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AVE.- La fiscal sostiene que el ex ministro García Valverde adjudicó con "motivos espurios" los contratos de obras

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La fiscal Anticorrupción Teresa Gálvez pidió hoy al tribunal que condene a 6 años de cárcel al ex ministro socialista y ex presidente de RENFE Julián García Valverde y al ex director de Compras y Mantenimiento de RENFE Leopoldo Iglesias por el "caso AVE", al considerar acreditado que adjudicaron con "motivos espurios" los contratos de las obras del Tren de Alta Velocidad Madrid-Sevilla a aquellas empresas que previamente habían pagado comisiones ilícitas a los responsables de la Secretaría de Finanzas y Administración del PSOE.

Ante la Sección Decimoséptima de la Audiencia Providencial de Madrid, la fiscal argumentó sus acusaciones formuladas contra Valverde e Iglesias, un día después de que sus abogados solicitaran su libre absolución por entenderlas "sorpresivas" e "inconcretas". La Fiscalía solicita al tribunal que Valverde e Iglesias paguen, asimismo, 9,6 millones de euros por un delito de cohecho continuado.

La fiscal consideró probado a lo largo de la instrucción y el juicio celebrado que los acusados "aportaban información a las compañías adjudicatarias para presentar la mejor oferta" que sería evaluada por los departamentos técnicos de RENFE. De esta manera, explicó que "Leopoldo y Valverde entregaban a estas empresas documentos --algunos de ellos exhibidos a la Sala-- con los rangos de cada valor de las puntuaciones y ponderaciones para superar sin dificultades el multicriterio".

Además, Gálvez señaló que Leopoldo Iglesias desempeñó "una función esencial en la trama de corrupción", interviniendo en todos los procesos de negociación, redacción y elevación de las propuestas de adjudicación al Consejo de Administración de RENFE. De esta manera, todas las negociaciones de los contratos sobre los acuerdos de comisiones "fueron llevados a cabo por Iglesias, bajo el conocimiento y la supervisión de Valverde".

COMISIONES

Asimismo, la fiscal aludió a una carta de Leopoldo Iglesias sobre los acuerdos de comisionistas dirigida a los también imputados Carlos Mangana y Sotero Jiménez, que entonces eran miembros del comité electoral del PSOE y fundadores de GMP Consultores, donde queda acreditado que la compañía SEL Señalización aceptaba pagar comisiones ilícitas, tal y como había negociado Siemens con Mangana y Jiménez, para obtener en exclusiva el contrato de enclavamientos electrónicos.

Gálvez también se refirió a la ayuda de Leopoldo Iglesias y Julián García Valverde en el proceso de negociación de la oferta presentada por el Consorcio Hispano Alemán referidas a las instalaciones de señalización, seguridad y comunicación. En esta línea, relató que los acusados les indicaron "una serie de modificaciones que influyeron de forma fundamental en la evaluación final de la última oferta del Consorcio en junio de 1989".