¿La tragicomedia de ser Secretario de Gobierno?

[Invitado]

La tragicomedia de ser secretario de gobierno
Publicado el 7 junio 2012

1.- Recientemente se ha producido el cese del Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, D. Jesús Olarte Madero. El consiguiente revuelo mediático hace extraordinariamente difícil conocer fielmente el por qué de una decisión tan grave: demasiado humo para ocultar la razón de lo sucedido, medias verdades, filtraciones parciales de información sesgadamente tendenciosas, etc. Lo normal en tales casos; se repite con tanta frecuencia que no llama la atención. Al final el humo desaparece y la noticia con él; queda sólo un vago recuerdo que es sustituido de inmediato por el siguiente revuelo.

La explicación (por darle algún nombre) oficial ofrecida es la “falta de confianza”. O sea, que el Ministerio de Justicia ya no confía en el cesado para desempeñar adecuadamente su cargo. Leo en el Diccionario que “confianza” (De confiar) es la “Esperanza firme que se tiene de alguien o algo”. Me gustaría mucho saber por qué ha desaparecido dicha esperanza. Pero, como es evidente, no estamos ante una justificación, sino ante una mera excusa: lo cesamos porque podemos hacerlo y no hay ninguna obligación, ni legal, ni ética o moral, de dar mayores explicaciones. Éstas quedan sepultadas en los tejemanejes, conspiraciones y movimientos táctico-políticos que han producido el resultado. Y, por supuesto (¿quién nos creemos que somos? ¿acaso ciudadanos y no súbditos de un señor que manifiesta sus deseos al modo de Zeus con sus rayos? ) todo queda cubierto por la discrecionalidad (¿o sería mejor hablar de arbitrariedad?) de la oportunidad política. La congruencia es evidente: si es posible nombrar para un determinado cargo a quien se estime por conveniente sin dar explicaciones, sucederá lo mismo para cesarlo. La Ley así lo establece. Tal es además la regla en toda la Administración General del Estado, en la que cualquier puesto medianamente jugoso queda sujeto a las reglas de la libre designación “normal” o de la encubierta bajo el pomposo nombre de “concurso de méritos”.

Fácil es empezar a argumentar en base a dogmas que conducen a monólogos sucesivos: no se puede constreñir la acción ejecutiva por otras consideraciones que no sean las de la eficacia y agilidad, dejando en libertad de elegir a los más capaces para los puestos más altos en lugar de estar a lo que la naturaleza disponga sobre la salud de los miembros de un cuerpo funcionarial, que es lo que sucede si nos atenemos al escalafón; pero eso conduce (se dice) a la más absoluta arbitrariedad contraria a los principios de mérito y de capacidad, dando un poder sin el contrapeso de la más mínima responsabilidad, pues la misma queda fiada a algo tan, digamos, ritual, como las elecciones: no hay otra responsabilidad por la pésima gestión que la política y la misma tampoco se exige realmente en las elecciones, como afirmaría cualquier sociólogo. Añadamos los más mundanos argumentos del tipo: “tal como llega, se va, ya sabía lo que había”; o “él se lo ha buscado”. ¿Le habrán movido el sillón o no supo mantener las alianzas políticas? ¿Será la víctima de una conspiración o habrá recibido el castigo por ser él el conspirador? ¿Cesado por mantener la dignidad profesional o por haberla perdido?

2.- Tengo que pedir paciencia al lector para acompañarme en un pequeño viaje por el pasado: la historia nunca soluciona los problemas presentes, pero ayuda a comprender adecuadamente su dimensión y origen. Tampoco vamos a remontarnos a tiempos remotos: en el siglo XIX el régimen de alternancia política programada producía el cese inmediato de los funcionarios para colocar a los seguidores propios, que quedaban en situación de hibernación hasta el siguiente cambio de turno. Progresivamente se fue instaurando un verdadero régimen de carrera administrativa cuyo fundamento implícito era el siguiente: la rotación o cambio de los funcionarios se reservaba para el nivel superior mientras que la inmensa mayoría tenía garantizada su inmovilidad personal basada en el pacto tácito de que actuarían en el ejercicio de su cargo con total neutralidad política. El aparato administrativo dejaba fuera de la oficina sus convicciones políticas a cambio de estar a disposición del gobierno, sea cual fuera el mismo.

Pero este sistema cambió, un poco a partir de 1967 y sobre todo en 1984: el gobierno socialista consideró que quien es elegido por el pueblo debe tener todo el poder y no estar limitado por algo tan retrógrado como la maquinaría administrativa. Cierto es que la misma era la que mantenía el funcionamiento normal de la Administración, conocía sus entresijos y tenía los conocimientos necesarios para llevar a efecto las decisiones adoptadas. Pero un ministro no puede soportar que un funcionario de carrera le venga con objeciones legales u operativas para llevar a cabo sus proyectos (tal que un alcalde y un secretario de la administración local de los de antes; ya sabemos cómo están nuestros actuales ayuntamientos por la falta de cualquier brida y dígase lo mismo de cualquier sitio donde se mire). Y además, había que premiar a los fieles: ningún señor feudal que se precie puede ejercer el poder sin recompensar de algún modo a sus vasallos...y había mucho botín para repartir. En consecuencia se llevó a cabo la supresión de hecho de las carreras administrativas mediante el mecanismo del sistema de la provisión de puestos de trabajo (adiós al escalafón y a las oposiciones para el ascenso de categoría); todo ello unido a la concesión a los sindicatos de poder para “vertebrar” a los funcionarios, algo que antes hacía la misma carrera internamente. De ahí el inveterado odio a las oposiciones de verdad, prefiriendo el sistema más maleable de abrir puertas a los funcionarios interinos -que llegan a serlo también gracias a ellos-, todo aderezado con subvenciones – en los últimos tiempos ya sin necesidad de justificar que se empleó el dinero para el fin para el que se concedió-, dinero para (de) formación, etc.

Con el nuevo sistema de provisión de puestos y la total falta de vertebración de la función pública al final se ha producido una escisión de los funcionarios públicos en dos grupos: militantes y simpatizantes del partido que gobierna y que se benefician de los mejores cargos más los que son del partido contrario y sufren la discriminación hasta que les llegue la hora de ajustar cuentas...y los que ni participan de los beneficios ni sufren las marginaciones: su destino es el rincón donde reina la falta de motivación, el aislamiento, el desaprovechamiento y el hacer lo mínimo necesario para no llamar la atención.

3.- Llegamos ahora a la relación de lo anterior con lo secretarios judiciales. En el año 2003 el PP lleva a cabo las modificaciones legales relativas a la implantación de la nueva oficina judicial; los secretarios judiciales, que hasta entonces habían mantenido un sistema bastante tradicional de carrera administrativa, pasan a estar regulados por el sistema de provisión de puestos de trabajo y aparecen los cargos directivos al igual que en la administración general. En ésta hay varias franjas intermedias entre lo político y lo administrativo: los altos cargos (secretarios de estado, subsecretarios, directores generales, etc.), los asesores de confianza (cuyo número se ha incrementando año tras año) y los directivos que sí son funcionarios (subdirectores, jefes de servicios, etc.). Ese es el terreno que conquista el vencedor de unas elecciones o el de una lucha interna en el seno de un gobierno o de un partido; no faltan casos en los que una familia política de un partido vence en una pugna interna y el cambio del ministro supone el cambio de todos los cargos directivos del ministerio de turno. Por supuesto parece que tales equipos personales de un ministro (su corte particular) tienen más utilidades que una navaja suiza: hoy tienen a su cargo las obras públicas, mañana la sanidad, pasado la educación...Evidentemente no hay una cabeza estructural en ninguna administración pública que le dé estabilidad con funcionarios especialmente cualificados que mantengan un servicio independiente de los vaivenes políticos; observemos el Ministerio de Justicia: jamás nada hecho o preparado por un equipo ministerial sirve para el siguiente, aunque sea del mismo partido. ¿Recordamos lo sucedido con la reforma procesal necesaria para la implantación de la NOJ? ¿Y qué decir de los trabajos para la reforma de la planta? Como siempre hay que empezar de cero no resulta extraño que a veces no de tiempo a completar el camino y la legislatura acabe sin los deberes hechos.

