estas funciones serán asumidas por los Servicios Comunes Procesales de los Juzgados Unipersonales, salvo en el caso de Audiencias Provinciales en las que por el número de Secciones, carga de trabajo de las mismas, o por cualquier otra circunstancia, como por ejemplo la ubicación en sedes distintas de las de los órganos unipersonales, se justificara la creación de un Servicio Común Procesal propio para la Audiencia Provincial.

o Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo:
 Unidad Procesal de Apoyo Directo de la Sala, o en su caso, de las Secciones de la misma. Contará con:

 Un Secretario para la Sala o, en su caso, un Secretario para cada Sección en que la Sala pudiera constituirse.
 Un Gestor por cada Magistrado.
 Un Tramitador por cada Magistrado.

 Servicio Común Procesal, que será exclusivo para dicho órgano y compartido para todas sus Salas, atendiendo a que el Tribunal Supremo extiende su jurisdicción a todo el territorio nacional y tiene su sede en Madrid. Este Servicio realizará, entre otras posibles, las funciones de registro y reparto, ordenación del procedimiento y actos de comunicación.

c.- Justificación de la dotación propuesta:

c’.- Órganos unipersonales.

Ha de tenerse en cuenta la distribución de funciones y competencias entre Juez y Secretario realizada por la LOPJ, pudiéndose distinguir:

 Funciones que han quedado atribuidas a los Servicios Comunes Procesales (art. 438 LOPJ), y a cargo, por tanto, de los Secretarios Judiciales, como son las de:

 Registro y reparto.
 Actos de comunicación.
 Auxilio judicial.
 Ejecución de resoluciones judiciales .
 Jurisdicción voluntaria.

 Competencias atribuidas expresamente a los Secretarios Judiciales (art. 456 LOPJ):

 Impulso del proceso, dictando a tal efecto las resoluciones necesarias para su tramitación, salvo aquéllas que las leyes procesales reserven a jueces o tribunales.
 Ejecución, en la forma determinada en las leyes procesales.
 Tramitación y resolución de la Jurisdicción voluntaria.
 Conciliaciones.
 Cualesquiera otra que expresamente se prevean.

 Funciones de posible atribución a los Servicios Comunes Procesales (art. 438.3,párrafo 2 LOPJ):

 Ordenación del procedimiento (Servicio Común de Ordenación del Procedimiento), por cuya creación opta el Ministerio de Justicia.

En relación con las funciones reseñadas en último término, -ordenación del procedimiento-, atendiendo a la conveniencia, ya mencionada anteriormente, de separar la función estrictamente judicial de aquella otra actividad procesal que le sirve de apoyo para así lograr una mayor agilidad, eficacia, eficiencia y, por ende, un servicio más próximo y de calidad para el ciudadano, se ha optado por atribuir la tramitación del proceso a los Servicios Comunes, y en concreto al que se ha dado en denominar Servicio Común de Ordenación del Procedimiento, todo ello en consonancia con los textos legales que resulten de la necesaria reforma de las Leyes procesales a tal fin. Se expone a continuación un ejemplo o modelo de la posible nueva distribución de funciones entre el Juez y el Secretario Judicial en lo relativo a la tramitación del proceso civil.

1.- Nueva distribución de funciones.

Tomando como ejemplo el juicio ordinario, nos encontramos en la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC) toda una serie de actuaciones procesales atribuidas al Juez que entrañan en realidad actos de mero impulso del proceso y cuyas consecuencias jurídico-procesales están predeterminadas en la Ley, por lo que pueden y deben ser atribuidas al Servicio Común de Ordenación del Procedimiento, y por tanto a los Secretarios Judiciales que presten allí sus servicios. Pudiendo reseñar como tales actuaciones, entre otras y sin ánimo alguno de exhaustividad, sino únicamente de pedagogía sobre el modelo que se propone, las siguientes:

 Requerimiento para subsanación de demandas con defectos de carácter formal.
 Requerimiento para subsanación de contestaciones a la demanda con defectos de carácter formal.
 Traslado al actor en caso de alegación en la contestación a la demanda de crédito compensable.
 Traslado al actor en caso de alegación en la contestación a la demanda de nulidad del negocio jurídico.
 Sobreseimiento del proceso en caso de incomparecencia de ambas partes o de comparecencia única de la parte demandada que no alegue interés legítimo en la continuación del procedimiento.
 Señalamiento del juicio o vista.
 Nuevo señalamiento del juicio en determinados supuestos (impedir la celebración del juicio la continuación de otro señalamiento pendiente del día anterior, indisposición sobrevenida del Juez o Magistrado, tener el abogado defensor d

Paco Cabo · #2 Mensaje por **Paco Cabo** » Mar 14 Sep 2004 1:04 am

Como veo que no está todo el texto, seguramente por la extensión del mismo, he colgado en la siguiente dirección http://secretarios.webcindario.com/ el documento completo dada la importancia del mismo.

