Cuerpos Superiores
Publicado: Sab 05 Mar 2005 1:12 am
LOS FUNCIONARIOS DENUNCIAN QUE EL GOBIERNO QUIERE ELABORAR UN ESTATUTO DEL EMPLEADO PÚBLICO PARA FAVORECER A ‘LABORALES’ E ‘INTERINOS’
La Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado, Fedeca, está convencida de que el Gobierno quiere llevar adelante un Estatuto del Empleado Público que favorezca los intereses de los interinos y los contratados laborales de la Administración para equipararlos a los funcionarios. Esto, según Fedeca, ha provocado el malestar de estos últimos.
La Constitución Española en su artículo 103 dice que “la ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones”. Nada de todo esto, denuncian los funcionarios, parece que se vaya a cumplir en el texto legal que prepara el Gobierno.
El pasado mes de septiembre se puso en marcha una Comisión para el Estudio y Preparación del Estatuto Básico del Empleado Público, es decir, un Comité de Expertos cuyo nombre define cual es el camino que quiere seguir el Ejecutivo. Sin embargo, “no fue así en principio ya que a nosotros se nos dijo que era una Comisión para el Estatuto de la Función Pública y no del Empleado Público”, señala Isabel Vázquez, presidenta de Fedeca, que en enero presentó sus recomendaciones a la Comisión.
¿Cuál es la trampa? “Que el término ‘empleado público’ es muy generalista e incluye a todo el personal interino y laboral de la Administración, entre ellos los trabajadores de las empresas públicas que, realmente, dependen del Estatuto de los Trabajadores”, señala Vázquez. Ni los interinos ni los laborales son funcionarios, pero el nuevo Estatuto puede servir para igualar sus derechos a los de los funcionarios y, sobre todo, para facilitar los sistemas de acceso a la Función Pública.
El Gobierno tiene también la intención de hacer un Estatuto de ‘mínimos’, es decir, trasladar a las Comunidades Autónomas buena parte de la responsabilidad legislativa en esta materia. Fedeca cree que eso es positivo “porque no se puede encorsetar a nadie”, afirma Vázquez, quien es partidaria de que las autonomías desarrollen la legislación estatal. Sin embargo, esa postura tiene en contra al PP y, sobre todo, a sus Comunidades Autónomas que opinan que pueden darse agravios comparativos.
Lo que no entienden ni Fedeca ni los partidos de la oposición es por qué el Gobierno ha aprobado un Real Decreto que regula la oferta de empleo público para este año -del que ya ha informado este diario- que incluye modificaciones legislativas sobre las que debería legislar el propio Estatuto, al tratarse de temas generales y no particulares de la oferta para 2005. “Lo que hace el Decreto es una regulación temporal modificando criterios atemporales de una ley superior”, dice la presidenta de Fedeca.
Esa es la razón por la que esta organización va a presentar un recurso contencioso administrativo contra el Real Decreto del Gobierno, previo dictamen que ya han solicitado a los correspondientes expertos. “El Gobierno habla de una entrada en vigor paulatina del Real Decreto, cuando su ámbito temporal de aplicación sólo es este año”. Fedeca también critica que los informes previos al Decreto “no los ha visto nadie y se han elaborado al margen de la Comisión de Expertos”, dice Vázquez.
La Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado, Fedeca, está convencida de que el Gobierno quiere llevar adelante un Estatuto del Empleado Público que favorezca los intereses de los interinos y los contratados laborales de la Administración para equipararlos a los funcionarios. Esto, según Fedeca, ha provocado el malestar de estos últimos.
La Constitución Española en su artículo 103 dice que “la ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones”. Nada de todo esto, denuncian los funcionarios, parece que se vaya a cumplir en el texto legal que prepara el Gobierno.
El pasado mes de septiembre se puso en marcha una Comisión para el Estudio y Preparación del Estatuto Básico del Empleado Público, es decir, un Comité de Expertos cuyo nombre define cual es el camino que quiere seguir el Ejecutivo. Sin embargo, “no fue así en principio ya que a nosotros se nos dijo que era una Comisión para el Estatuto de la Función Pública y no del Empleado Público”, señala Isabel Vázquez, presidenta de Fedeca, que en enero presentó sus recomendaciones a la Comisión.
¿Cuál es la trampa? “Que el término ‘empleado público’ es muy generalista e incluye a todo el personal interino y laboral de la Administración, entre ellos los trabajadores de las empresas públicas que, realmente, dependen del Estatuto de los Trabajadores”, señala Vázquez. Ni los interinos ni los laborales son funcionarios, pero el nuevo Estatuto puede servir para igualar sus derechos a los de los funcionarios y, sobre todo, para facilitar los sistemas de acceso a la Función Pública.
El Gobierno tiene también la intención de hacer un Estatuto de ‘mínimos’, es decir, trasladar a las Comunidades Autónomas buena parte de la responsabilidad legislativa en esta materia. Fedeca cree que eso es positivo “porque no se puede encorsetar a nadie”, afirma Vázquez, quien es partidaria de que las autonomías desarrollen la legislación estatal. Sin embargo, esa postura tiene en contra al PP y, sobre todo, a sus Comunidades Autónomas que opinan que pueden darse agravios comparativos.
Lo que no entienden ni Fedeca ni los partidos de la oposición es por qué el Gobierno ha aprobado un Real Decreto que regula la oferta de empleo público para este año -del que ya ha informado este diario- que incluye modificaciones legislativas sobre las que debería legislar el propio Estatuto, al tratarse de temas generales y no particulares de la oferta para 2005. “Lo que hace el Decreto es una regulación temporal modificando criterios atemporales de una ley superior”, dice la presidenta de Fedeca.
Esa es la razón por la que esta organización va a presentar un recurso contencioso administrativo contra el Real Decreto del Gobierno, previo dictamen que ya han solicitado a los correspondientes expertos. “El Gobierno habla de una entrada en vigor paulatina del Real Decreto, cuando su ámbito temporal de aplicación sólo es este año”. Fedeca también critica que los informes previos al Decreto “no los ha visto nadie y se han elaborado al margen de la Comisión de Expertos”, dice Vázquez.