Pues bien, aquella reforma, hecha por quien venía del Ministerio de Administraciones Públicas, tenía un claro objetivo (o al menos se intentó vender el producto con dicha etiqueta): reformar de una maldita vez la olvidada y caótica administración judicial, superar la concepción del juzgado como un órgano autosuficiente que no se inserta en estructura alguna, donde la organización (por llamarla así) es puramente personalista y cada cual hace lo que le da la real gana porque para eso es “su” juzgado. Los instrumentos para tal fin eran los secretarios judiciales: se les conferían atribuciones procesales bajo una organización similar a la del ministerio fiscal basada en la jerarquía y con la superior jefatura del Ministerio de Justicia. Consecuentemente como órganos directivos surgen los secretarios de gobierno y los secretarios coordinadores provinciales, mecanismo de transmisión desde el Ministerio hasta cada concreto secretario judicial; y, por supuesto, son cargos de libre designación. El plan era el siguiente: para conseguir la racionalidad en la administración judicial por un lado y evitar que los procesos se sustancien y resuelvan de forma distinta en cada juzgado por otro, se confieren atribuciones procesales a los secretarios (que no pueden alegar el tótem de la independencia en la aplicación de la ley que tantas veces usa la Judicatura para justificar los perjuicios que sufre la más elemental seguridad jurídica) pero bajo la jefatura de los nuevos cargos directivos y del mismo Ministerio, que pueden dictar instrucciones para asegurar la unidad de actuación y de organización.

Caben dos posibilidades: pensar que realmente era esa la finalidad de la reforma o que era un modo de atacar de flanco a la judicatura: el juez arrinconado y el proceso sustanciado y a veces resuelto por un funcionario dependiente del Ejecutivo; también es posible algún tipo de combinación de objetivos. No obstante tengo para mí que quizás la finalidad turbia no existió entonces: para controlar a los jueces ya están las formas de acceso, la promoción profesional y la responsabilidad disciplinaria, que obran efectos mágicos en las manos adecuadas; casi treinta años dan fe de ello.

4.- Volviendo a lo que nos ocupa, el problema fue doble: el sistema de provisión de puestos, procedente del mundo anglosajón y con inspiración en la técnicas empresariales, parece un bálsamo mágico que todo lo cura: nadie en su sano juicio podrá decir que es preferible que el llegar a determinado puesto de importancia se base en el mero escalafón a que se haga eligiendo por sus méritos, capacidad o preparación a quien ha de desempeñarlo. El problema es que los sistemas no existen en ningún mundo ideal, sino en sociedad concretas y determinadas. Si en España se conocen los resultados de las chapuzas efectuadas desde 1984 en la regulación de la función pública, si se ha llegado a una total y absoluta ocupación por los partidos políticos de los cargos directivos (altos y medios) en toda la administración con la consiguiente desvertebración ¿por qué razón el fenómeno no se iba a repetir con los secretarios judiciales? Las grandes palabras (los mejores puestos para los más capaces) han servido para encubrir las turbias acciones. No hay que ser el más capaz para llegar o mantener un puesto jugoso: hay que tener contactos, relaciones, pertenecer a la familia (natural o política) adecuada; es indiferente el resultado de la gestión, pues el cese no se produce por el mismo sino por razones puramente políticas.

5.- Pero tales defectos se exacerban en el caso de los secretarios judiciales porque la situación de los cargos directivos de los mismos es ciertamente fascinante para la siquiatría. Veamos: son cargos políticos de confianza del Ministerio de Justicia...pero no son elegidos por el mismo. ¿Alguien se imagina un presidente del gobierno que no elige sus ministros? Pues es parecido. Según las normas (arts. 464.3 y 466 LOPJ) si bien los secretarios de gobierno son nombrados y cesados libremente por el Ministerio de Justicia, el nombramiento se realizará a propuesta del órgano competente de las comunidades autónomas cuando éstas tuvieren competencias asumidas en materia de Administración de Justicia, que también podrán proponer su cese. Fácil es advertir que tal “propuesta” se convierte de hecho en un auténtico nombramiento: ¿acaso algún ministro de justicia desatará una lucha política rechazando la propuesta? Todavía más amarrado (si cabe) está el nombramiento del Secretario de Gobierno del Tribunal Supremo y el de la Audiencia Nacional: se requerirá informe favorable de sus respectivas Salas de Gobierno. Y en el caso de los secretarios coordinadores provinciales si bien se nombran por el Ministerio de Justicia por el procedimiento de libre designación, es necesaria la a propuesta del secretario de gobierno de acuerdo con las comunidades autónomas con competencias asumidas. Pese a lo que la lógica dictaría (que lo secretarios coordinadores provinciales sean seleccionados por el secretario de gobierno) resulta aquí que nuevamente son las comunidades autónomas las que en realidad realizan la elección porque el primero no puede realizar propuesta alguna sin el “acuerdo” (dígase conformidad o visto bueno) de la segunda. Lo único que podría hacer para evitar que sea nombrado quien no desea es presionar no realizando la propuesta deseada por la misma, pero fácil es imaginar lo que tal cosa supondría.

Resumen: los cargos directivos de los secretarios judiciales, que legalmente son órganos del Ministerio de Justicia, no son en realidad nombrados por el mismo sino por las comunidades autónomas o por la Judicatura. Y una matización se impone: en realidad a veces no es la comunidad autónoma quien elige al secretario de gobierno sino el presidente del tribunal superior; no hay reglas sobre la materia pues todo depende del principio básico de a política: el poder sólo respeta a otro poder. No han faltado casos en los que un presidente cuya nombramiento fue “facilitado” por la comunidad autónoma recibe a cambio de un “buen clima de colaboración” la posibilidad de pactos o acuerdos incluso en materias que dependen de la segunda. Pero, insisto, no hay reglas, sino tantas formas de actuación como comunidades autónomas.

6.- ¿A quien deberán lealtad o ante quien deberán mantener la “confianza”? ¿Ante su superior jerárquico ministerial o ante quien de hecho lo ha nombrado? Servir a dos señores no es cosa fácil, ni quizás realmente posible. El sentido común da la respuesta: hay que estar a bien sólo con quien te puede cesar. Hemos asistido así a lo que parece imposible: un cargo político de confianza pidiendo la dimisión de su superior jerárquico; esto es España y cualquier cosa absurda deviene en real. El esperpento: por la mañana se pide la dimisión de la persona con la que el peticionario se reúne por la tarde como subordinado de “confianza”.