Además y por si alguien no los tiene todavía, también he colgado el proyecto de reglamento de régimen disciplinario (que es común para secretarios y demás cuerpos) y el proyecto de reglamento de provisión de vacantes de funcionarios.

Saludos

Curioso · #3 Mensaje por **Curioso** » Mar 14 Sep 2004 10:48 am

¿ De donde es el documento "propuesta sobre nuevo diseño oficina judiial?, del Ministerio, de alguna organización?

Paco Cabo · #4 Mensaje por **Paco Cabo** » Mar 14 Sep 2004 4:37 pm

Del Ministerio

churumbel · #5 Mensaje por **churumbel** » Mar 14 Sep 2004 5:31 pm

El documento es del Ministerio, pero el 26 de julio lo ha pactado tal cual con las CCAA en la Conferencia Sectorial.

Y una muestra de la forma de trabajo: Ver el tema "nueva oficina y ejemplo práctico: el juicio ordinario civil"

interesado · #6 Mensaje por **interesado** » Mar 14 Sep 2004 10:50 pm

Preguntarle a Paco Cabo si el reglamento de regimen disciplinario esta modificado por el Ministerio o por él haciendo quizas referencia a lo que se deberia incluir, pues el mismo difiere bastante del primer borrador que se entrego.
Gracias y recibe un cordial saludo.

Paco Cabo · #7 Mensaje por **Paco Cabo** » Mié 15 Sep 2004 1:05 am

Hasta lo que yo sé, ese reglamento es el último que entregó a los sindicatos en Julio.

Cuando lo conseguí me lo imprimí sin leerlo en pantalla y siempre he trabajado con la copia impresa (en blanco y negro) y ahora he vuelto a abrir el archivo original y compruebo que hay párrafos en rojo, por lo que no sé si dichos párrafos están añadidos por algún sindicato o ya venían así de la cocina ministerial.

De todas formas mañana averiguaré si ese es el último o hay otro posterior.

Saludos

interesado · #8 Mensaje por **interesado** » Mié 15 Sep 2004 3:18 pm

Muchas gracias por el interes.
Me gustaria hacerte dos preguntas:
1) En el texto de la oficina judicial "in fine" se indica lo siguiente:
El Ministerio de Justicia ha comenzado a trabajar en la posible adecuación de normas procesales al nuevo diseño de oficina judicial, e incorpora como anexos a este documento los primeros estudios realizados, aún sin la profundización necesaria, para la revisión de los articulados de las siguientes normas de carácter procesal:

· Anexo I: Ley de Enjuiciamiento Civil.
· Anexo II: Ley de Enjuiciamiento Criminal.
· Anexo III: Ley de Procedimiento Laboral.
· Anexo IV: Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.
· Anexo VI: Ley Concursal.

En estos anexos aparecerán destacadas en color rojo aquellas intervenciones en la tramitación del pleito que en los citados textos legales hoy vigentes aparecen como competencia del Juez o Magistrado y que para el correcto funcionamiento de la nueva Oficina judicial deberían ser asumidas por los Secretarios Judiciales, según la distribución de funciones que a tenor de lo regulado en la LOPJ han quedado reflejadas a lo largo de este documento.

¿Podrias igualmente facilitar los referidos anexos?

2º) ¿Sabes de que fecha es el referido documento sobre la oficina judicial?

Muchisimas gracias y recibe un cordial saludo.

Paco Cabo · #9 Mensaje por **Paco Cabo** » Jue 16 Sep 2004 7:08 pm

Hola Interesado.

Lo siento pero todavía no tengo a ningún primo en el Ministerio. Los documentos que he colgado son los que circulan por ahí y que los facilitan los sindicatos.

Ya quisiera yo tener los anexos, pero cuando los consiga los colgaré en el mismo sitio.

Respecto a la fecha del documento, tal como ya ha apuntado churumbel, es el que se entregó en Julio a las CC.AA, aunque según mis noticias no está pactado con las mismas, sino que están en fase de estudio y pendientes de convocar una conferencia sectorial.

Saludos

canso · #10 Mensaje por **canso** » Mié 22 Sep 2004 2:09 pm

Ay! Virgen Santa.¿ Otra vez el coñazo del diseño?. Si esto no es onanismo legislativo, que venga Dios y lo vea.

Invitado · #11 Mensaje por **Invitado** » Mié 22 Sep 2004 3:15 pm

¿pero a que hace bonito?

Candido · #12 Mensaje por **Candido** » Jue 23 Sep 2004 1:45 pm

He leido por encima parte del documento, en concreto los juzgados de instancia y la cosa parece de locos. Se presenta la demanda ante el servicio de registro y reparto, este la manda al servio de ordenacion que la depura de vicios formales, este la manda a la unidad de apoyo que la admite a tramite y hace la cédula, una vez hecha la manda la servico de notificaciones para que cite, este lo devuelvea la uap. cuando he llegao aquí he parado porque me parecía un disparate apenas ha empezado el procedimiento y la demanda ya ha pasado por cuatro organos distinos con jefes distintos, El mero hecho de que no se perdiera ya sería un logro.

Funcionaria · #13 Mensaje por **Funcionaria** » Jue 23 Sep 2004 2:29 pm

No preocuparos "tontos", todo se trata de una broma, no va en serio.

Invitado · #14 Mensaje por **Invitado** » Jue 23 Sep 2004 5:00 pm

gracias, no me habia dado cuenta, es como el Gatopardo de Lampedusa: los "funcionarios" vais a cargaros con mucha más responsabilidad por dos duros, mientras los de "siempre" se van a llenar los bolsillos (estoy hablando de los jueces)

Invitado · #15 Mensaje por **Invitado** » Jue 23 Sep 2004 7:35 pm

Eso de que no van en serio ya lo veremos. Basicamente el nuevo diseño es el proyecto de oficina judicial que tenía el Gobierno Vasco cuando gobernaba en coalición con los socialistas. Ahora los socialistas están en el poder a nivel nacional, la consecuencia es fácil.
Si el diseño es farragoso y difícil de que funcione en la práctica ya lo veremos, pero la mayoría es la que manda.

Invitado · #16 Mensaje por **Invitado** » Jue 23 Sep 2004 7:46 pm

no olvidemos que cuando gobenaban PNV-PSOE la consejería de justizia (asi llaman al invento) estaba en manos del PSE-PSOE. Así que saben de sobra del petardo éste.

Invitado · #17 Mensaje por **Invitado** » Vie 24 Sep 2004 12:30 am

Entre tantas ideas y venidas ¿se podrá saber en un determinado momento dónde están los papeles?, ¿SE PERDERÁN MUCHOS POR EL CAMINO? ¿qué Secretario Judicial será responsable: el que los envió o el que no los recibió? ¿o será responsable el jefe del servicio común -ojo que también pueden ser Gestores, Tramitadores o Auxiliadores- encargado del transporte?

con mucha ilusión · Vie 24 Sep 2004 12:00 pm

Mi contestación va especialmente dirigida a Candido, con la unica pretensión de pediros que por favor os impliqueis en esta reforma, y de una forma especial los secretarios, gestores, tramitadores y auxiliadores, pues somos los integrantes de la oficina judicial y por tanto los afectados. Dicho esto, decirte Candido, que el hecho de que la demanda se presente en un servicio comun de registro y reparto ,no es una novedad, este servicio funciona ya y lo hace estupendamente, a los juzgado nos facilita el trabajo, la demanda, la denuncia, el procedimiento, entra en este servicio, lo registran informáticamente y lo reparte, cuando llega a su destino hoy juzgados o secciones de la audiencia, lo aceptas informáticamente y fisicamente, con la comodidad de que muchos de los datos ya los tienes en el sistema informatico.Una vez en poder de la upa , esta incia el tramite, o en su caso el servico de ordenacion del procedimiento,todas las citaciones y notificaciones wque necesite realizar ,las pasa al servicio de notificaciones y citaciones(servicio que ya funciona), con lo que lamentablemente Candido te has que dado sin enterarte de donde empieza realmente larevolucionartia reforma de la oficina judicial, por lño que te pido a ti y atodos que os dediqueis a segir estudiando y aprovechando estas páginas para exsdponer vuestras ideas, por muy revolucionarias que os puedan parecer, pero siempre con la ilusion y las ganas que tan necesarias son. Un fuerte abrazo y hasta pronto