7.- El resultado, previsible, es el fracaso. Primero porque los nombrados no lo son por su capacidad o méritos, sino por tener los contactos adecuados o porque no haya otro candidato medianamente aceptable. La escasa politización de los secretarios judiciales, su bajísima tasa de afiliación a partidos políticos o sindicatos ha servido aquí para que muchas veces no haya sido posible encontrar un “candidato de los míos”, de forma que se ha acabado nombrando al mejor posible. Lo sorprendente es que el porcentaje de manifiestamente inútiles creo que es más bien bajo; quizás es algo más alto el relativo a los puestos en los que no ha sido nombrado el mejor candidato posible: éste queda con la autoridad (poder) sobre los compañeros, aquel con el respeto de los mismos. Y por supuesto no faltan tampoco casos en los que el cargo (teníamos el ejemplo dado por algunos jueces y fiscales) se utiliza como medio para fines más altos labrándose un futuro político o para obtener beneficios personales. Gracias a él se obtienen contactos e influencias que, como el aceite con el hierro oxidado, facilitan el disfrute de los privilegios propios de pertenecer a la casta política: impunidad ante los comportamientos bochornosos, viajes pagados con dinero público, concesiones de dirección de cursos de formación ad hominen o de subvenciones que en realidad son donaciones. Por supuesto que quien concede tales favores espera ser recompensado en su momento, que tarde o temprano llegará. Nihil novum sub sole. Sólo una manifestación concreta de algo generalizado en otros ámbitos.

También asistimos a espectáculos ya vistos antes: el mismo guión con distintos actores. Al igual que sucede en muchas de las asociaciones de jueces o de fiscales también aquí se va preparando el terreno. Ante cualquier hecho que da lugar a posiciones enfrentadas y a luchas PP-PSOE y que no tiene la más mínima relación con las atribuciones o estatuto de un cuerpo de funcionarios, algunas de las asociaciones del mismo emiten comunicados inmediatamente respaldando la posición adoptada por el partido político con el que “simpatizan”. Y cuando alguno de dichos partidos adopta alguna decisión que sí repercute en los secretarios judiciales se considerará acertada o un desastre sin precedentes en función del papel asumido. Son méritos que se pueden alegar en su momento, cuando dicho partido tenga el poder y sea el que reparta los cargos. Es un modo de demostrar fidelidad para que así lleguen las dádivas a sus afiliados de peso de forma que el político que hace la elección no tenga dudas de que ha elegido a “alguien de los míos”. También es práctica habitual la utilización de las asociaciones profesionales como tapadera respetable de las maniobras políticas: no es lo mismo que un ataque contra un ministro o consejero lo haga el partido contrario a que lo haga una asociación en nombre de los secretarios judiciales; es el halcón del cetrero: cuando le quita la caperuza indica el objetivo a atacar, mientras tanto nada ve. Pero donde la naturaleza humana demuestra hasta dónde se puede llegar es cuando un afiliado de importancia de una asociación de secretarios judiciales trata de recabar el apoyo de otra para conseguir un nombramiento criticando amargamente a quien manda en aquella a la que pertenece; de lo que doy fe. En semejante panorama mantener la independencia tiene un precio claro: ninguno de los dos partidos considera de los suyos a los miembros de una asociación que convoca huelgas o pide la dimisión tanto de ministros del PSOE como del PP y que no firma manifiestos respaldando a ninguno de dichos partidos. No es de fiar quien no es previsible; la más perfecta sumisión es que no haya que decirle al vasallo lo que tiene que hacer: nada mejor que anticiparse a la voluntad y los deseos del señor.

8.- Pero lo peor es que lo que se supone que eran cargos directivos creados con una idea precisa (organizar el caos de la administración judicial) han sido fagocitados por el magma de las componendas entre poderes e influencias y por la más menudas y exasperantes minucias burrocrácticas. Poco o nada han podido hacer de aquello que era su fin esencial. Pocas tragicomedias hay más amargas que la de un secretario de gobierno o coordinador provincial que intenta poner orden en la casa de locos que es nuestra administración judicial. Al pronto podría parecer que es sencillo: basta con dictar una instrucción dirigida a sus inferiores y que éstos deberán cumplir. Pero (y dependiendo no ya de cada región, sino de cada ciudad incluso) eso puede llegar a ser imposible o exasperante: raro será que no verse sobre materias en las que algún tipo de colisión pueda existir con el poder autonómico o con los jueces. Real, ficticia, imaginada o alegada. En algunos sitios se necesita el nihil obstat del presidente del tribunal superior de justicia, el de la audiencia provincial o juez decano según los casos, o se arriesga a recibir llamada de atención o recado de aviso; por supuesto necesita la conformidad de la consejería correspondiente y no soliviantar a abogados o procuradores y si finalmente acaba dictándola tendrá que observar impasible la resistencia pasiva a su aplicación por parte de algunos de sus subordinados, que incluso pueden encabezar un movimiento de resistencia activa contra su aplicación. Visto el cúmulo de problemas que ocasiona el cambiar la más absurda de las prácticas, mejor abstenerse de intentarlo. Si hay algún lugar donde el inmovilismo más absoluto, la rutina tan absurda como segura, tiene su reinado e imperio, son nuestros juzgados. Todos los que en ellos trabajan o que con ellos se relacionan consideran cualquier nimia modificación como un ataque intolerable y salen enseguida a relucir los más sagrados principios y las palabras más graves. Y para acabar de disuadir al más valiente, la experiencia enseña que el Ministerio de Justicia (sea del PSOE o del PP) nunca va a plantar cara al C.G.P.J para defender su territorio; prefiere no darse por enterado, unas risas y unas fotos, antes de reaccionar contra el despojo o la invasión. Los ejemplos serían inacabables: ¿quién ha dictado las normas de registro de asuntos? ¿recordamos aquella infamante doble instrucción pactada para suavizar los roces surgidos con la implantación de la NOJ? ¿por qué cada audiencia provincial puede hacer lo que le de la real gana con la inscripción de las notas de condena? ¿y qué decir del último acuerdo donde el Ministerio llega a firmar una cesión al C.G.P.J de sus propias competencias, tras el bochorno de asistir a la regulación de los exhortos telemáticos por el C.G.P.J?

No es de extrañar que después de tantos años nada haya cambiado y que poco hayan podido hacer los cargos directivos de los secretarios judiciales; dejemos ahora el tema de la NOJ, que por sí solo es otra historia en la que ellos han sufrido los cercos más implacables y ahora ya ni tan siquiera esperan ser liberados alguna vez. En los juzgados tradicionales todo sigue igual, sólo que ahora en lugar de los jueces son los secretarios judiciales los que en “su” juzgado hacen cada cual lo que tiene a bien o es posible en función de las circunstancias concretas, porque, por supuesto, no hay dos juzgados iguales. Pocas cosas hay más pavorosas que tener que escuchar a los abogados decir que en cada juzgado la misma cosa la tienen que solicitar de forma diferente y en tramitada o resuelta de forma distinta.