Candido · #19 Mensaje por **Candido** » Vie 24 Sep 2004 12:31 pm

Como es normal ya se que funcionan los servicios de registro y de notificaciones y por eso precisamente lo digo. El funcionamiento de dichos servicios, especialmente el último, no esta siendo modelico que digamos. Trabajan regular, pero no por mala intención, sino por que para ellos lo mismo esta hecho el trabajo si la citacion es positiva como si es negativa, les da igual que el asutno sea urgente o no y les da igual, porque no lo saben, que el asunto sea delicado o no.
Pues muy bien multiplica esta intevencion por todos los servicios que intervienen y veras el caos.
Estoy de acuerdo con la ley pero no con esta estructura, creo que deberían crear servicios comunes que se ocupen de parcelas relativamente autonomas y descarguen a los juzgados y no servicios y unidades que actuan de forma coincidente.

Carlos Valiña · Vie 24 Sep 2004 11:33 pm

Aunque trabajo en un Servicio Comun y creo que no todos los Servicios trabajan mal, tambien los juzgados mandan diligencias mal, lamento contradecir a con mucha ilusion y apuntarme a la tesis del desastre:

Simplemente para hacer lo mismo que se hace ahora habra que incrementar la plantilla un 25 o un 30%. Se produce el problema de escala. Yo prefiero una mesa con 1000 expedientes quietos a una mesa con 500, si esa mesa esta en una habitacion donde hay veinte mesas mas con 500. Porque eso significa que hay 10.000 expedientes en la misma dependencia y solo para ordenar eso, buscar los que se pierdan, controlar el trafico y demas, sera un caos. La administracion aprovechara tambien para intentar suprimir los interinos y habra que coter mas mesas, y claro no funcionara y habra que incrementa la plantilla.

Si a eso le añades que los 20.000 expedientes no estan quietos sino que van a cambiar 5-10 veces de manos durante su tramitacion, veremos lo que yo vi en mi anterior destino, donde bajaban del orden de 30 carros de continente diarios de procedimientos a notificaciones, esto es, expedientes que se pierden, que se parten porque las grapas no aguantan y se pierde la mitad, interminables listados de entrada y salida, horas y horas perdidas en acarreos para aca y para alla, reconstrucciones de autos....en fin un desproposito total.

En Algeciras en estos momentos se ha agotado el presupuesto para obras menores, por ejemplo cambiar un grifo y en principio solo se atienden emergencias. Imaginate lo que supone tirar todos los tabiques de los edificios judiciales y rehacerlo todo. Mientras estas de obras ¿donde metes a la gente? Si por mal diseño aparecen destinos comodos la gente se ira a los mismos, y ¿quien quedara para los puestos menos apetitosos?, interinos y provision temporal, con todos mis respetos para ambos, pero en terminos medios con menor experiencia y conocimientos. Destrozaras los pocos equipos medio armados que aun quedan...

No ha mucho me preguntaba alguien sobre el tema y me decia que al parecer iba a haber una experiencia piloto, yo simplemente le conteste, "procura que comiencen a pilotar en otro sitio...."

Quien conoce solamente un poco la naturaleza humana, y solamente un poco la tendencia de la administracion a elegir siempre de todas las opciones posibles, la peor, o la mas absurda, seguira agarrado al mismo clavo al que se agarro el primer dia:

"Virgencita que me dejen como estoy..."

La formula del juzgado es buena, pero si un juzgado levanta 100 kilos y le pones 300 y se hunde no digas que es un problema de la formula, es problema de que no hay unidades suficientes para hacer frente a la litigiosidad.

Parece mentira que nadie ponga un poco de cordura en esto y frene esta locura, pero asi es el pais que tenemos.

Saludos desde el clavo.