9.- Y ahora, de lo general vayamos a lo particular. Hasta la fecha han sido cesados tres secretarios de gobierno. El primero fue el de Galicia en el año 2006 y (por lo que recuerdo) se debió al cambio de turno de partidos: las elecciones autonómicas las ganó el PSOE y había sido nombrado por el PP. La ironía está en que tanto el nombramiento como el cese los firma el mismo ministro: Sr. López Aguilar. También parece que el cesado se había posicionado en contra del proyecto de oficina judicial del PSOE (defendía el proyecto del PP, bastante incompatible). El Ministerio de Justicia dejó bien claro que pese a que realizaba el nombramiento, tal cosa era una formalidad, de forma que el cese estaba también en manos de la C.A. Difícilmente pudo perder la confianza del mismo, pues nunca la tuvo: en todo caso se trataría de una confianza “mediata” o quizás Groucho fuese capaz de pensar en algo más imaginativo. De todas formas, para tener una idea aproximada del grado de colonización de la Administración Pública por los partidos políticos, nada mejor que contar el número de ceses en el boletín autonómico correspondiente cuando el partido en el poder pierde las elecciones. Hagan la prueba, insisto: es aterrador.

El segundo por el de La Rioja en el año 2007. En este caso el motivo fue el de hacer una crítica pública a la NOJ diseñada por el Ministerio de Justicia. Nadie duda que un cargo político tenga libertad de expresión, pero para criticar la actuación ministerio del que se forma parte primero habría que dimitir y luego decir lo que se piensa. No me imagino al director general de tributos criticando al ministro de hacienda ni a éste no cesándole si lo hace. No obstante hay que destacar que cuando el cargo que realiza la crítica procede de una comunidad autónoma con competencia en materia de administración judicial el cese no se producirá porque la confianza política que hay que mantener no es la de superior administrativo según las normas. Recuerden: estamos en España, donde el sentido común anglosajón huiría despavorido. No ya críticas a proyectos, sino cosas mucho más graves ha tenido que escuchar un Ministro de quien se supone que era su subordinado jerárquico de “confianza”.

10.- El último es el que nos ocupa. Según parece quien cesa ha alabado la exquisita profesionalidad y capacidad de trabajo, así como la honestidad intachable y la inmejorable trayectoria del Sr. Olarte como Secretario de Gobierno, e indica que su cese se ha debido únicamente a “pérdida de confianza” por parte del Ministerio en su persona. Vamos a traducir lo anterior: ya sabemos que el secretario de gobierno en La Mancha o La Rioja sí necesita la confianza del Ministerio, pero en Valencia no. Luego la confianza perdida es la de la C.A. Pero ¿qué ha pasado en realidad? Las informaciones de prensa indican “Justicia destituye al secretario del TSJ porque vetaba el nombramiento de un alto cargo”. Detalla que “Olarte, según explicaron ayer fuentes judiciales, se oponía a que el designado fuera Rafael Lara, que es el presidente del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, el colectivo profesional más conservador. Lara contaba con el respaldo de la Conselleria de Justicia y del Ministerio, y ocupaba el cargo de forma interina desde hace un año”.

Recordemos lo dicho antes: si bien parece lógico que el equipo de trabajo de un secretario de gobierno (los coordinadores provinciales) sea elegido por el mismo, ya sabemos que no es así o puede no ser así. La C.A. tiene el placet y al final, vence. Hay una incongruencia más: sinceramente no acabo de entender la insistencia en ser nombrado secretario coordinador provincial de quien sabe que el secretario de gobierno correspondiente no lo desea en su equipo; no tiene ningún sentido como no sea precisamente para forzar entre ser aceptado o dejar el sitio para ser ocupado por quien lanza el envite. Pero debo decir que ya varias veces he escuchado de secretarios coordinadores que no están dispuestos a dimitir cuando tienen una relación imposible con el secretario de gobierno (su superior) y juegan al órdago de ver si hay valor para cesarlos. No lo entiendo, no tiene sentido que en un grupo de trabajo no se tenga confianza entre sus miembros. ¿Para qué seguir en él entonces?

Al final los platos rotos los pagan siempre los mismos, los súbditos: la C.A. prefiere evitar problemas sacrificando a quien no puede planteárselos en su misma casa. El Ministerio de Justicia siempre ha mirado y no visto cuando el nombramiento o el cese dependía de una C.A. y en este caso además, incluso parece que está de consuno con la segunda. Se acercan tiempos difíciles, con una reforma de la LOPJ de por medio en la que es muy posible que vuelva a los jueces la dirección técnica procesal en los juzgados y se confiera a los órganos de gobierno del Poder Judicial algún tipo de control y supervisión (o algo más) sobre la NOJ y conviene tener cubierto el flanco de los secretarios judiciales. Todos los favores en algún momento se devuelven. Pero y lo importante, lo esencial: ¿era o no Jesús Olarte uno de los mejores secretarios de gobierno y será o no sustituido por alguien de su valía o por una nulidad? ¡Ah!, eso ¿a quien le importa?

11.- Si estamos hablando de cargos directivos seleccionados por su especial capacidad y que tienen unos cometidos especialmente importantes, debería suponerse que el cese estaría causado porque la capacidad supuesta como motivo del nombramiento no era real, no se ha demostrado tener o sencillamente no ha habido resultados tangibles fruto de su gestión o hay alguien mejor para el puesto. La “confianza” debería estar referida a los “resultados” (palabra mágica en el mundo empresarial) del ejercicio del cargo. Pero nunca los ceses se producen por tal motivo, el único razonable. Siempre nos enfrentamos con consideraciones políticas, conspiraciones, movimientos tácticos. Lo cual da un mensaje claro: quienes desempeñan los puestos directivos de los secretarios judiciales deben estar atentos no a lo que se supone que deben hacer, sino a ese tipo de cosas. No serán cesados o mantendrán el cargo como resultado de su gestión, pues es algo completamente intrascendente. Hay que ocuparse del teléfono, de si alguien se está situando, de no molestar a quien no debe molestarse, no dar lugar a enfrentamientos siguiendo el ejemplo ministerial, si se llegó al cargo con influencias, parientes, amigos o alianzas, mantenerlas, en otro caso vigilar que no haya alguien que las tenga que lo apetezca. Y si se es secretario de gobierno aceptar que “te nombren” a los coordinadores aunque se sepa que no tienen la valía necesaria o pueden ser sencillamente una nulidad o un estorbo o incluso algo peor. Y en cuanto a los demás secretarios, visto que nada cambia ni puede cambiar, queda la desmotivación, el aislamiento, el orgullo profesional de pese a todo seguir adelante. No tiene tampoco sentido esforzarse mucho por demostrar la valía o capacidad, visto que de nada sirven para la promoción profesional. Por regla general el candidato que será nombrado ya ha sido elegido antes de la publicación del concurso. Quien pierde más en semejante panorama no son en realidad los mismos secretarios judiciales, sino la administración judicial y a quienes sirve: todos. Y por cierto: estos males son los mismos que en cualquier parte de la Administración Pública; imagínense su estado. Añadamos que además ésta los tiene más agravados y padece otros desconocidos en los territorios judiciales.

12.- Por último, un delicioso toque de ironía paradójica que firmaría hasta Oscar Wilde: “Según ha informado el TSJCV en un comunicado, la Sala de Gobierno "agradece y reconoce" la "dedicación, profesionalidad, eficacia y diligencia" de Olarte, así como su "lealtad para con el Tribunal Superior, la Sala de Gobierno y la tarea gubernativa que afecta a todas las oficinas judiciales de la Comunitat Valenciana". Así, "en coherencia" con ese reconocimiento, ha elevado al Ministerio petición para que se conceda al cesado la Cruz de San Raimundo de Peñafort por las "indiscutibles cualidades" de Olarte, así como por su "intachable trayectoria", su "enorme dedicación", la "excelencia de su trabajo," y su "ejemplo de lealtad y eficacia". Desde la Sala, también valoran la "magnífica representación" del Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales, y por tanto de la Justicia, que ha realizado Jesús Olarte.”

No me digan que no sería digno de figurar en las antologías del disparate que le sea impuesta al cesado una condecoración basada en sus indudables méritos...por quien lo cesa por no tener confianza en él. Se me olvidó: estamos en España; sí, es posible.


Juan Calzado Juliá
Secretario judicia

[Administrador]

Por favor, en el caso de transcripciones literales de textos que están en otros sitios, acordaos de:

1. Citar la fuente
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No sólo porque el contenido original puede cambiar sin que nos enteremos aquí, sino también porque es de justicia reconocer su autoría.

Gracias.

[Magistrado Granollers]

Brillante análisis, aunque en mi opinión incurre en una contradicción interna: Tras explicar fundadamente la razón histórica de los cargos de confianza y su relación con la política, acaba por confundir el deseo del articulista (Que primara la profesionalidad) con la realidad (Que es un cargo de confianza).

Situémos la cuestión en sus justos términos: Los cargos de confianza de nivel técnico no guardan relación alguna con los méritos personales o profesionales de nadie, sino que se basan en una doble vertiente:

1) Suficiencia técnica para aplicar las normas desde el cargo

2) Confianza personal para aplicar las políticas del gobierno de turno a satisfacción

El primer aspecto se presupone de cualquier profesional con suficiente experiencia y son muchos los que lo reúnen. Puedo de cabeza dar diez o veinte nombres de este mismo foro que sin duda podrían desempeñar el cargo en el aspecto técnico con excelente resultado.

El segundo aspecto es enteramente subjetivo y político, y la razón de ser del sistema de designación. En teoría de derecho político y como bien explica el artículo, de lo que se trata es de facilitar tras un cambio de gobierno que no existan obstáculos (Al márgen de las limitaciones legales, claro está) a las nuevas políticas, para lo que existe un nivel politico puro (Ministro, Secretario de Estado), uno técnico (funcionarios) y uno mixto intermedio (Político, pero con cualificación técnica), que es en este caso el de Secretario de Gobierno.

Asi que puede ocurrir y de hecho ha ocurrido en ocasiones que el profesional de confianza se adapte y obtenga la del nuevo gobierno, y en otras no, pero eso no tendrá nada que ver con su cualificación pofesional para la parte técnica de su trabajo. Y muchas veces, cuando se pretenda anteponer la profesionalidad a la confianza politica, poque no se siente atado por ella, lo que ocurre es lo que según yo sé, le ha pasado a Jesús Olarte. Que siendo irreprochable y de agradecer la parte técnica del trabajo realizado, con lo que no cuenta ya es con la confianza del gobierno actual para aplicar decididamente las politicas de éste.

Y quienes han trabajado con él, acostumbrados a esa profesionalidad e independencia, no pueden menos que echarse las manos a la cabeza ante el cese de tan buen jurista, pero es porque se habían malacostumbrado a que en un cargo de confianza estuviera por casualidad alguien que no actuó de forma sectaria sino honesta (Equivocado o no, eso siempre es discutible, pero me dicen personas de confianza en la C.A. Valenciana que es un hombre íntegro).

Asi que mi conclusión de todo esto es:

- Que estoy completamente de acuerdo con el articulista en la nefasta deriva de la organización administrativa, y en particular en cómo se va bajando cada vez mas hasta la propia base de la pirámide en los cargos políticos que perjudican y corrompen la neutralidad de la administración.

- Que no hay que buscarle tres pies al gato en el cese de Jesús Olarte: Siendo un magnífico profesional, su forma de ser le impedía tener la confianza del MJU en que sería lo concienzudo (Admito sectario como sinónimo aquí) que ellos hubieran querido.

- Que tal y como están las cosas legalmente, el cese es impecable jurídicamente e incluso moralmente, pues a la postre es un cargo de confianza

- Que tal y como están las cosas, es inmoral que cargos como el de SG sean de confianza y no limitados a las capacidades personales y profesionales del que lo ocupe.

Saludos

[Invitado]

Magnífico artículo de Juan Calzado en la página de la UPS. Hacia dónde vamos o hacia dónde nos llevan? Está claro que la dignidad y la honradez profesional resultan rotundamente incompatibles con la "política de nombramientos y ceses" de Secretarios de Gobierno y Coordinadores fijada por el actual equipo ministerial. Creo recordar que el Presidente del Colegio y Secreatrio Coordinador de Valencia, Rafa Lara, hizo gestos y materializó ataques suficientes para "perder la confinaza" del Ministro Bermejo (hemeroteca) y sin embargo éste no le cesó.

[Invitado]

Ya, pero si se quejan de que se nombre por libre designación y "confianza" del equipo ministerial de turno, también Olarte fue "libre designado" en su momento ¿no?

Enlace: http://www.upsj.org/modules/impression/ ... d=1&aid=55

[Carlos Valiña]

A mi el mejor analisis me parece el del ultimo invitado, con ser breve. (cosa rara en mi) y sin haber entrado a ver el enlace que pone.

Aqui estamos olvidando algo importante:

Cuando en 2002 intentamos organizar a los Secretarios para luchar contra la reforma de la LOPJ, en Madrid se presentaron sendos "representantes" de las organizaciones de Secretarios, uno de ellos Emilio Lopez Duran quien lo hacia por la UPSJ, quien nos discutio cada una de nuestras tesis.

Y una de nuestras tesis era que la jerarquizacion solo traeria lo que aqui se ha puesto de relieve. Esto era una obviedad.

No contentos con eso nuestros "representantes" a sabiendas que lo que venia, que tontos no son, o eso quiero creer, se hicieron la foto con el ministro MIchavila y dijeron ante todos los medios de comunicacion que los Secretarios apoyabamos la reforma 2003.

A mi el procesal no me va mucho, me muevo mejor en el civil o en el administrativo, y ahi rige el principio fundamental de que

NADIE PUEDE IR CONTRA SUS PROPIOS ACTOS.

Asi fuera este Secretario de Gobierno, el mejor jurista de todos los tiempos, quienes apoyaron un sistema tan perverso, vergonzante y mefitico como este, no pueden ahora rasgarse las vestiduras, cuando les tumban a uno de su cuerda, y no pueden porque una de las razones por las que apoyaron esta reforma legal de 2003 fue para conseguir precisamente esos sillones cuando gobernasen los de la cuerda propia.

Les estan dando la misma medicina que ellos darian a sus rivales a la primera oportunidad que tuvieran.

Pretender ahora sostener que este caso es especial porque el nombrado era un tio extraordinario, es una vez mas TOMARNOS POR IMBECILES y no lo somos.

Pretender ahora presentarse como victimas, cuando ellos mismos han ayudado a construir el patibulo, es una vez mas TOMARNOS POR IDIOTAS y no lo somos.

Pretender ahora presentarse como ofendidos, cuando ellos mismos en otras comunidades autonomas se han movido para nombrar a gente de muy escasa valia, y minimo respeto por los compañeros, antes que nombrar a un buen candidato del contrario, es TOMARNOS POR GILIPOYAS y no lo somos.