Invitado · #21 Mensaje por **Invitado** » Sab 25 Sep 2004 12:33 am

Para los que pensaban que la cosa iba de broma. En una web se lee lo siguiente:

justicia

La Junta diseña en Huelva una nueva oficina judicial

La capital onubense acogió ayer una reunión de la comisión técnica encargada del proyecto

huelva. La Consejería de Justicia y Administración Pública está diseñando en Huelva el nuevo modelo de oficina judicial de lo Social y lo Contencioso-Administrativo, que se implantará de forma experimental a partir de principios del 2005 y contribuirá a mejorar el funcionamiento de estos órganos judiciales. El secretario general de Relaciones con la Administración de la Jus-ticia, Carlos Toscano, y el delegado provincial de Justicia, Gabriel Cruz, se reunieron ayer en Huelva con los miembros de la comisión técnica encargada de elaborar este nuevo modelo.
Esta comisión elaborará la propuesta para la creación de la nueva oficina que se desarrollará en toda Andalucía.
La nueva oficina judicial aboga por la especialización de profesionales y la clarificación en la asignación de funciones, con lo que se conseguirá una mayor y mejor atención al ciudadano mediante el desarrollo de una Administración de Justicia más ágil y eficaz.
El proyecto de esta oficina conllevará una reforma en la organización, métodos de trabajo y gestión en esta administración. Andalucía será pionera en la implantación del nuevo modelo de oficina judicial, contemplado en la Ley Orgánica del Poder Judicial, y que supondrá un coste inicial para la Junta de 17 millones de euros. "

PILAR Gª.- GALAN MOLINA · Jue 30 Sep 2004 7:19 pm

Pongo en vuestro conocimiento la noticia aparecida hoy en la Web del CSI-CSIF, y pregunto ¿Tenemos en realidad conocimiento de como va a ser la nueva oficina Judicial,(ademas de menos productiva), o es ahora cuando se esta en realidad fraguando la extructura en el Ministerio?. Según tenia entendido se comenzó a trabajar en ello a primeros de Octubre.-

"Incumplimiento Acuerdo Mº Justicia
julianapostata Wednesday, 29 September a las 20:47:19
EL MINISTERIO DE JUSTICIA NO PIENSA CUMPLIR A estas alturas ya podemos afirmar, a pies juntillas, que el Ministerio de Justicia no piensa cumplir íntegramente los acuerdos a los que se llegó con el anterior equipo ministerial. Por ahora nos ahorraremos comentarios respecto de incumplimientos de acuerdos por unos Gobiernos respecto de anteriores de otro color, que no constituyen el tema de este comunicado. En palabras del nuevo Director General de Relaciones con la Administración de Justicia, además de reservarse el derecho a interpretar los acuerdos de la forma más favorable para la Administración, solo van a cumplir los acuerdos publicados en el BOE. Esto significa: 4º) La propuesta de Reglamento General de Ingreso y Provisión de Puestos de Trabajo es totalmente anacrónica, pues se basa en los principios que inspiran la legislación de función pública, único motivo del fracaso de dicho modelo de Administración que ahora se quiere trasladar a la nuestra. Es una reglamentación que en cuanto a provisión de puestos e ingreso deja la determinación de las bases de concursos y oposiciones a las respectivas convocatorias, con la gran dosis de inseguridad que eso produce, y da pié a convocatorias de concursos de méritos o de libre designación a la carta. Por ello, CSI-CSIF presentará en Mesa de Negociación más de 250 modificaciones a dicho texto. De momento sólo hemos presentado cuatro cuestiones básicas, para forzar la negociación y no solamente, como ya nos tienen acostumbrados unos gobiernos y otros, a que recojan dos propuestas de cada uno y en una sesión den por cerrado y negociado el tema. 5º) Por si alguien tenía dudas, hace pocas fechas conseguimos tener acceso a un documento importantísimo, como es la estructuración de la nueva oficina Judicial, cuando al parecer ya está negociada con las CC.AA. y con los colectivos de la Judicatura y Secretarios. ¿Qué piensan negociar entonces con nosotros? ¿Por qué no nos han convocado aún para explicarnos y negociar dicha propuesta, que necesariamente se ha de casar con los sistemas de ingreso y provisión?. 6º) La nueva estructuración se las trae, pues supone como ya hemos denunciado la desaparición del Cuerpo de Auxilio de los Juzgados (llamadas Unidades de Apoyo Directo), la reducción drástica de las plantillas de estas unidades, con la pérdida de la retribución por guardia e incluso otros, en su caso, para quienes estén afectados por los procesos de movilidad previstos, y la organización de grandes macro-oficinas, como los nuevos servicios comunes de ordenación del procedimiento, a los que auguramos un futuro lleno de ineficacia y gasto superfluo. 7º) Este tipo de organización necesita, como se recoge en la propuesta referida, no unos pocos puestos de trabajo singularizados, sino un catálogo de dimensiones bastante elevadas al preverse la existencia de secciones y equipos, con su jefe cada uno. Lo que nos aproxima, por la generalización de los servicios comunes -al optar el Ministerio por la oficinas de ordenación del procedimiento- a la organización fracasada de la actual función pública, donde la desmotivación por la falta de transparencia en los sistema de provisión y en el acceso a retribuciones de carácter variable son la bandera, donde el clientelismo, el dedo-concurso y la proximidad política o afinidad ideológica priman sobre cualquier otra aptitud En definitiva, todo lo que no queremos para nuestra Administración. POR TODO ELLO, CSI-CSIF, DESDE AQUÍ, HACE UN LLAMAMIENTO A TODAS LAS FUERZAS SINDICALES REPRESENTATIVAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PARA HACER UN FRENTE COMÚN ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS Y POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE TODOS LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES EN LA NUEVA REGLAMENTACIÓN, EN CONTRA DE CUALQUIER TIPO DE DISCRIMINACIÓN EN EL ACCESO A PUESTOS DE TRABAJO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Y UNAS CONDICIONES DE TRABAJO DIGNAS. Por encima de las diferencias sindicales, al menos así lo entendemos en CSI-CSIF, está el futuro profesional y retributivo de todos los que integramos la Administración de Justicia. Madrid, 27 de Septiembre 2004 SEGUIREMOS INFORMANDO"