La unica diferencia apreciable desde fuera entre gente que juega a lo mismo, es que unos se callan cuando les va mal, para que al no debatirse el tema, no veamos la merienda de negros que se traen montadas y otros mas ingenuos se rasgan las vestiduras y nos permiten ver todas las verguenzas de ambos.

Todavia estoy esperando la dimision de todos ellos.

No se olvide que aunque el sistema actual es repulsivo, si fueramos como el SEPLA, una organizacion unica sin adscripcion politica, se enmendarian buena parte de las consecuencias nocivas y vomitivas del actual sistema.

Pero como nuestros actuales "representantes" son una escisión del mismo tronco comun, y el primer objetivo es destruir al contrario, por este lado no hay mucho que rascar.

Por eso invitaria a los upsj que andan por aqui a que muevan las sillas de quienes les representan de una vez, y tengo para mi que el que saquen a colacion una y otra vez el mismo tema, no hace ningun favor a sus tesis, porque en este caso, los navajazos internos que hayan podido existir entre compañeros, NO INTERESAN.

Los navajazos son solo la consecuencia de comprar navajas, es solo la fiebre, hay que atacar la enfermedad, hay que erradicar las causas de la violencia. Apostar por quitarle la navaja al que no es de tu cuerda para solucionar el problema, o criticar que el de la otra cuerda la haya podido usar mas habilmente, o antes de que el tuyo pudiera sacar la propia, NO CUELA Y HASTÍA.

Lo que no se es si lo habreis entendido, porque yo mas claro o mas breve no se decirlo.

Saludos.

[Bilbao]

A mi modo de ver es difícil valorar si hubo o no falta de honestidad en las Asociaciones en el contexto de 2003. Probablemente la jerarquía era el trágala a cambio de dar un mayor protagonismo a los secretarios y dibujar un horizonte de servicios comunes en los que el papel de este funcionario iba a ser muy destacado, tanto como gestor como “procesalista”. El tiempo ha hecho fracasar ese espejismo, porque en nuestra Administración de Justicia no se quiere que se haga realidad, es así de sencillo. Tampoco hay que olvidar que el pie forzado lo impusieron las CCAA que querían pillar los servicios comunes como paso previo.

Lo que es y era meridianamente claro en la reforma de 2003 es que el cese de los cargos de libre designación no precisaba otra fundamentación que la propia facultad o potestad de cesarlos, y esta norma no engaña a nadie, no requería de otros requisitos objetivos, subjetivos o del tipo que fuera. Por tanto debemos asumir, con la misma resignación que preside nuestro testimonio mudo del caos en el que nos movemos, que si el PSOE cesó en su momento a los Secretarios de Gobierno de La Rioja y Galicia, ahora el PP cesa al de Valencia.

Pero todo esto es pecata minuta comparado con lo que nos viene si se reinstaura la redacción previa del artículo 165 de la LOPJ con la vuelta a la superior dirección de los jueces sobre los servicios, ya que trastocaría la filosofía de la infraestructura de la Administración de Justicia que inspiró la reforma de 2003, y la jerarquía de los secretarios perdería su sentido.

[deam]

Estimado Calzado, sin desmerecer tu esmerado analisis, el antiguo Secretario Coordinador de Valencia ha sido un excelente coordinador, y por descontado merece un respeto como Secretario de Gobierno de la Comunidad Valenciana, puesto que ocupa desde hace solo una semana. Todos sabemos que es un trabajador nato, tiene gran capacidad intelectual y se esfuerza de manera extraodinaria por el Cuerpo de Secretarios. Yo no le pongo ni un pero.

Y lo unico que voy a decir de Olarte es que discrepo del parrafo 1 de tu punto 10.

[eins]

Pues a mi lo que mas me ha gustado es el titulo: la tragicomedia de ser Secretario de Gobierno.....anda ya, tengo en mi Juzgado mucho trabajo para pensar si ser Secretario de Gobierno es una tragicomedia. Lo mio es mas bien un drama y el lunes, mas.

[invitado43]

Carlos, has estado SUBLIME, como siempre.

[Carlos Valiña]

Para Bilbao:

A mi modo de ver es difícil valorar si hubo o no falta de honestidad en las Asociaciones en el contexto de 2003. Probablemente la jerarquía era el trágala a cambio de dar un mayor protagonismo a los secretarios y dibujar un horizonte de servicios comunes en los que el papel de este funcionario iba a ser muy destacado, tanto como gestor como “procesalista”. El tiempo ha hecho fracasar ese espejismo, porque en nuestra Administración de Justicia no se quiere que se haga realidad, es así de sencillo. Tampoco hay que olvidar que el pie forzado lo impusieron las CCAA que querían pillar los servicios comunes como paso previo.

Creo que este analisis no se sostiene. Empezando por el final:

1) La reforma 2003 dejaba muy claro que se daba entrada directa a la Comunidad Autonoma en decisiones propias de un cuerpo nacional que dependia del Ministerio, con riesgo de constituirse en cabeza de puente de la transferencia, y les importo un bledo.

2) Cualquiera que tuviera dos dedos de frente tenia que ver, como ya dijimos entonces, que era completamente absurdo creer que iba a poder haber dos gallos en el mismo corral o dos capitanes en el mismo puente, o que realmente iba a haber servicios comunes independientes de los jueces. Por si alguien aun tiene alguna duda, le recuerdo el caso del compañero de Melilla.

Y se lo dijimos bien clarito, pero pese a todo siguieron apostando por esta reforma.

Y se da la casualidad que esta reforma creaba nada mas y nada menos que 70 poltronas nuevas para Secretarios, que obviamente se cubririan, en su mayoria, por los mismos que so pretexto de representar a los suyos se arrogaban la representacion de todos, bastando con esperar al correspondiente cambio de turno en el gobierno para recoger el "plato de lentejas".

Que nos ponian una responsabilidad disciplinaria brutal. No hay problema. A ellos obviamente no les iba a afectar.

Que nos acercaban a los gestores a la nuca, no hay problema, ellos como jerarcas secretarias conservarian las distancias con ellos y de paso se alejarian de la grey secretarial.

Que nuestro sueldo base no subia, a diferencia del de los gestores, no importaba, que ellos cobrarian mas en los nuevos cargos remunerados.

y no sigo por que es que me da verguenza ajena.

Bilbao dijo:

Pero todo esto es pecata minuta comparado con lo que nos viene si se reinstaura la redacción previa del artículo 165 de la LOPJ con la vuelta a la superior dirección de los jueces sobre los servicios, ya que trastocaría la filosofía de la infraestructura de la Administración de Justicia que inspiró la reforma de 2003, y la jerarquía de los secretarios perdería su sentido.

No lo grave no es esto. Lo grave es que esto se produce con las cargas que hemos asumido tras 2003. Antes eramos un negro en la sombra, el juez gobernaba y yo si no queria no hacia de negro y punto.
Ahora si el juez manda, y yo he sido declarado oficialmente negro judicial, lo tengo negriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisimo.

En cuanto al ultimo interviniente.

Todos los intentos que yo he hecho por ser REPRESENTANTE del colectivo lo han sido con honestidad.

Cree la Junta de Secretarios de Las Palmas, que me valio unas informativas del TSJ, porque entonces no existian, y la mantuve hasta que hubo una compañera a la que querian incapacitar y sole pude reunir 8 firmas de 42 en su defensa. Consegui el apoyo de todos los Secretarios de Canarias menos el de la Sala de lo Contencionso para impugnar una denegacion de subvenciones a Secretarios (que yo no habia solicitado) y si a Jueces.

Intente presentar una candidatura alternativa al entonces Colegio de Secretarios, precisamente para cambiarlo desde dentro.

Finalmente cree una Asociacion de Secretarios, que sigue ahi, esperando por alguien decente que quiera presidirla. En sus Estatutos pone bien claro que los rectores de la misma no podran postularse para ningun tipo de cargo publico en la administracion. Tambien pone bien claro que no asumiran otra representatividad que la de sus asociados.

Vamos, lo mismo que vemos estos dias.

Ser representante como todo en la vida es un arma.

Si representas la decencia, la integridad y el mejorar la suerte de tus compañeros como unica consideracion, es algo que merece la pena.

Si representas los intereses de terceros para "controlarnos", y los tuyos propios antes que los del colectivo, no. Y si en lugar de decir que representas a quienes estan afiliados, te arrogas la representacion de todos, a pesar de que mas de la mitad no quieren saber nada de ti, estas faltando a la mas elemental lealtad.

En todas partes puedes encontrar alguna gente que merece la pena, pero por lo general, terminan pasandose hastiados al colectivo de "no alineados". Probablemente porque podrian representar a sus compañeros, pero no pueden representar a su organizacion.

Asi son las cosas mal que nos pese.

SAludos.

[Bilbao]

Sigo pensando que no obedece a la realidad que digamos, por ejemplo, que los secretarios que hacen funciones de representación de las Asociaciones son unos caras, aprovechados, trepas, mala gente etc, no se sostiene. Habrá de todo como en botica. Y en todos los males que se mencionan la incidencia de las Asociaciones, por desgracia, ha sido casi nula. Si coincido en que uno no puede pensar que el mundo es ideal si nombran a los míos cesando a los de enfrente, y rasgarnos las vestiduras cuando sucede lo contrario.

Yo si echo en cara a las Asociaciones que han vendido muy barata la paz social, pero el colectivo de secretarios es muy poco dado a la movilización, en esto los sindicatos nos llevan siglos. Y hay determinados momentos en los que como colectivo teníamos que haber parado la Administración, por ejemplo:

1 cuando nos prometieron subidas de sueldo en dos años, y el Ministerio al segundo nos dijo que ya no había dinero, se rieron de nosotros a la cara, eso de no cumplir lo prometido no se lo hacen a nadie.

2 por el régimen disciplinario y el caso Mariluz, algo así como que el equipo ministerial respaldado por la vice y el presidente nos violara y latigara en la vía pública, necesitaremos décadas para recuperarnos de eso.

3 por el Decreto de Puestos tipo, la mayor venta de humo de la Historia, con el anterior ministro diciendo que suponía un coste de casi 6 millones de euros, cuando la transformación NOJ no se esperaba en décadas en muchos partidos judiciales, y en la mayor parte de España nunca, y el añadido de la humillación pública de los secretarios que estaban en UPADs.

4 cuando llegó la reforma procesal que entró en vigor en 2010,con una gran ampliación de las atribuciones procesales de los secretarios, sin subida proporcional de sueldo, solo se hace al que desprecias (y el añadido de la bajada del 7% de Zapatero)

5 por un sistema en el que al secretario se atribuye una responsabilidad infinitamente mayor que la proporcional a las atribuciones efectivas que tiene, con la primera a pecho al descubierto siempre, y las atribuciones capadas por jueces, funcionarios, órganos de gobierno de éstos, sindicatos, CCAA…etc.

6 por una negociación colectiva de nuestros derechos e intereses profesionales secuestrada por los sindicatos, que son nuestros representantes ante el Ministerio, cuando todo el mundo sabe que son de nuestros peores enemigos, con el regocijo ministerial al respecto.
ETC…

PERO… no creo que la actual y futura estructura de concesiones a jueces, órganos de gobierno de éstos, sindicatos, fiscales, CCAA y todo el que pase por la puerta, a costa de los secretarios, se deba a sus Asociaciones.

[Top Secre]

Creo que Bilbao ha hecho un estupendo análisis de la trayectoria que llevamos con las Asociaciones. Se ha dedicado más a años anteriores, pero si nos ceñimos a lo que llevamos de legislatura con Gallardón esto es un suma y sigue.

Sumamos y seguimos con el desprecio y el ninguneo, agravado por la hipocresía de que hacen gala y la "supuesta" ingenuidad de las Asociaciones cuando les creen y venden como un éxito sin precedentes que se les haya concedido audiencia en el Ministerio para ser recibido por el número cuatro para comentar ciertas cositas.

Yo nunca he dudado de que dentro de las Asociaciones hay compañeros muy preocupados, concienciados,luchadores y solidarios con el Cuerpo. El problema no es ése, sino la línea que siguen los de las poltronas.

Aunque también es interesante hacer un ejercicio de "psicología inversa" y ponerse en su piel para sufrir la frustracción que tiene que suponer estar viviendo un engaño del que tienen que ser conscientes pero no admitir sus consecuencias y seguir aferrados a un imposible.

No nos engañemos, aquí no estamos hablando de dignidad, de confianza, de valía personal o de visión lúcida de la realidad. Aquí estamos hablando de poder, el que lo tiene hace y deshace como le parece y los de escalones inferiores, acólitos, colaterales y demás operadores sólo pueden mantenerse a flote y defender su trasero en nombre del cuerpo al que pertenecen.

Y como no tenemos el poder, nunca tendremos la fuerza ni la presión necesaria para destapar el velo, poner las cartas sobre la mesa y jugar sin trampas, zancadillas, guerrillas dentro de la guerra e hipocresía.

Es lo que hay.

Y reitero mi reconocimiento y respeto a compañeros de las asociaciones que creen en que es posible un mundo mejor para nosotros y luchan por ello. Yo nunca lo he visto así y admiro su optimismo y la constancia.

[Carlos Valiña]

Para Bilbao.

Buen analisis, veo que compartimos muchas cosas.

El problema es que cuando te la van a meter doblada como paso en 2003 en 2009 y siguientes, lo que tu no puedes hacer, es presentarte para salir en la foto y estar a bien con el poder para luego repartir poltronas.

Si lo haces te incorporas a lo que hoy se conoce como la "castuza" y en la gente de a pie despiertas repulsion y rechazo. Indignacion en una palabra.

A mi esta situacion me viene indignando no de ahora sino de hace veinte años y no solo en este terreno sino tambien en otros y por eso he peleado y peleo en varios frentes contra estas practicas. Ahora mismo tengo cuatro frentes activos por ejemplo.

El debate de si todo es culpa de nuestras organizaciones no es el debate central del caso. Hay una parte de las cartas que dependen de ti, y otras que no, lo que has de asegurarte es que tus cartas las juegas bien. Si se estan jugando a favor del contrario ya me diras.

Creeme, nos han vendido una y mil veces, bajo el ropaje de una defensa que no es real y nos lo seguiran haciendo muchas veces mientras no lo detengamos, exactamente igual que hacen sus hermanos mayores los politicos una y otra vez.

Mismos esquemas para mismos fines.