jm · #23 Mensaje por jm » Jue 30 Sep 2004 8:38 pm

Dice el texto del anterior mensaje con el comunicado de CSIF-CSI
que el diseño de la oficina judicial ya lo tiene el Ministerio consensuado con las CCAA, con la Judicatura y con los Secretarios.

Si de verdad es cierto que lo han consensuado con el CNSJ y con la UPSJ -no sé si habrá más organizaciones asociativas o sindicales de Secretarios aparte del non nato sindicato progresista de Secretarios que se está publicitando en este foro- es para sentirse estafado, porque, hasta donde alcanza mi conocimiento sobre la materia, ninguna de dichas asociaciones ha comunicado a sus asociados los términos del supuesto "consenso".

Más bien me inclino a pensar que el texto de ese Sindicato, por lo que respecta a los Secretarios Judiciales, es un globo sonda que lanzan para ver cuál es la reacción. A lo mejor dicen que "si callan, otorgan". Por eso no estaría de más que las Juntas Directivas del CNSJ y de UPSJ se pronunciaran sobre la cuestión, desmintiendo o, en su caso, confirmando lo que dice el Sindicato.

Puede que algún directivo de las dos asociaciones de secretarios judiciales entre en este foro y conozca la propuesta que hago, y tenga a bien dejarnos ,a los secretarios judiciales, en buen lugar con respecto a los demás (porque también lo somos) funcionarios.

MJ · #24 Mensaje por MJ » Jue 30 Sep 2004 11:43 pm

Leido en algún sitio:

Propuesta Ministerial de la Nueva Oficina Judicial

EL MINISTERIO PLANTEA AHORRARSE MÁS DEL 50% DEL PRESUPUESTO DE GUARDIAS.

Como ya venimos informamos en anteriores comunicados, el pasado día 26 de julio, el Ministerio de Justicia presentó a las CC.AA. con traspasos su propuestade nueva Oficina Judicial, a la que CSI-CSIF tuvo acceso en ese mismo mes y no precisamente porque nos informara el Ministerio. Esta propuesta que se presentó a lasCC.AA., al parecer se está remitiendo a otros organismos, incluso ya lo hemos oído en la prensa, pero al día de hoy el Ministerio sigue sin dar traslado a los Sindicatos representativos. Como los funcionarios somos los verdaderamente afectados por esta propuesta ¿para qué se van amolestar en preguntarnos qué pensamos?A esto se le llama consenso y negociación, sí señor.

El planteamiento de la propuesta, desde nuestro punto de vista totalmente equivocado, es el de establecer grandes servicios comunes y reducir a la mínima expresión el número de funcionarios que sirvan en cada Unidad de Apoyo Directo (es decir, en lo que hoy son los Juzgados). Estas Unidades de Apoyo directo contarán con un funcionario del Cuerpo de Gestión y uno de Tramitación, excepto en Secciones de los Tribunales -donde habrá uno por cada Magistrado- y en los Juzgados de Instrucción y Primera Instancia e Instrucción, así como en los Penales que carezcan de Servicio Común de Ejecuciones, en los que servirán dos funcionarios del Cuerpo de Gestión y dos del Cuerpo de Tramitación. Habrá un solo Secretario Judicial por cada dos Unidades de Apoyo Directo. Serán precisamente los funcionarios destinados en las Unidades Procesales de Apoyo Directo quienes realicen las guardias y podrán ser reforzados -sólo en caso de necesidad -por otros funcionarios de los Servicios Comunes.