Podemos ver el pozo en el que estamos, pero no podemos ver como estariamos si hubieramos tenido unos representantes dignos de tal nombre. Y claro que hay elementos aislados que valen, pero mas pronto que tarde entienden como funciona el tema y desfilan.

Por tanto cuando me dices que todo no es culpa de estas organizaciones, no me estas diciendo nada, porque puede que la mayor parte si lo sea. Yo desde luego estoy convencido que nos han hecho un daño terrible y que empujando en la direccion correcta y no en la favorable a los intereses del poder, las cosas habrian sido muy de otro modo.

Es mas, estoy convencido de que parte de las pocas mejoras habidas, se han debido precisamente a que en 1999 un puñado de secretarios conseguimos poner sobre la mesa con recogidas de firmas, que seguir viviendo de la fe publica era una via muerta que conducia al desastre.

En lugar de aprovechar esa fuerza, se opto por destruirla y apoderarse del movimiento para dar cuatro pinceladas y que todo siguiera igual. Por eso estamos pagando ahora el precio que pagamos y el que nos espera.

Saludos.

[Invitado]

El que es nombrado a dedo tiene que se complaciente en todo el mandato porque en caso contrario es desnombrado a dedo.

[invitado 3]

Para mejorar el sistema de nombramiento de Secretario de Gobierno y Secretarios Coordinadores Provinciales, con la permanencia de su caracter de libre designación, entiendo se podría hacer un proceso de elección por todos los secretarios judiciales de la comunidad autónoma concreta o provincia, presentando una terna al Ministerio de Justicia con informe favorable de la Comunidad Autonoma correspondiente, en su caso. Así se evita el divorcio existente en la mayoría de los territorios entre los Secretarios Judiciales concretos y sus superiores jerárquicos, quienes no son precisamente los más capacitados y a veces resultan repulsivos a los propios secretarios judiciales, que por obligación tienen que aguantar circulares " cuasiinfantiles" o " absurdas" o "repetitivas de otras circulares dictadas por el Ministerio de Justicia".

A muchos de ellos les falta legitimidad pese a que legalmente el nombramiento sea correcto. Legitimidad que se conseguiría con el sistema de elección democrática por los secretarios judiciales si bien la última palabra la tendría el Ministerio de Justicia; un sistema parecido al que ocurre con los jueces que eligen al Decano en partidos judiciales con más de diez juzgados o cuando eligen a los integrantes de las Salas de Gobierno.

[OtroInvitado]

Con el nuevo diseño muchos decían que todo iba a estar mejor. Se hablaba de una estructura bien jerarquizada, a través de los Secretarios Coordinadores. Pero nada de eso, pues muchos de éstos, con lógicas excepciones, sólo han destacado por su afán de trepar, son inoperantes, entregados al cargo correspondiente de la Comunidad Autónoma o al SG, y usan el cargo para su beneficio o el de sus "amigos" mediante apaños en comisiones de servicios o puestecitos interesantes. No resuelvan nada, se limitan a reenviar los problemas de un lado para otro, sin inteligencia alguna y jurídicamente nulos. Podrían desaparecer y nadie les echaría de menos. Lo de su productividad es escandaloso. Claro que lo mismo podría decirse de algunos SG. Me es indiferente que mis superiores jerárquicos pertenezcan al mismo Cuerpo que yo o no, lo que si creo es que deberían ser personas competentes, honestas y con capacidad de efectuar bien su trabajo, y no lo que tenemos ahora, que hasta el cuadro de vacaciones hay que mandarlo elaborado hasta en lo mínimo para ser reenviado sin más, no sea que hasta en eso metan la pata. En algunos casos puede dudarse de la incompetencia del sujeto, pero en otros es clamoroso. Hay que eliminar la libre designación y la discrecionalidad en los nombramientos, porque en España libre designación es sinónimo de amiguismo y enchufismo. Y así va todo.

[Invitado]

Se hablaba de una estructura bien jerarquizada, a través de los Secretarios Coordinadores. Pero nada de eso, pues muchos de éstos, con lógicas excepciones, sólo han destacado por su afán de trepar, son inoperantes, entregados al cargo correspondiente de la Comunidad Autónoma o al SG, y usan el cargo para su beneficio o el de sus "amigos" mediante apaños en comisiones de servicios o puestecitos interesantes.

Comparto tu opinion. Tuve un coordinador que era como tu lo has descrito, le daba comisiones a los de su progresista asociacion y a los demas no, abria expedientes disciplinarios a otros Secretarios, adoptaba unilateralmente medidas de seguimiento al Secretario que le parecia.

Su unica legitimacion era la ser amigo del SG que le habia dado una poltrona, un sueldazoy la Primera Categoria por la cara.

[yanosoyanonima]

Bilbao, cuánta razón.

De todas maneras, y en cuanto a los resultados perversos de la libre designación y otras componendas, no es sólo nuestro Cuerpo el que los sufre. Basta observar el panorama del CGPJ, por ejemplo. Las puñaladas traperas, las zancadillas y los empujones son los mismos. El mérito para ocupar cada distinguido cargo: "ser amigo de" y/o "afín políticamente".

Mientras estos cargos de mayor responsabilidad no se obtengan por concurso de méritos y gocen de absoluta independencia en su ejercicio, serán los intereses particulares y partidistas (en la gran mayoría de los casos) los que determinen el camino a seguir. Y aquí, la masa, a callar y a asimilar.

[Carlos Valiña]

En España un concurso de méritos es una sinvergonzonería vestida de honradez.

En España unas elecciones internas son otra sinvergonzonería vestida de honradez.

Además ambos impiden que se elija a los mejores, pues lo mejores ni participan en reunir méritos ficticios para trepar, ni se dedican a lamer c... ni hacer favores o postularse en las organizaciones del ramo para asi ser "designados" candidatos.

Se conseguiria precisamente lo contrario una seleccion natural negativa e incrementar el porcentaje de incompetentes e indeseables.

De todos los sistemas que he visto en España, quiza el menos malo seria el que usaba antes la Sala Primera del TS a diferencia de la Sala Penal.

En la Sala Penal los magistrados pedían ir, (de hecho su prestigio era menor), pero en la Sala Civil, los Magistrados que se pasaban año resolviendo recursos contra Sentencias de otros Magistrados de toda España, cuando habia una vacante, llamaban a uno que sabían que era bueno, para que se fuera para alla.

La solución menos mala, (porque ahora mismo los que estan han sido elegidos por sistemas que no siempre garantizan la mejor eleccion) sería que fueran los propios Secretarios de Gobierno y los propios coordinadores en cada Comunidad Autonoma, quienes eligieran a sus nuevos compañeros, si bien yo introduciria la regla de la unanimidad para hacer mas dificil, que trepas de toda laya pudieran llegar a estos cargos, pues bastaria que hubiera uno decente, y a esto si llegamos incluso con los actuales sistemas, para evitar si no en todo, si en parte, la incorporacion de gente que no deberia estar ahi.

Saludos

[Invitado]

¿hay alguna manera de saber quién es la alhaja ésta sin descubrirse el que lo deice? es que eso de abrir expedientes a secretarios con facilidad, me pone mala.

[invitado 2]

la secretaria de gobierno en extremadura tiene una tendencia al expediente a los secretarios que resulta enfermiza. por eso no tiene equipo

[Invitado]

Y la joyita ¿de qué asociación es? ¿Qué motivos imputa para abrir expedientes?