La cuestión, a la vista de la propuesta,queda como sigue:

* El Cuerpo de Auxilio (Agentes Judiciales),como ya anunciamos, sale de las Unidades de Apoyo Directo, por lo que todos absolutamente todos, dejarán de cobrar guardias. Es decir, precisamente los que menos cobran van a perder las guardias.

* Los funcionarios del Cuerpo de Secretarios, que son los que más cobran, doblarán sus percepciones por guardias porque al haber uno por cada dos Unidades de Apoyo, harán y percibirán las guardias de las dos, que sin duda se compensarán con las que dejen de percibir los funcionarios del Cuerpo de Auxilio.

* En las Unidades de Apoyo Directo de losJuzgados de Instrucción,además de quedarse sin funcionarios del Cuerpo de Auxilio, la plantilla se reduce a menos de la mitad.

* Respecto de las Unidades de Apoyo de los Juzgados Mixtos, que ahora sufren los juicios rápidos (convirtiendo las guardias en un infierno inacabable para los que los funcionarios que hacen guardias de presencia, y obligan a la presencia diaria y continua a los que solo cobran disponibilidad) no tendrán problemas con completar el mínimo, pero se quedan sin personal de Auxilio, en beneficio de que cada Secretario perciba el doble en concepto de guardias.

Esta es otra (y van..) de las “piedras preciosas” que plantea el Ministerio para que esto de la justicia funciones bien; de momento “negocia” con las CC.AA. -sobre todo con las que pueden imponerle algo- y de paso ya tendrán excusa en las Mesa de ¿negociación? cuando convoque a los Sindicatos: ya lo veréis, compañeros: “las CC.AA. imponen, exigen.. Es que esto ya ha sido cerrado con las CC.AA.... El Ministerio no puede imponer a las CC.AA.....bla,bla,bla...”Ya conocemos el sistema.

Al propio tiempo, otros sindicatos que también han tenido acceso a dicha propuesta-seguramente mucho antes que nosotros, tanto que huele a que ellos han tenido mucho que ver en el planteamiento de ese modelo de Oficina (al menos sigue su filosofía en muchos puntos)- callan o se limitan a un débil “no estamos de acuerdo.....”.Cómo cambian los tiempos, ¡eh!.

Ahora es el momento de acordarse de la estúpida polémica de la linealidad, pues toma más de lo mismo, eso sí que es linealidad: se quita al que menos gana y se le da al que más gana y no son 12 euros al mes. Y todavía hay quién mira hacia otra parte y silba. “Negociación, diálogo y consenso” son unas palabras muy bonitas, pero son sólo eso (palabras), los hechos parecen indicar otra cosa muy diferente.

A este paso la reforma les sale gratis. ¿Será esto parte del incremento enprogramas sociales del actual Gobierno?.

Como siempre, fiel y puntualmente, ¡SEGUIREMOS INFORMANDO!

Madrid, 13 de septiembre de 2004

CONCLUSION.EL SECRETARIO DE LA UNIDAD DE APOYO DE JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN VA A GANAR EL DOBLE ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

Candido · #25 Mensaje por **Candido** » Vie 01 Oct 2004 12:55 pm

Si el anterior hubiera leido sabría que en los juzgados de instruccion y en los mixtos va a quedan un secretario por UAD con lo cual no ganaría mas.
Si conociera a los secretarios sabría que ninguno quiere mas guardias. Los funcionarios hacen un turno y va uno cada tarde de forma que la guardia apenas si les afecta, en cambio el secretario tiene que ir todos los dias, sabados y domingos, mas los levantamienos, reconocimientos en rueda y entradas, a los que por supuesto los funcionarios no van.
Para los funcionarios las guardias son un chollo pero para el secretairo son una maldición, "piensa el ladrón que todos son de su condición".

Unidad de Acción de los Secretarios Judiciales

OFICINA JUDICIAL

OFICINA JUDICIAL

De que va?

Es una broma

NUEVA OFICINA JUDICIAL

Oficina judicial